QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El grupo parlamentario de Sumar ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) solicitando que los guardias civiles no estén sometidos al Código Penal Militar durante periodos de paz, con el objetivo de evitar lo que consideran una “aplicación abusiva” que a veces resulta en sanciones por acciones realizadas fuera de servicio.
Esta propuesta, promovida por Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida y diputado de Sumar, será debatida en la Comisión de Interior. La iniciativa exige al Gobierno promover las modificaciones legales necesarias para que los miembros de la Guardia Civil, al igual que otros cuerpos de seguridad, “no sean juzgados conforme al Código Penal Militar con todos los efectos procesales o penitenciarios que ello supone”.
En la justificación de la propuesta, Sumar señala que el actual Código Penal Militar, establecido en 2015, no consideró las experiencias derivadas de la aplicación del régimen disciplinario específico de la Guardia Civil, existente desde 2007, que ya protege los valores jurídicos derivados de su carácter militar.
“Es inconcebible en una sociedad democrática y en un Estado de derecho que los guardias civiles sean procesados bajo esta normativa”, declaró Santiago tras un encuentro con la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Como ejemplo, mencionó el caso de un agente condecorado que enfrenta un juicio por supuesto incumplimiento del deber de residencia mientras estaba de baja médica, un caso que, según Santiago, se habría resuelto administrativamente de no aplicarse este código.
Además, Santiago recordó que durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se limitó la aplicación de este código a misiones en el extranjero o en situaciones de guerra, una medida que fue revertida por el gobierno de Mariano Rajoy. Santiago aboga por retomar esa “fórmula sensata” para garantizar un entorno completamente civil en las labores policiales de la Guardia Civil.
Por su parte, Olaya Salardón, portavoz de la AUGC, agradeció a Sumar por la iniciativa y destacó que la situación actual es una “irregularidad que padecemos desde hace décadas”. Expresó su esperanza de que este caso sea el punto de inflexión para alcanzar un consenso político que reforme la Ley Orgánica del Código Penal Militar y asegure que los guardias civiles no estén sujetos a ella en situaciones no relacionadas con su trabajo profesional.
