El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha comunicado este lunes que la agrupación ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Israel Katz, y otros altos mandos militares, acusándolos del arresto ilegal de activistas de la Global Sumud Flotilla (GSF).
En una conferencia de prensa en la central del partido, Fernández ha detallado que la acusación incluye presunta detención ilegal, actos de piratería y posibles crímenes de guerra y contra la comunidad internacional. Adicionalmente, Podemos ha solicitado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que extienda su investigación sobre genocidio en Gaza a Netanyahu y otros líderes y mandos militares israelíes, relacionada con el asalto a los activistas de la flotilla.
Fernández ha relatado que varias naves de la flotilla, que ondeaban la bandera española, fueron abordadas en aguas internacionales por las fuerzas armadas israelíes, utilizando una fuerza desproporcionada, lo cual considera un «ataque militar contra objetivos civiles». «Fue un secuestro absolutamente ilegal de los tripulantes de la flotilla», enfatizó Fernández, instando al Gobierno español a tomar medidas similares y reclamando la suspensión de todo vínculo con el «Estado terrorista de Israel».
El político de Podemos ha exigido una respuesta del Gobierno y la comunidad internacional frente a lo que ha descrito como «terrorismo de Estado» por parte de Israel. Además, en su escrito de denuncia, al que tuvo acceso Europa Press, el partido pide investigar al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, Eyal Zamir, y al comandante de la Marina hebrea, David Saar Salama, entre otros. También solicita que se tomen declaraciones a los activistas detenidos como testigos.
Podemos ha subrayado que el propósito de la flotilla era estrictamente pacífico y humanitario, y ha denunciado que su interceptación y abordaje violento por parte de las fuerzas navales de Israel no contó con advertencias previas ni autorización internacional, quebrantando gravemente el principio de libertad de navegación, un pilar del derecho internacional. La denuncia también incluye que la Fiscalía General del Estado ha autorizado investigar las acciones del Ejército de Israel en Gaza por presunta comisión de genocidio.
Por su parte, Lara Hernández, coordinadora general de Sumar, en otra rueda de prensa, ha denunciado que el trato dado a los activistas por Israel constituye tortura, describiendo prácticas como la privación de sueño y alimento, la falta de servicios de traducción y asistencia consular, y la denegación de asistencia médica, calificando a Israel de Estado «genocida» y «fascista».