QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha pedido que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, comparezcan ante el Congreso para detallar los procesos y criterios seguidos en la asignación de los recientes contratos en el ámbito de la industria de defensa.
Además, han presentado un conjunto de interrogantes, tanto orales como escritos, centrados en los criterios empleados para otorgar contratos a las empresas elegidas dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, cuyo valor asciende a más de 34.168 millones de euros. También han solicitado todos los informes y datos disponibles sobre la adecuación y el interés público de estos contratos.
Asimismo, el PP ha reclamado que Carlos San Basilio, presidente de la CNMV, explique en la Cámara Baja si ha observado «movimientos especulativos» en este contexto.
El principal partido de la oposición ha criticado que el «Gobierno está comprometiendo gasto para una década, en un contexto inédito de falta de Presupuesto durante toda la legislatura». Han destacado que ya se ha comprometido un gasto de 34.168 millones de euros, para los cuales se han acordado préstamos por un total de 14.283 millones de euros.
El PP ha señalado que, de los 32 contratos previstos, aún quedan nueve por formalizar. Critican que «estas adjudicaciones públicas se están llevando a cabo de manera directa y sin concurrencia competitiva, lo que hace inexcusable la máxima rendición de cuentas del Gobierno y la profunda fiscalización por parte del Congreso, lo que hasta el momento no ha ocurrido».
FALTA DE TRANSPARENCIA
El partido en la oposición ha reprochado «la falta de transparencia del Gobierno y la falta de respeto a las competencias propias del Congreso que día a día practican los distintos ministerios», en relación a los contratos públicos.
Por ello, exigen mayor información en un contexto donde se está evaluando la compra por parte de Indra a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), ya que hasta ahora «desconocen las cuantías totales de siete de los contratos». Han informado que este acuerdo ya cuenta con una prefinanciación de 5.959 millones de euros, representando el 41,7% del total de los préstamos, de los cuales 3.169 millones son en UTE con EM&E.
Finalmente, el PP asegura que mantendrán una vigilancia constante sobre esta operación en la que el Gobierno, a través de la SEPI y el Ministerio de Hacienda, está participando para evitar una posición dominante en el mercado o un posible monopolio.
