El PP exige que Bolaños aclare en las cámaras legislativas el apoyo al fiscal general

El Partido Popular ha requerido la presencia de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el Congreso y el Senado para que explique por qué el Gobierno continúa apoyando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo aprobara su procesamiento en una investigación sobre un presunto delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Desde el grupo parlamentario liderado por Ester Muñoz, se ha pedido a Francina Armengol, presidenta del Congreso, la realización de una Diputación Permanente para considerar la convocatoria de un Pleno extraordinario que incluya la comparecencia de Bolaños. El PP argumenta que es ‘una auténtica vergüenza’ mantener en su puesto a un fiscal general que podría enfrentarse a un juicio.

De manera similar, el PP en el Senado ha solicitado que Bolaños comparezca ante la Comisión de Justicia para clarificar la posición del Gobierno.

BATERÍA DE PREGUNTAS

Los senadores del PP han presentado 18 preguntas, informa Europa Press, que cuestionan la permanencia de García Ortiz, el supuesto borrado de datos de su móvil, el ‘daño reputacional’ a la Fiscalía debido a su situación legal, futuras acciones o las razones del Ejecutivo para no solicitar su destitución.

Además, inquieren a Bolaños sobre la posibilidad de pedir la suspensión cautelar de García Ortiz si se inicia un juicio oral, si la Presidencia estaba informada de la ‘presunta revelación de secretos’, y si considera ‘compatible con el principio de imparcialidad ser parte acusadora y acusada en el mismo acto’.

‘¿Considera el ministro que vale todo para destruir a un rival político?’, ‘¿Cómo se garantizará la imparcialidad del fiscal asignado a esta causa si García Ortiz no renuncia?’, y otras preguntas similares fueron planteadas por el grupo parlamentario. Finalmente, cuestionan si es ‘decente y acorde a un Estado democrático la imagen de un fiscal procesado en la apertura del año judicial presidido por el Rey’, y si el Gobierno sigue pensando que se debe pedir disculpas a García Ortiz.