Sumar, ERC y Bildu han instado al Gobierno en el Congreso a que el embargo de armas y productos de defensa ya vigente contra Israel se extienda también al equipamiento policial y de vigilancia que el Estado hebreo pueda utilizar en territorio palestino, en el contexto de su ofensiva sobre la Franja de Gaza y Cisjordania.
La Cámara Baja respaldó a comienzos de octubre de 2025 la prohibición de vender y comprar material militar a Israel, después de que el Ejecutivo aprobara esta medida como instrumento de presión sobre Tel Aviv en plena operación sobre los territorios palestinos ocupados, una intervención que el propio Gobierno calificó de “genocidio”.
El presidente Pedro Sánchez defendió entonces que el embargo al comercio de material militar con Israel daba cobertura legal al veto que “de facto” se venía aplicando desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que el Estado hebreo lanzó una ofensiva contra Palestina tras la masacre perpetrada por Hamás.
En 2024, España exportó a Israel material por 1,45 millones de euros, aunque, según la Secretaría de Estado de Comercio, ese volumen se destinó “exclusivamente” a componentes que iban a ser integrados en productos finales de terceros países, como Filipinas y Estados Unidos. Durante la primera mitad de 2025 no se registraron envíos a Israel.
Desde el 7 de octubre de 2023, España ha rechazado 219 licencias de exportación e importación de material de defensa y tecnologías de doble uso con destino a Israel, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Estado de Comercio. La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) vetó 64 licencias de exportación y cuatro de importación desde esa fecha hasta el 31 de enero de 2026. Tras la adopción formal del embargo en octubre, se han denegado 151 licencias.
En sus propuestas de resolución al “Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso” de 2024, recogidas por Europa Press, Sumar, ERC y Bildu reclaman que se prohíban las transferencias a Israel de cualquier tipo de armamento, equipos, tecnología o componentes que puedan contribuir a violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos, incluyendo el material policial y de vigilancia empleado en Palestina.
Las formaciones independentistas catalana y vasca exigen también que la negativa a autorizar el tránsito por territorio español de buques y aviones con cargamentos de defensa dirigidos a Israel se mantenga en la próxima legislatura, y que se refuercen los medios y procedimientos para asegurar que esta restricción se cumple de forma efectiva.
Control de las exportaciones a Estados Unidos y al ICE
En el mismo paquete de propuestas vinculadas al informe anual de la Secretaría de Estado de Comercio, Sumar, ERC y Bildu reclaman al Ejecutivo que siga reforzando la evaluación de riesgos y la trazabilidad de las exportaciones de armamento, con recursos adicionales, para impedir que las armas vendidas a Estados Unidos puedan facilitar o derivar en violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos, tanto en su territorio como en operaciones militares en el exterior.
En esta línea, piden que la Secretaría de Estado de Comercio proporcione información más pormenorizada sobre los usuarios finales en Estados Unidos, detallando las unidades militares y las agencias federales receptoras, entre ellas el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Protección Fronteriza (CBP).
El ICE es la agencia estadounidense responsable de las detenciones de masivas de inmigrantes y las violentas redadas que se saldaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de los agentes federales en Mineápolis.
ERC y Bildu, en unas resoluciones conjuntas, van más lejos y plantean que el Gobierno deniegue licencias de exportación de armamento al ICE y al CBP hasta que “cese la impunidad” por las violaciones de Derechos Humanos y el ICE reciba formación específica sobre las normas internacionales relativas al uso de la fuerza y de las armas de fuego y acredite “en la práctica” su aplicación.
Asimismo, proponen que la JIMDDU no autorice envíos de armas de fuego, de caza o de tiro deportivo a Estados Unidos ante “la ausencia de medidas suficientes para mitigar el riesgo de perpetuación del ciclo de violencia, su alto índice de violencia armada, el coste y el sufrimiento humano que genera”.
Debate sobre el secretismo en el comercio de armas
En otro bloque de iniciativas, ERC y Bildu reclaman que el Gobierno acelere la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, actualmente en fase de enmiendas en el Congreso.
Además, ERC, Bildu y PNV defienden que la nueva normativa elimine el carácter secreto de las actas de la JIMDDU, con el objetivo de aportar mayor transparencia sobre las operaciones de compraventa de armamento realizadas por España.
Los tres partidos también llaman al Ejecutivo a desempeñar “un papel más activo” en la promoción y defensa de la Convención de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersona, así como en el impulso de otros acuerdos internacionales como la Convención de Dublín contra las bombas de racimo o las iniciativas para regular los llamados ‘robots asesinos’.
Vox y PP proponen más exportaciones a Israel y restricciones a Irán
En sentido contrario a los socios del PSOE, Vox ha registrado en la Comisión de Defensa del Congreso sus propias propuestas de resolución sobre el informe, centradas en suprimir las limitaciones a la exportación de armas y material de doble uso a Israel y en promover una revisión de la posición común europea que regula el control de las ventas de tecnología y equipamiento militar, con el fin de facilitar las exportaciones.
Por su parte, el PP plantea instar a la JIMDDU a no otorgar autorizaciones administrativas para exportar productos y tecnologías de doble uso a Irán, con el objetivo de impedir operaciones como las aprobadas en 2024, que incluyeron detonadores y explosivos tipo A, B y E, entre otros equipos, y reforzar los controles bajo su competencia para garantizar el cumplimiento de los embargos vigentes sobre material de defensa y equipos de represión interna dirigidos a ese país.
Según el “Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso” de 2024, España vendió a Irán detonadores, explosivos tipo A, B y E, reactivos de laboratorio y ‘software’ de control por un total de 1.331.289 euros, y rechazó tres licencias relativas a juegos de juntas, empaquetadoras para válvulas, válvulas de bola y grabadores térmicos.
El Gobierno argumentó que ese material no se utilizó en la represión de las protestas de finales de diciembre de 2025, originadas por la crisis económica y que derivaron en demandas para poner fin al régimen de Alí Jamenei. La respuesta de las autoridades iraníes dejó más de 3.000 manifestantes muertos, según las cifras oficiales reconocidas por Teherán.