QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley con la que urge al Gobierno de España a intensificar su actuación ante la grave crisis que atraviesa Sudán, reclamando la condena de las atrocidades cometidas en el conflicto, el refuerzo del apoyo a las organizaciones humanitarias y el impulso de negociaciones que permitan un cese inmediato de las hostilidades.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea en primer lugar “condenar con firmeza las atrocidades de carácter étnico perpetradas por los contendientes de la guerra civil en Sudán”, que abarcan ejecuciones sumarias, masacres, violaciones, ataques contra trabajadores humanitarios, saqueos, secuestros y desplazamientos forzados.
En segundo término, la propuesta reclama respaldar a las organizaciones humanitarias, tanto locales como internacionales, “que están trabajando incansablemente y en condiciones extremadamente desafiantes para prestar ayuda al pueblo de Sudán”.
El texto registrado en la Cámara Baja también pide apoyar el inicio de procesos de diálogo e iniciativas de mediación que desemboquen en el cese inmediato de las hostilidades, subrayando la importancia de que todas las partes respeten los compromisos asumidos en materia de derecho internacional humanitario, derechos humanos y la Declaración de Compromiso de Veda de 11 de mayo de 2023.
“Pausa humanitaria” y garantías para la ayuda
En este contexto, el PSOE plantea instar a los bandos enfrentados a aceptar una “pausa humanitaria” que posibilite un acceso inmediato, seguro e incondicional a la población que necesita asistencia, así como la protección de los civiles que quieran abandonar voluntariamente las zonas de combate, garantizando al mismo tiempo la seguridad del personal humanitario y de las infraestructuras civiles.
La proposición solicita, además, la adopción de medidas urgentes para facilitar la labor de las organizaciones humanitarias, eliminando trabas burocráticas y asegurando la entrada de convoyes de la ONU y una presencia continuada de su personal, incluido personal internacional de alto nivel, en todo el territorio sudanés.
La PNL incluye igualmente el impulso a la cooperación de las partes con la misión internacional independiente encargada de investigar los hechos, de forma que se asegure la rendición de cuentas por las vulneraciones del derecho internacional “independientemente del rango y la afiliación de los autores”.
Por último, el texto llama a “reafirmar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán” y a exhortar a los actores externos a interrumpir cualquier apoyo militar a los contendientes y a abstenerse de acciones que “exacerben las tensiones y alimenten el conflicto”.
Una de las peores emergencias humanitarias del planeta
En la exposición de motivos, el Grupo Socialista recuerda que Sudán vive una nueva guerra civil en la que más de 30 millones de personas —el 64 % de la población— requieren ayuda humanitaria tras más de un año y medio de enfrentamientos por el control del poder entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).
Según detalla el PSOE, se trata de una de las peores crisis humanitarias del mundo: el hambre se extiende por todo el país, con 24,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda, mientras se registran brotes de cólera y dengue agravados por la falta de acceso a agua potable. El texto subraya que el 80 % de las mujeres no dispone de acceso seguro al agua, que 9,9 millones de personas están desplazadas dentro del país y que el total de desplazados supera los 14 millones, en su mayoría mujeres y menores.
La iniciativa advierte también de que el 80 % de los hospitales situados en zonas de combate han dejado de funcionar y que más del 90 % de las escuelas están cerradas o destruidas, lo que afecta a 18 millones de niños y niñas y contribuye al aumento de los matrimonios infantiles. Asimismo, recuerda que todos los actores del conflicto suscribieron compromisos en la Declaración de Veda de 2023 y que el Consejo de Seguridad de la ONU sigue reclamando su cumplimiento y la rendición de cuentas por las violaciones cometidas.
