QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PP ha registrado una iniciativa para que el Pleno del Congreso se pronuncie sobre los casos de acoso sexual destapados en el PSOE, reclamando una condena expresa y la asunción de responsabilidades, así como «tolerancia cero» ante lo que el partido califica de «intentos de ocultación y minimización de las situaciones de acoso denunciados en el seno de la Presidencia del Gobierno», en referencia al caso del exmilitante y exasesor socialista Paco Salazar, que presentó su dimisión tras varias denuncias de acoso sexual formuladas por trabajadoras de Moncloa.
Esta moción, que deriva de la interpelación urgente debatida este miércoles en la Cámara Baja, se discutirá en febrero, una vez se reanude el periodo ordinario de plenos.
Según el texto difundido por Europa Press, el PP exige al Ejecutivo que asuma de forma inmediata las responsabilidades políticas «por dichos actos», que condene con claridad cualquier conducta de acoso, abuso o trato vejatorio contra las mujeres» y que impulse una política de «tolerancia cero y búsqueda de la verdad ante cualquier comportamiento incompatible con la igualdad y la dignidad de las mujeres».
Los populares relacionan directamente la moción con Salazar y con la gestión que el PSOE hizo del caso, al aludir a los «presuntos casos de acoso sexual y episodios de conductas impropias contra mujeres en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno» y a la existencia de «maniobras internas destinadas a silenciar a las víctimas, minimizar los hechos y evitar cualquier responsabilidad política».
RESPETO A LA SENTENCIA CONTRA GARCÍA ORTIZ
La propuesta también reclama que el Gobierno acate la sentencia condenatoria contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que adopte sin demora las medidas necesarias para asegurar «la plena independencia del Ministerio Fiscal, su autonomía operativa y su neutralidad, en línea con los estándares europeos de integridad y separación de poderes».
Asimismo, la moción demanda que se garanticen los principios de mérito, capacidad, profesionalidad e independencia en todos los nombramientos, «especialmente en los cargos responsables de las unidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», con el objetivo de preservar «su plena autonomía frente a cualquier injerencia política».
PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN
En paralelo, el PP insta al Ejecutivo a aplicar de forma íntegra y comprobable las recomendaciones pendientes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en materia de prevención de la corrupción, conflictos de interés y control del poder ejecutivo.
La iniciativa contempla también reforzar la protección real de quienes denuncian casos de corrupción, asegurando el correcto ejercicio de las funciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, «su dotación suficiente de medios y la ejemplaridad del propio Gobierno en la protección de los denunciantes».
Además, el Partido Popular reclama que el Ejecutivo respete «escrupulosamente la separación de poderes», poniendo fin de inmediato a cualquier actuación o declaración que busque desacreditar a jueces, fiscales, Fuerzas de Seguridad o medios de comunicación.
«CRECIENTE PERCEPCIÓN SOCIAL DE IMPUNIDAD»
En la exposición de motivos, el PP sostiene que España ha sufrido un «progresivo deterioro» de sus estándares de integridad pública, unido a una «creciente percepción social de impunidad, politización de las instituciones y utilización partidista de los órganos del Estado».
El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional sitúa a España en el puesto 46 de 180 países, tras perder cuatro puntos y retroceder diez posiciones en un solo año.
Para los populares, la suma de distintos episodios, entre los que menciona el caso Koldo, el de Leire Díez y las investigaciones judiciales sobre la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, «configura un patrón continuado de hechos que debilitan la democracia, con impacto directo en la reputación internacional de España, la seguridad jurídica, la calidad del debate público y la credibilidad de las instituciones».
El PP reprocha además al Ejecutivo que haya respondido con «ataques a jueces, medios de comunicación, funcionarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugar de reforzar la transparencia y la colaboración institucional».
