QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El próximo martes, el PP presentará en el Congreso una proposición no de ley con el objetivo de que la Cámara Baja certifique, alineándose con las autoridades europeas, que la reciente Ley de Amnistía a los implicados en el proceso independentista de 2017 no se adoptó por motivos de ‘convivencia o reconciliación’. Según el partido, esta medida fue un ‘trueque o contraprestación política’ para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
La proposición, que se debatirá en la Comisión Constitucional, subraya que la ley se promovió como parte de un acuerdo con Junts después de las elecciones del 23 de julio de 2023, cuyos votos eran cruciales para la investidura de Sánchez. Desde Bruselas, se ha advertido que la ley no atiende a un interés general y que su proceso de tramitación urgente, sin consultas públicas ni informes independientes, podría vulnerar principios del Estado de Derecho como la separación de poderes y la independencia judicial.
El texto también menciona declaraciones de figuras de Junts, como el diputado Josep Pagés, quien aseguró que ‘la redacción actual de la ley de amnistía se tiene que imputar a Junts per Catalunya’: ‘Somos los responsables de que la redacción sea la que es’, afirmó. Jordi Turull, secretario general de Junts, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, también han reconocido su participación en la redacción de la ley, describiéndola como ‘moneda de cambio esencial’ para la investidura de Sánchez.
Además, la iniciativa recuerda que, previamente, líderes socialistas habían expresado su rechazo a la amnistía. El presidente Sánchez declaró en 2022 que ‘no entra en la legislación ni en la Constitución española’, y Carmen Calvo sostuvo en 2019 que estaba ‘absolutamente prohibida en nuestra Constitución y en todas las democracias’. La proposición del PP concluye pidiendo que el Congreso reconozca que la motivación detrás de la ley fue obtener el apoyo de ciertos partidos políticos para la investidura de Sánchez.
