QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la formación de una comisión interministerial, presidida por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, cuyo objetivo es impulsar y coordinar el plan anticorrupción iniciado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, tras el escándalo implicando a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, ha comunicado en una conferencia de prensa posterior al Consejo que la comisión interministerial presidida por Montero «servirá para la coordinación política y técnica entre todos los ministerios» de las medidas contra la corrupción anunciadas por Sánchez en el Congreso, además de supervisar «las actuaciones de los distintos departamentos, así como para impulsar la elaboración de propuestas». Dentro de esta comisión estarán presentes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, entre otros.
UNA AGENCIA PARA PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN
El Gobierno, en una expansión del Consejo de Ministros, ha explicado que el plan estatal contra la corrupción busca «establecer una hoja de ruta clara que permita seguir avanzando hacia una Administración más íntegra y transparente». Este plan se divide en cinco ejes y contempla quince medidas, como la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que «tendrá facultades para iniciar investigaciones, supervisar el cumplimiento de normativas clave y articular mecanismos de protección para informantes».
Además, se pretende «extender la metodología de prevención del fraude aplicada en la adjudicación» de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y fortalecer la Ley de Administración Abierta para fomentar «un sistema de participación ciudadana en la prevención de la corrupción». El plan también incluye medidas para aumentar la transparencia en la financiación y actividad de los partidos políticos, así como la obligación de realizar auditorías externas e independientes para partidos y sus fundaciones «con financiación pública superior a 50.000 euros, así como la reducción del umbral de publicación de donaciones individualizadas de 25.000 euros a 2.500 euros», en «el plazo de publicación a un mes desde su recepción».
