QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Parlamentario de Vox ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a armonizar las distintas regulaciones sobre actividades cinegéticas mediante la aprobación de una Ley Nacional de Caza. Además, busca promover el control cinegético del jabalí en todo el territorio nacional español.
La iniciativa ha sido registrada para su discusión en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico de la Cámara Baja por los diputados de Vox Ricardo Chamorro Delmo, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló y Ángel López Maraver; y la portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, María José Rodríguez de Millán Parro.
El Grupo Parlamentario de Vox ha recordado que el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos ya alertó en el año 2023 que las poblaciones de jabalíes se encontraban en crecimiento acelerado en la mayoría de las provincias de España. Además, ha incidido en que estos animales salvajes estuvieron implicados en 35.156 siniestros en 2022 según la Dirección General de Tráfico (DGT) y en 35.651 en 2023.
A su vez, los de Santiago Abascal apuntan que la proliferación incontrolada de jabalíes supone también una grave amenaza para la agricultura y la ganadería. En este sentido, señalan que, de acuerdo con los datos publicados por diferentes asociaciones agrarias, los jabalíes «atacan con frecuencia los cultivos de cereal, maíz, girasol y remolacha» y «son un importante vector portador y transmisor de numerosas enfermedades como la tuberculosis, la enfermedad de Aujeszky, la fiebre aftosa, la brucelosis y la peste porcina».
«Frente a esta situación, la caza representa la herramienta más eficaz para contener el crecimiento descontrolado de estas poblaciones. Sin embargo, su efectividad se ve seriamente limitada por la fragmentación normativa existente en España, siendo esta actividad regulada por las Administraciones territoriales», ha denunciado el Grupo Parlamentario.
Desde su punto de vista, esta disparidad normativa genera una fragmentación de criterios y dificulta la adopción de un enfoque «pragmático, coordinado y eficaz» para abordar un problema que, por su naturaleza, afecta de forma transversal a todo el territorio nacional.
