QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Senado ha dado luz verde este miércoles a la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria, promovida por el PP, que busca restringir el acceso a los beneficios penitenciarios para los condenados por terrorismo, exigiendo explícitamente la colaboración con las autoridades policiales y judiciales e introduciendo que para la progresión al primer o segundo grado de los presos se tengan en cuenta los mismos parámetros que para el tercer grado.
Para llevar a cabo esta modificación, el PP sugiere cambiar el apartado 6 del artículo 72 de la mencionada ley y anular el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, donde se determinan las directrices del principio de flexibilidad para los reclusos.
De este modo, el acceso al primer y segundo grado estaría condicionado a los mismos requisitos que se demandan para el tercero: perdón a las víctimas, signos claros de renuncia a los objetivos y medios terroristas y colaboración con las autoridades policiales y judiciales en el esclarecimiento de los crímenes no resueltos.
Además, los ‘populares’ agregan un nuevo apartado, el 7, al artículo 72, indicando que estas medidas deberán recibir la aprobación del juez de vigilancia penitenciaria de manera previa y no posterior, como se hace actualmente.
En la justificación de la proposición, el PP critica que hay una «estrategia política» del gobierno actual que implica «otorgar beneficios penitenciarios a presos de ETA» debido a «la necesidad de contar el apoyo de Bildu», lo que conlleva a un «acercamiento masivo» de estos presos a cárceles en el norte de España.
Los ‘populares’ también señalan que la evolución de grado se presenta bajo «una apariencia de legalidad y tratamiento individualizado», aprovechando «vacíos legales» o «realizando interpretaciones favorables a dichos presos». Además, denuncian que la actual normativa es «ambigua», ya que «sólo se exige la premisa de la aceptación de la legalidad penitenciaria», permitiendo «la obtención de beneficios penitenciarios, en especial el traslado a prisiones cercanas a su domicilio», sin requerir «ni perdón a las víctimas ni la colaboración con las autoridades policiales y judiciales competentes», según argumenta el partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo.
