QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el PP y Vox buscarán poner fin a la modificación del Reglamento del Congreso, impulsada por el PSOE y sus colaboradores hace algunas semanas, destinada a imponer sanciones a los periodistas acreditados que dificultan la actividad parlamentaria y de la prensa en la institución, denominados como pseudoperiodistas. Los partidos opositores argumentan que las normativas del Congreso ya confieren facultades a la presidencia de la Cámara para asegurar el orden público en sus instalaciones.
Esta reforma, instaurada tras varios incidentes con periodistas de medios digitales que han confrontado a políticos y otros periodistas, busca gestionar la renovación de credenciales para los informadores y establecer un sistema de sanciones para aquellos que afecten negativamente la labor de la institución o de otros medios.
Con esta propuesta, el PSOE junto a Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, buscan atender las demandas de diversos grupos profesionales de periodistas que solicitan medidas para evitar comportamientos inaceptables en el periodismo. Su meta, destacan, no es limitar a los profesionales de la información, sino actuar contra activistas de ultraderecha en conferencias de prensa.
El Reglamento del Congreso, vigente desde 1982, asignaba a la Mesa de la Cámara la tarea de otorgar acreditaciones a los medios, pero la nueva reforma pretende regular este proceso y definir los requisitos necesarios. También se creará un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, con un miembro de cada grupo y representantes de los colectivos profesionales, que podrá proponer sanciones, aunque la decisión final la tomará la Mesa.
Las normas obligarán a los periodistas a respetar las reglas de cortesía parlamentaria y las directrices de la Mesa, prohibiendo grabaciones sin acreditación y permitiendo que los grupos designen coordinadores para sus encuentros informativos. Las sanciones podrán incluir la suspensión temporal o incluso la revocación definitiva de las credenciales.
La proposición de ley fue considerada por el Pleno del Congreso el pasado 20 de mayo, y sus promotores solicitaron tramitarla de urgencia. Recientemente, obtuvieron 178 firmas de diputados, superando la mayoría absoluta necesaria, para permitir tantas sesiones parlamentarias como sean necesarias para su aprobación este verano, con el objetivo de que esté operativa al comienzo del próximo periodo de sesiones.
Este martes, se debatirán y votarán en el Pleno del Congreso las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y Vox, que junto con UPN, se opusieron a la admisión a trámite de la reforma.
La alternativa del PP, según Europa Press, elimina toda regulación sobre las acreditaciones de prensa, argumentando que la Presidencia del Congreso posee ya los poderes necesarios para mantener el orden, pudiendo adoptar las medidas que considere adecuadas, incluida la expulsión y remisión judicial de quienes alteren el orden público.
Por su parte, Vox rechaza completamente las medidas y propone en su enmienda de totalidad una reforma del reglamento que incluye varios de sus reclamos de los últimos años, como eliminar el uso de lenguas cooficiales y ajustar la fórmula de acatamiento de la Constitución por los nuevos diputados.
Se espera que el Congreso rechace los textos alternativos del PP y Vox, permitiendo que la reforma del PSOE y sus aliados continúe su curso. Los grupos deberán presentar sus enmiendas parciales este miércoles, y los textos se discutirán a puerta cerrada el día 14 en ponencia, con un debate público en la Comisión de Reglamento programado para el día 17, culminando con una votación en el Pleno escoba previsto para el 22 de julio.
