QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Podemos reclama al Gobierno que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que suspenda la venta de pisos a fondos de inversión hasta que se garantice que no afectan a inquilinos en situación de vulnerabilidad y desplegar una auditoría independiente sobre su gestión de contratos de arrendamiento.
Así lo trasladado la formación morada en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Congreso y en la que demanda a la entidad paralizar de forma inmediata los procedimientos de desahucio que afecta a familias del edificio Vistaverde de Aguadulce, en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.
Podemos alude en la exposición de motivos de su iniciativa el caso de 53 familias que padecen una «amenaza de desahucio» que residen en estas viviendas gestionadas por la Sareb cuando llevan una década habitando legalmente este edificio, inicialmente adjudicado a una promotora quebrada y luego absorbido el denominado ‘banco malo’.
El partido sostiene que se enfrentan a órdenes de «desalojo sin previo aviso» tras la venta del inmueble a un fondo de inversión, pese a haber mantenido sus viviendas «en condiciones dignas, pagando suministros y realizando mejoras sin ayudas públicas».
De esta forma, la iniciativa de Podemos demanda al Ejecutivo que garantice la «permanencia» en sus hogares de las familias afectadas por procesos de desahucio iniciados por la Sareb, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, mediante la regularización de sus contratos de arrendamiento.
También insta a anular cualquier venta de activos residenciales a entidades especulativas y una auditoría independiente sobre las operaciones de la Sareb desde su creación, con especial atención a las ventas de viviendas habitadas y la gestión de contratos de arrendamiento.
Por otro lado, demanda que el Ejecutivo establezca mecanismos de transparencia y participación para los inquilinos de viviendas gestionadas por la Sareb, asegurando «su derecho a ser informados y consultados en procesos que afecten a su vivienda».
Junto a ello, demanda una reforma del marco legal de la Sareb «para reforzar su función social», priorizando el uso de sus activos para alquiler social y asequible, y «prohibiendo la venta de viviendas habitadas sin ofrecer alternativas habitacionales dignas».
Además, solicita la creación de un registro público de viviendas gestionadas por la Sareb, detallando su estado, ocupación y planes de gestión para facilitar la supervisión ciudadana y parlamentaria.
La formación morada ha registrado también una batería de preguntas parlamentarias para requerir información sobre los criterios de venta de pisos de la Sareb y esclarecer si existen «más situaciones de desahucios como la de las familias almerienses».
