QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular (PP) empleará su control mayoritario en el Senado para impulsar, la semana próxima, un nuevo enfrentamiento institucional con el Congreso y el Gobierno. Su meta es presionar al Ministerio de Hacienda para que adelante la presentación del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026.
Según la agenda del Pleno del Senado para la próxima semana, a la que ha accedido Europa Press, se ha programado una propuesta del PP que insta a la Cámara Alta a provocar este nuevo conflicto institucional en relación con los presupuestos del próximo año.
Este sería el séptimo choque institucional promovido por el PP en el Senado, un fenómeno inédito antes de esta legislatura. Conforme al procedimiento de estos conflictos, la mayoría del PP garantizará que la propuesta prospere, la Cámara la asumirá y la enviará al Congreso de los Diputados y al Gobierno.
Ambas instituciones disponen de un mes para responder desde que se les notifica el conflicto de atribuciones, aunque pueden optar por no responder y considerar el asunto concluido. En caso de respuesta negativa o ausencia de ella, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o desiste.
ES UNA «OBLIGACIÓN» DE LA CONSTITUCIÓN
En la descripción del conflicto de atribuciones, el PP sostiene que el Senado «no debe admitir ni tolerar el incumplimiento» de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, «que tiene un deber constitucional de presupuestar».
Además, los ‘populares’ subrayan que no pueden «admitir» la «práctica fraudulenta» de modificar presupuestos «al margen del Parlamento», debido a la falta de Presupuestos, ya que lo consideran «contrario al principio de legalidad presupuestaria».
«La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año», argumenta el PP.
En este contexto, el PP afirma que «no existe justificación posible» para no presentar los Presupuestos, «salvo la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con el peso suficiente para asegurarse la aprobación de los mismos».
«Y es claro que los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales y, en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria», concluye el documento.
