QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este jueves, Podemos junto con el sector predominante de Compromís, han manifestado su rechazo al acuerdo del Gobierno sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública propuestos para las administraciones. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha anunciado que sus diputados se abstendrán, mientras que Àgueda Micó, parlamentaria de Compromís, ha sugerido la posibilidad de votar en contra de la medida.
En una reciente rueda de prensa sobre el techo de gasto, Belarra ha criticado al Gobierno por no adoptar una postura más proactiva en lo social y ha cuestionado que los indicadores macroeconómicos reflejen una mejora real en la calidad de vida de las familias en España. Adicionalmente, ha denunciado un incremento en el gasto militar impulsado por “orden” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la OTAN.
Belarra ha expresado su escepticismo sobre posibles cambios que satisfagan las demandas de Podemos, como la inversión en vivienda o la reducción de alquileres, antes de la votación del jueves. Ha señalado que, a su juicio, el Gobierno ya ha decidido su rumbo y ha establecido sus prioridades para la legislatura, ignorando las propuestas de su partido.
Además, Belarra ha revelado que el Gobierno había informado a Podemos sobre la senda de déficit aprobada previamente en el Consejo de Ministros, lo que a su parecer, demuestra falta de interés en negociar tanto el techo de gasto como los Presupuestos Generales del Estado para 2026. “Cuando realmente se quiere avanzar en algo y yo he sido ministra del Gobierno, se negocia con discreción y con los grupos durante mucho tiempo”, ha comentado Belarra criticando la actitud del PSOE que, según ella, utiliza estas medidas más como herramienta de campaña electoral que como políticas efectivas.
Por otro lado, Micó ha criticado la propuesta gubernamental argumentando que las comunidades autónomas requieren de “objetivos de déficit asimétricos que consideren sus problemas financieros”. Ha propuesto un déficit de 0,8% para comunidades como Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, y un 0,4% para las demás, buscando asegurar la adecuada gestión de los servicios básicos. Ha indicado que su apoyo dependerá de los cambios que el Gobierno esté dispuesto a hacer antes de la votación, especialmente por parte del Ministerio de Hacienda y de la ministra María Jesús Montero.
