QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este sábado, el Partido Popular ha comunicado que presentará ante el Parlamento Europeo la reciente condena impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo.
La formación conservadora considera este suceso como “un hecho de máxima gravedad institucional y un serio riesgo para la separación de poderes en España”.
Dolors Montserrat, vicepresidenta del grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, ha destacado la condena del fiscal general como “uno de los episodios más graves para nuestra democracia desde el punto de vista institucional”.
En un comunicado, Montserrat ha expresado que “la sentencia confirma que quien debía ser garante último de la legalidad utilizó su posición para fines políticos, vulnerando principios esenciales del Estado de derecho”.
Ha añadido que no se trata de “un desliz aislado, sino de una quiebra deliberada de las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal” y ha alarmado sobre la postura del Gobierno de Pedro Sánchez, quien “no solo no actuó para preservar la integridad institucional, sino que mantuvo y amparó al fiscal general hasta el final, incluso cuando ya existían indicios sólidos de su conducta irregular”.
Adrián Vázquez, secretario de libertades del PP, ha subrayado que esta condena es “la confirmación judicial de que la persona encargada de garantizar la legalidad, delinquió por razones políticas rompiendo la separación de poderes”. Además, ha criticado la reacción del Gobierno frente al sistema judicial, describiéndola como contraria a los valores democráticos esperados en una democracia madura.
Vázquez ha concluido que “Están atacando una sentencia que todavía no han podido leer e intentando deslegitimar a un Tribunal Supremo que también ampara sus derechos. Esta actitud revela un deterioro institucional que Europa no puede ignorar”.
Finalmente, el PP ha enfatizado que “la Unión Europea debe actuar ante signos de ruptura de la separación de poderes y la vulneración de la independencia judicial en un Estado miembro”, y al llevar este caso ante el Parlamento Europeo buscan destacar la “erosión al Estado de Derecho en España”.
