Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha declarado este martes que el ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez está impulsando con urgencia la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga las investigaciones penales a los fiscales, porque “necesita controlar la Justicia”. Muñoz ha cuestionado también que el Gobierno no haya buscado un acuerdo con el PP, el principal partido de la oposición, ante una reforma tan «profunda».
“Es completamente inviable una modificación tan radical del proceso penal en nuestro país sin desvincular al Gobierno de la Fiscalía General del Estado. Y proceder con tanta prisa, sin incluir al principal partido de España, nos hace pensar que su objetivo es también tomar el control de la justicia”, ha expresado Muñoz.
Esta declaración surge tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que representa la reforma más significativa del proceso penal en España hasta la fecha, con el traspaso de la instrucción de jueces a fiscales, según confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia a Europa Press.
En una conferencia de prensa en el Congreso, después de la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha criticado al Gobierno por proponer esta reforma en un momento en que España está “completamente bloqueada” y carece de una “mayoría parlamentaria”. «¡No hay mejor momento, según el Gobierno de España, para darle la instrucción a la Fiscalía! Un momento en que no cuenta con mayoría parlamentaria, un momento en el que los socios le van abandonando y le votan que ‘no’ a la mayoría de leyes», ha señalado.
Además, la portavoz del PP ha enfatizado que el «momento elegido» por el Gobierno coincide con la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien declarará el próximo 12 de noviembre por un presunto delito de revelación de secretos).
Muñoz también ha reprobado que el PSOE no haya “intentado entenderse” con el PP ante una reforma penal «profunda», argumentando que una ley de esta magnitud “requiere ser trabajada con cautela” para que “perdure”. «Pues no, el Gobierno quiere hacerlo deprisa y corriendo, claro, probablemente porque necesita controlar la Justicia», concluyó.