QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el PSOE-M ha solicitado a la Comunidad de Madrid que se adhiera ‘sin demora’ al convenio establecido con el Gobierno central para ‘rectificar’ la legislación autonómica sobre medio ambiente, la cual se pretende ajustar para evitar posibles acciones legales ante el Tribunal Constitucional.
En una declaración oficial, el partido ha resaltado que desde el Gobierno central se han identificado varios artículos que presentan ‘fundamentos suficientes’ para ser cuestionados ante el Tribunal de Garantías.
La reforma discutida en la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la administración regional, y que fue anunciada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), asegura que cualquier proyecto que podría impactar significativamente áreas como la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, montes especiales, humedales o embalses, será sujeto a un proceso de evaluación de impacto ambiental según lo estipula la Ley estatal 21/2013.
Con respecto a la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el entendimiento alcanzado entre ambos gobiernos también estipula que la normativa ‘debe ser interpretada y aplicada de conformidad con la normativa estatal’, según informaciones previas de ‘El País’.
Álvaro Abril Aparicio, secretario de Transición Justa y Medio Ambiente del PSOE de Madrid, ha criticado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, enfatizando que ‘tiene que darse cuenta de una vez por todas de que su mayoría absoluta no le concede barra libre para hacer lo que quiera ni para incumplir las leyes del Estado, incluso las que su propio partido promulgó’.
‘Lo que pedimos los socialistas es que cuanto antes se promueva una iniciativa legislativa que corrija este absoluto despropósito’, agregó. Para el partido, este acuerdo representa ‘un revolcón’ en la percepción del manejo ambiental por parte del gobierno de Ayuso, ‘que actúa como si gobernar en contra de la legislación estatal no tuviera consecuencias’.
