QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de ley de información clasificada en el que se establece un límite de 45 años para desclasificar automáticamente documentos de alto secreto, por lo que se podría hacer pública información sobre el intento de golpe de Estado del 23-F si la norma se aprueba a finales de este año, «salvo que afectara a la seguridad nacional y la defensa».
Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que esta nueva ley viene a sustituir a la norma de secretos oficiales del franquismo, que se aprobó en 1968, y ahora se remitirá al Congreso para que inicie el trámite parlamentario.
Según ha explicado el ministro, además del límite de los 45 años para desclasificar información calificada como alto secreto, también habrá la posibilidad de una prórroga de 15 años más y será el Consejo de Ministros el órgano que tendrá que decidir sobre este asunto.
En el caso de la documentación de secreto, el límite para hacerla pública será de 35 años con prórroga de 10 años más. Para la documentación clasificada como confidencial tendrá que estar desclasificada en un plazo entre 7 y 9 años, sin posibilidad de prórroga, y para la información restringida será un plazo entre 4 y 5 años, sin posibilidad de prórroga.
SE SUPERA UNA «RÉMORA» DE LA LEGISLACIÓN
Con independencia de estos plazos, la información clasificada será revisada periódicamente para comprobar si sigue afectando a la defensa o a la seguridad nacional, y en el caso de que no afecte se podrá desclasificar cualquiera que sea el momento en el que se produzca dentro del plazo.
«Esto se puede hacer de oficio y también a petición de algún ciudadano que tenga interés personal o interés profesional», ha señalado Bolaños, quien ha indicado que con esta ley superan «una rémora» de la legislación española, dado que están con «una ley preconstitucional que proviene de la dictadura de 1968» y se ponen «en estándares europeos».
Y es que el ministro ha defendido que algunos países, como Francia, Dinamarca o Suecia, tienen plazos más extensos para la desclasificación que los previstos en esta ley.
«ENTRARÍA EL 23-F»
Bolaños ha detallado que la nueva ley de información clasificada entrará en vigor «justo un año después» de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En este contexto, el ministro ha interpelado veladamente a los socios de Gobierno para que apoyen esta norma y ha señalado que si la tramitación parlamentaria fuera «rápida» la ley podría estar en el BOE en el último trimestre de este año.
«Si fuera así, estoy hablando de una hipótesis, lógicamente los apoyos parlamentarios hay que trabajarlos y hay que conseguirlos, pero entraría en vigor en el último trimestre de 2026. Es decir, incluiría el año 1981 y anteriores, por lo que entraría el año del 23-F», ha añadido Bolaños.
Eso sí, ha insistido en que esa información se desclasificaría automáticamente «salvo que algo afectara a la seguridad nacional y la defensa». También se levantaría el secreto de los años anteriores y de la dictadura, recordando que «siempre y cuando no se valore que haya alguna causa superior de seguridad nacional o de defensa que hace recomendable que siga clasificado algún documento».
En ese caso, además de hacerlo de oficio, lo pueden pedir personas que tengan interés profesional o personal y, si hay algún tipo de discrepancia entre el solicitante y la administración, será la sala tercera de los contencioso administrativos del Supremo quien tome la decisión definitiva, tal y como ha detallado Bolaños.
PODRÍA AFECTAR AL REY JUAN CARLOS
El ministro también se ha referido a la petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para que se desclasifiquen todos los documentos de la dictadura relativos a la Iglesia Católica y al rey emérito Juan Carlos I.
Al respecto, Bolaños ha insistido en que la ley recoge que toda la documentación clasificada con más de 45 años de antigüedad será desclasificada de manera automática, salvo que afecte a la seguridad nacional o a la Defensa.
CON UN RÉGIMEN SANCIONADOR
Del mismo modo, la norma introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con sanciones que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves.
«Con esta vía se crea un régimen más proporcional que el anterior, que únicamente contemplaba la vía penal con elevadas penas de prisión», sostiene el Ministerio dirigido por Bolaños.
De hecho, Bolaños ha defendido que la seguridad nacional y la defensa «no son ninguna broma»: «Está más que justificado y es más que proporcionado».
CREA UN ORGANISMO Y JUSTIFICA QUE LO CONTROLE PRESIDENCIA
Bolaños también ha explicado que este proyecto de ley regula los órganos con competencias en la materia, entre los que se encuentra la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
No obstante, el ministro ha explicado que la ministra de Defensa ejercerá la funciones de esta autoridad en lo relativo a las relaciones de intercambio y de protección de información clasificada que tengan que ver con la OTAN.
En cualquier caso, Bolaños ha justificado que este órgano dependa de su Ministerio y no del CNI, alegando que el departamento de Presidencia es algo «transversal» que puede establecer criterios que «sean homogéneos y comunes» para el resto de Ministerios, aunque ha recordado que todavía queda la tramitación parlamentaria de la ley para ver cómo se va a desarrollar esta Autoridad.
