Este martes, el PP defenderá en la Comisión Constitucional del Congreso una proposición no de ley (PNL) para que se reconozca que la Ley de Amnistía relacionada con el proceso independentista de 2017 no fue aprobada por motivos de ‘convivencia o reconciliación’, tal como sostuvieron sus promotores, sino como ‘trueque o contraprestación política’ para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El debate se reactiva con la anticipación de que el Tribunal Constitucional aborde esta ley en nuevas sentencias, evaluando su conformidad inicial y la posible malversación.
Según un documento de la PNL que cita Europa Press, la ley fue parte de un acuerdo con Junts tras las elecciones del 23 de julio de 2023, siendo clave para la investidura de Sánchez. Bruselas ha indicado que la ley no cumple con un interés general y que su tramitación urgente podría vulnerar principios del Estado de Derecho.
El texto también incluye declaraciones de miembros de Junts, como Josep Pagés y Jordi Turull, quienes admitieron su influencia en la redacción de la ley. Santos Cerdán, del PSOE, también mencionó negociaciones con Carles Puigdemont, describiendo la ley como ‘moneda de cambio esencial’ para la investidura.
La proposición recuerda que dirigentes del PSOE, incluido el propio Sánchez y la exvicepresidenta Carmen Calvo, previamente habían rechazado la amnistía. El PP argumenta que la Ley 1/2024 se aprobó por necesidades parlamentarias y no por convicción democrática, instando al Congreso a admitir que la motivación detrás de la ley fue asegurar el apoyo político necesario para la investidura de Sánchez.