QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves una proposición no de ley del PP en la que, entre otras cosas, se solicitaba al Gobierno que promoviese el cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo procesamiento ha propuesto el juez del Supremo Ángel Hurtado, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Esta petición se incluía dentro de una iniciativa que el PP registró a finales de mayo y por eso no menciona expresamente el auto de procesamiento del máximo responsable del Ministerio Público que se conoció la semana pasada. El texto ha recibido el apoyo de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro y el rechazado del resto del arco parlamentario salvo de Coalición Canaria, que se ha abstenido.
En concreto, los ‘populares’ querían que el Congreso instase al Gobierno a cesar a García Ortiz «por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones», así como a promover «un modelo de elección verdaderamente independiente y profesional, que garantice la imparcialidad del Ministerio Fiscal».
Asimismo, el PP aspiraba a que la Cámara respaldara las reiteradas advertencias de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y se sumara a sus llamamientos para que el Gobierno cese «en los ataques a los jueces» y proteja «la independencia judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho».
Con este texto, recogido por Europa Press, el PP buscaba también que el Congreso instase al Gobierno a derogar la Ley de Amnistía, una norma sobre la que ha empezado a deliberar ya el Tribunal Constitucional y que los ‘populares’ consideran «contraria al principio de igualdad ante la ley y a la seguridad jurídica».
NO AL TRASPASO SE INMIGRACIÓN
El PP también protestaba en su iniciativa por otros pactos que el PSOE ha sellado con el independentismo catalán. En concreto, perseguía que la Cámara se pronunciara contra el que prevé el traspaso de parte de las competencias de inmigración a Cataluña.
El PSOE y Junts tienen registrada desde principios de marzo en el Congreso una proposición no de ley para hacer efectiva esa delegación de competencias, pero aún no se ha sometido a su primer examen en el Pleno de la Cámara porque la negativa de Podemos a apoyarla pone en riesgo su tramitación.
En este contexto, el PP planteaba que el Congreso rechazase «cualquier cesión futura de competencias en materia de extranjería, control de fronteras o seguridad nacional a comunidades autónomas», en aras del respeto a «la unidad de la legislación y la autoridad del Estado en todo el territorio nacional».
Otro punto de la iniciativa rechazada emplazaba al Gobierno a «respetar los derechos de la oposición» y a contestar a las preguntas que se le formulan en las sesiones de control, así como a cumplir el mandato constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado.
«Revertir la ocupación partidista de los medios públicos y garantizar su neutralidad mediante órganos de gobierno independientes y con mandatos blindados, asegurando así la libertad de prensa y el pluralismo informativo», era otra de las peticiones del PP.
El último de los siete apartados en los que se dividía la proposición no de ley emplazaba al Ejecutivo a «restaurar el principio de verdad en la vida pública», promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas y «combatiendo la polarización institucional desde el propio Gobierno» para fortalecer «la confianza ciudadana en las instituciones democráticas».
