La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha expresado su desaprobación hacia el juez Andrés Martínez Arrieta, presidente de la sala del Tribunal Supremo (TS) que emitió sentencia contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz. Díaz señaló su «falta de decoro» por hacer comentarios ligeros sobre el caso y por su participación en unas conferencias organizadas por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), entidad que actuó como acusación popular en dicho proceso.
«Es una frivolidad manifiesta hacerlo en un curso financiado y pagado por el Colegio de Abogados de Madrid, que era acusación en la causa (…) Las apariencias son importantes y uno debe de aparentar neutralidad, sobre todo cuando es el presidente de la Sala del Tribunal Supremo», declaró Díaz en una entrevista en ‘La Sexta’, según recoge Europa Press.
Díaz ha criticado también a Arrieta por bromear sobre que tenía que interrumpir su ponencia en el ICAM para «poner la sentencia al fiscal general», lo cual también considera una falta de respeto a la institucionalidad. Además, ha destacado que es «muy anómalo» que hayan transcurrido seis días sin publicación de la sentencia que inhabilita a García Ortiz por dos años por revelación de secretos, dejando en incertidumbre las razones de esta decisión.
El ICAM ha respondido que la participación de magistrados en cursos de formación es una práctica común, tras la controversia surgida por la asistencia de tres jueces del tribunal a ponencias en su sede antes de la sentencia. Por otra parte, Díaz ha recalcado que, aunque es complicado, sigue creyendo en la justicia y en la separación de poderes. Ha aludido también a actitudes «irregulares» y motivaciones políticas en el ámbito judicial, especialmente refiriéndose al juez Juan Carlos Peinado en el contexto de las elecciones europeas.
Finalmente, la vicepresidenta ha subrayado que no busca confrontar al Supremo, sino «defender la democracia» como un acto legítimo de libertad de expresión, mientras enfatiza la necesidad de combatir la corrupción y limitar los aforamientos para evitar que los políticos se beneficien de ellos en casos de presuntas irregularidades.