QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los grupos de Vox y PP han reclamado este martes en el Congreso tipificar como delito el transporte y almacenamiento de carburantes destinados al abastecimiento de narcolanchas, una práctica conocida como ‘petaqueo’, con el fin de proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), pero el PSOE y Sumar han coincidido en que modificar el artículo 568 del Código Penal no es técnicamente viable ni jurídicamente proporcionado.
La diputada de Vox Blanca Armario ha defendido la proposición de ley para reformar el Código Penal asegurando que para honrar a los guardias civiles asesinados tras ser arrollados por una narcolancha el año pasado en Barbate (Cádiz) «hay que hacerlo con palabras, sino con acciones». «Ni reforzaron los cuarteles, ni declararon el Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. ¡Qué vergüenza!», ha exclamado.
En esta línea, Armario ha manifestado que «España no es una nación libre y segura» y ha acusado al Gobierno de haber abandonado a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad que «se juegan la vida sin los medios necesarios».
Durante su intervención, la parlamentaria de Vox ha señalado que «los narcos continúan con el lleva y trae a plena luz del día» y ha criticado que el transporte de carburantes sólo sea considerado una infracción administrativa. «Queremos darle herramientas legales a jueces y fiscales. Esta ley responde a una necesidad urgente y a un clamor de la Fiscalía General del Estado», ha afirmado.
PP AFIRMA QUE SU OBLIGACIÓN ES LEGISLAR
Por su parte, el diputado del PP José Ignacio Romaní ha recordado que el Grupo Popular ya registró en septiembre de 2024 una proposición de ley «más extensa» que la presentada ahora por Vox para abordar el delito de ‘petaqueo’ y ha criticado que esta iniciativa lleva 19 ampliaciones de plazo desde enero sin poder debatirse, lo que atribuye a la «estrategia del PSOE de paralizar el Congreso» e impedir cualquier avance legislativo en materia de seguridad.
El parlamentario popular ha reprochado al Gobierno que ignore que haya una presión judicial que ya está interpretando el artículo 568 del Código Penal para perseguir el transporte de combustible como un delito de riesgo colectivo.
Y ha señalado que incluso la Audiencia de Cádiz y la Sección Séptima de Algeciras han abierto esa vía, y que la falta de acción legislativa está forzando a los jueces a «hacer de legisladores». «Es nuestra obligación legislar», ha reclamado, acusando al Ejecutivo de no reconocer «la herida del narcotráfico» que se extiende por las costas andaluzas y de abandonar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
PSOE: «ESPAÑA ES UN PAÍS SEGURO»
Por el contrario, la diputada del PSOE María Araceli Poblador ha anunciado el rechazo de su grupo a la toma en consideración de la PL al considerar que «no es la vía técnicamente idónea», pues plantea «un delito de peligro abstracto pensado para otro bien jurídico».
Así, ha defendido que la propuesta parte de «una exposición de motivos llena de falsedades» y ha asegurado que los datos aportados por Vox «no son ni de la Policía ni de la Guardia Civil», denunciando el uso «populista y alarmista» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la derecha.
La parlamentaria socialista ha reivindicado el compromiso del Gobierno con la seguridad al señalar que España ocupa el puesto 23 de los países más seguros del mundo y que se han invertido más de 200 millones de euros en el Campo de Gibraltar, con un 12% más de efectivos en la costa andaluza, más de 30.000 operaciones contra el narcotráfico y 20.000 detenidos desde 2018.
SUMAR: «NO SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL A GOLPE DE TITULAR»
Desde Sumar, Jorge Pueyo ha cuestionado la ley de Vox y ha advertido de que reformar el Código Penal «es una cosa muy seria y no se puede hacer a golpe de titular de medio pseudo digital». Por ello, ha instado a los de Santiago Abascal a «escuchar a la Fiscalía» cuando advierte que modificar el artículo 568 no es la vía técnicamente adecuada para abordar el ‘petaqueo’.
Pueyo ha lamentado que Vox utilice el dolor por el asesinato de los guardias civiles en Barbate para «hacer política penal populista» sin ofrecer soluciones eficaces. «El populismo punitivo no mejora la seguridad, solo deteriora la calidad legislativa», ha afirmado, insistiendo en que el verdadero reto está en dotar de recursos a las FCSE.
