QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular (PP) ha requerido al Tribunal de Cuentas un informe sobre la fiscalización de los acuerdos celebrados por el Gobierno con Huawei durante los últimos cinco años.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha indicado que el Gobierno ha otorgado contratos de servicios «sensibles» a firmas chinas, como Huawei o Hikvision, que abarcan desde escuchas judiciales hasta la vigilancia de infraestructuras críticas como las cámaras en la frontera sur de Europa, en Ceuta y Melilla, «prácticas que suponen un riesgo de espionaje», según ha destacado este sábado en declaraciones remitidas a la prensa.
Por esta razón, el Partido Popular también ha requerido la comparecencia de los ministros José Manuel Albares (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para que proporcionen clarificaciones sobre estos temas y, además, la comparecencia «del máximo responsable de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda para que dé explicaciones sobre estos contratos».
«Sánchez y su Ejecutivo están poniendo en riesgo tanto la seguridad nacional como la de nuestros socios y aliados europeos y americanos. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, cuáles son los riesgos que estamos asumiendo y cuáles son los intereses de este Gobierno», ha subrayado.
También ha destacado la Proposición de Ley que el PP ha presentado en el Senado para que el sistema alimentario sea considerado un ámbito estratégico y esencial para nuestra actividad económica: «Nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestro sector pesquero necesitan ese apoyo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en materia de aranceles en el ámbito internacional».
Además, Bravo ha explicado que esta iniciativa también busca asegurar el suministro y la seguridad de los alimentos, sobre todo en situaciones especiales de crisis; y dotar de los instrumentos necesarios que permitan la sostenibilidad y la rentabilidad de nuestro sector de la agricultura, la ganadería y la pesca y de sus empresas.
Por otro lado, ha criticado los intentos del presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, de «tapar» la financiación singular de separatistas con cuestiones como el ‘dumping’ fiscal. «Esos son los argumentos que utilizan para intentar desviar la atención hacia lo realmente importante, que es que los españoles estamos sufriendo un auténtico infierno fiscal», ha recalcado.
Ha enfatizado que, si se compara el año 2024 con el 2018, «el conjunto de españoles ha pagado 140.000 millones más en impuestos y cotizaciones sociales; si se analizan los seis primeros meses con datos de la Agencia Tributaria –entre impuestos y cotizaciones–, han pagado otros 18.000 millones más; y, si se hace una proyección a final de año, se hablará de 170.000 millones de euros más que pagarán los españoles en el año 2025 en comparación con el 2018».
Como ha apuntado, «esto significa menos poder adquisitivo, principalmente para las rentas medias y las rentas más bajas, que tendrán mayores dificultades para pagar la cesta de la compra y los recibos de la luz, del agua y del gas, o para poder disfrutar de unas vacaciones».
«Tenemos que trabajar en mejorar el poder adquisitivo y la renta del conjunto de los españoles, abandonar este infierno fiscal y hacer una reforma que lleve una rebaja de impuestos», ha sentenciado.
