QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular (PP) ha solicitado al Congreso de los Diputados que impida cualquier futura designación o ascenso de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, a cualquier cargo importante dentro del ámbito gubernamental o en entidades del sector público estatal, tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, lo que, según ellos, lo inhabilita para ocupar responsabilidades públicas.
Esta petición forma parte de una moción presentada tras una interpelación realizada el pasado miércoles a Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, durante la sesión de control al Gobierno. La discusión de esta propuesta está programada para el 9 de diciembre en el Pleno del Congreso.
En el documento, el PP critica duramente la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusan de cruzar ‘todas las líneas rojas’ en su trato con el fiscal general, a quien habrían utilizado como ‘punta de lanza de su guerra sucia contra la oposición’. Esta situación culminó con la condena del Tribunal Supremo, que inhabilitó a García Ortiz por dos años para el cargo de fiscal general del Estado por revelar secretos a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El PP también insta al Ejecutivo a no influir en la candidata propuesta para la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, pidiendo que se respete su autonomía e imparcialidad y se evite repetir los errores cometidos con su predecesor.
Además, el partido de Alberto Núñez Feijóo exige al Gobierno abstenerse de organizar actos que pongan en duda la independencia del Tribunal Supremo y del sistema judicial en general. Critican que el Gobierno haya utilizado medios públicos para atacar al Poder Judicial, y demandan que el funcionamiento de RTVE se ajuste a las normativas europeas que prohíben el uso de medios públicos para ataques gubernamentales.
Por otro lado, Vox también ha presentado una moción en la que pide al Gobierno no proponer a Teresa Peramato como fiscal del Estado, además de exigir cambios legislativos que aseguren la neutralidad e independencia de las instituciones estatales, y llama a elecciones generales debido al ‘deterioro’ institucional.
