QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Pablo Fernández, coportavoz de Podemos, ha atribuido este lunes la dimisión de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, después de ser sancionado con dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, al ‘lawfare y golpismo judicial’ en lo que describe como un ‘Estado podrido’. Ante esta situación, Fernández ha urgido a una reforma integral del Poder Judicial para evitar tales incidentes.
En su habitual comparecencia de prensa de los lunes, Fernández ha denunciado que existe un ‘golpismo judicial de la derecha atrincherada en ciertas esferas de poder’. El Alto Tribunal, según Fernández, ‘ha intensificado su actitud subversiva’, un hecho que ‘llevan tiempo advirtiendo y que cada vez es más palpable’.
Fernández ha explicado que fenómenos como ‘la rebelión’ contra leyes aprobadas que no son de su agrado, o ‘la persecución y represión’ de activistas de izquierdas, sindicalistas, antifascistas y ecologistas, son parte de lo mismo y están orquestados por ‘los mismos, esos jueces golpistas’. ‘Mientras esto continúe, la realidad es que seguiremos en un Estado podrido’, ha afirmado.
REFORMA ‘DE ARRIBA A ABAJO’
El portavoz ha mencionado que hay ‘reminiscencias franquistas bastante evidentes en su poder judicial’ y ha pedido una reforma inmediata ‘de arriba abajo’ del Poder Judicial, que incluya cambios en la Ley Orgánica que lo regula, el sistema de acceso a la carrera judicial, el procedimiento de aforamientos y el establecimiento de ‘más y mejores controles democráticos para la acción de la justicia’.
Finalmente, Fernández ha criticado al PSOE por ‘no actuar, incluso cuando ya están directamente afectados’ y por ‘blanquear a los jueces golpistas y normalizar su impunidad al pactar el Consejo General del Poder Judicial con el PP’. Según él, si no se actúa con determinación legislativa pronto, ‘los únicos votos que contarán no serán los de las urnas, sino los emitidos por el juez Marchena y sus aliados golpistas’.
