QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Vox ha presentado este domingo su programa económico y de vivienda, en el que propone derogar tres leyes por cada una que se apruebe para reducir al máximo el gasto público y que los inmigrantes ilegales no puedan alquilar casas, anteponiendo a los españoles en los arrendamientos, entre otras medidas.
El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, y el portavoz de Vivienda en la Cámara Baja, Carlos Hernández Quero, han defendido en un acto celebrado en el auditorio de Mutua Madrileña la pertenencia de las medidas ante la «devastación» de la situación económica de España. «Un campo yermo, dificultades para comprar una casa o formar una familia», han señalado.
El documento, recogido por Europa Press, incluye medidas que los de Santiago Abascal ya han incorporado en sus programas anteriores, pero ahora renueva o complementa. La principal novedad es lo que han dado en llamar hexágono de la prosperidad, que consiste en los seis campos que requieren atención para estimular la economía española.
Se trata de la reducción normativa, la eficiencia de la Administración pública y la integración de la Inteligencia Artificial en la misma; una rebaja «drástica y masiva» de impuestos; la reducción «radical» de los gastos de la Administración pública; la reindustrialización «radical» de la economía española, una revolución de la política energética y una defensa del sector agrícola como pilar estratégico; fronteras seguras; y la vivienda.
La vivienda goza «de una especial atención», según Vox, porque «fue uno de los pilares del bienestar español y de la expansión de las clases medias». «Hoy todos los indicadores de precariedad en el empleo, falta de vertebración territorial, desplome de la producción industrial, fiscalidad salvaje, imposibilidad de ahorro, entre otras, culminan en la dificultad de acceso a la vivienda a los españoles», justifican en el texto.
El documento parte de la base de que los españoles son «cada vez más pobres», lo que achaca al Pacto Verde europeo, a la deslocalización de la producción, a la competencia desleal de terceros países, la alta fiscalidad y la inmigración. Una vez diagnosticados los problemas, pasa a enumerar las propuestas.
Para paliar la «pírrica» oferta de vivienda, Vox apunta a la ampliación de suelo disponible, la simplificación administrativa, el aligeramiento de burocracia, trabas y trámites, la reducción «drástica» de los impuestos que cobra el Estado desde que se adquiere un terreno hasta la finalización de la construcción, la derogación de todas las medidas intervencionistas en el mercado de alquileres y política «de mano dura» con la okupación y la inquiocupación.
Asimismo, plantea «inundar» España de bloques de vivienda protegida para las familias españolas mediante diversas fórmulas de colaboración público-privada, como las cesiones de suelo, subvenciones, descuentos, avales a financiación y créditos blandos.
Vox también defiende que «ante una vivienda, el español siempre primero», por lo que para el acceso a vivienda social y protegida reclama situar el arraigo y el acumulado histórico de años de la familia en España como principales criterios de asignación de viviendas. Para el alquiler, propone prohibir el arrendamiento a inmigrantes ilegales y perseguir el empadronamiento fraudulento de los mismos, mientras que para la compra aboga por atajar la adquisición «masiva» de vivienda por capital extranjero estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios.
«La recaudación resultante se destinará a bonificaciones y exenciones fiscales para la compra de vivienda por parte de españoles y a la construcción de vivienda protegida», explican los de Santiago Abascal en su programa.
Por otra parte, es partidario de conformar una fiscalidad «para que los españoles vuelvan a ser propietarios» con medidas como el fin del IVA en la compra de primera vivienda; la recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual; y la reducción al mínimo posible del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, entre otras.
UNA ÚNICA BASE DE DATOS NACIONAL
Para la reducción normativa, la eficiencia de la Administración pública y la integración de la Inteligencia Artificial en la misma, los de Santiago Abascal proponen derogar tres leyes por cada una que se apruebe; poner en marcha medidas que reduzcan la burocracia y eliminan «duplicidades e ineficiencias de la Administración»; e implementar una única base de datos nacional para que los ciudadanos tengan el derecho «de no aportar ninguna información que ya obre en poder de la Administración».
Además, sugieren que el silencio administrativo positivo y la declaración responsable pasen a ser la norma en todas las relaciones entre la Administración y los ciudadanos y un impulso de la Inteligencia Artificial generativa para agilizar y simplificar la Administración.
Respecto a la rebaja «drástica y masiva» de impuestos, Vox plantea revertir la subida del impuesto sobre el valor añadido introducida en 2012 pasando de nuevo el tipo reducido al 8% y el tipo general al 18%, una medida con un coste aproximado de 14.000 millones de euros; reducir el impuesto de sociedades, que pasará del 25% actual a un tipo del 15%, con un coste aproximado de 10.000 millones de euros y eliminar la cuota de autónomos para quienes ingresen menos que el Salario Mínimo (SMI), entre otras medidas.
Para la reducción «radical» de los gastos de la Administración pública, los de Abascal formulan «iniciar el proceso de capitalización de un fondo de pensión público con criterios de rentabilidad privada», es decir, «caminar la senda para reconvertir el sistema de reparto en un sistema mixto siguiendo una línea similar a la de Suecia». También, eximir del pago de impuestos todo el ahorro personal orientado a la jubilación, sin límite cuantitativo y condicionado a su cobro tras jubilarse
Asimismo, piden elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde cero para que sus principios rectores sean la reducción del gasto, la reducción del déficit y la «necesaria correlación entre ingresos y gastos»; suprimir todas las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales; reducir de forma drástica el número de altos cargos, personal de designación política o cargos de confianza; y eliminar la financiación pública de todos los organismos ideológicos, observatorios, agencias de cooperación, etc.
Para el punto cuatro, la reindustrialización «radical» de la economía española, una revolución de la política energética y una defensa del sector agrícola como pilar estratégico, Vox sugiere retirar la adhesión de España a los acuerdos de París, al Pacto Verde europeo y promover la desvinculación de las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP).
También mencionan un plan nuclear nacional y un plan nacional de soberanía estratégica que permita a los españoles explotar todos sus recursos naturales: combustibles fósiles, uranio y tierras raras, entre otras.
AUDITAR LAS CONCESIONES DE NACIONALIDAD
Para la quinta punta del hexágono, la referida a la lucha contra la inmigración ilegal, Vox propone deportaciones masivas para inmigrantes ilegales, aquellos legales que cometan delitos graves y de los que decidan no integrarse; y revertir todas las regularizaciones de inmigrantes ilegales y auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años.
Además, reclaman suprimir toda ayuda y beneficio social, así como el acceso a cualquier servicio público, a los inmigrantes ilegales que hayan accedido a España vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen; y condicionar la prestación de servicios públicos a los inmigrantes legales en función de sus años de cotización.
