QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Legislatura que empezó con las marchas por unos precios justos acabó con los precios disparados en los supermercados. Y si las protestas del sector tuvieron respuesta con un primer decreto y luego la reforma de la Ley de cadena alimentaria, la crisis de precios ha tenido como única respuesta legislativa una mínima rebaja en el IVA de algunos productos básicos.
La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso no tramitó ninguna iniciativa para enfrentar las subidas de precio más intensas en más de 30 años. La citada rebaja del IVA se aprobó por decreto-ley y no llegó a enmendarse. Y, pese a las presiones de Unidas Podemos y otros socios parlamentarios, el Ministerio renunció a intervenir sobre los precios o promover un pacto sobre los mismos con los grandes operadores, dejando en manos de las empresas la contención de los precios.
LEYES APROBADAS POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Ley de medidas urgentes en agricultura y alimentación (DL 5/2020) - 28/10/2020 Reforma de la Ley de la cadena alimentaria - 29/9/2021 Ley del sistema de gestión de la PAC - 19/10/2022 Ley de pesca sostenible e investigación pesquera - 19/12/2022 Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario - 26/4/2023 - No entró en vigor por disolución anticipada de las Cortes
La actividad de la Comisión, en todo caso, ha sido intensa. Cinco iniciativas aprobadas, todas ellas proyectos de ley, y al menos una cada año de legislatura. Sólo las comisiones más prolíficas, como las de Asuntos Económicos y Hacienda pueden presumir de ese dato.
Además de la reforma de la cadena alimentaria y el proyecto derivado del primer decreto de medidas urgentes, la Comisión ha aprobado la regulación del sistema de gestión de la Política Agrícola Común (PAC), la Ley de pesca sostenible y la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, esta última fallida al caer en el Senado por la anticipada disolución de las Cortes.
Las marchas por unos precios justos
Los primeros compases de legislatura fueron los de las marchas de agricultores y ganaderos por todo el país, y sobre todo frente al Ministerio, reclamando garantías y medidas para cubrir costes frente al resto de operadores de la cadena. A finales de febrero, el ministro Luis Planas presentó ante el Congreso las líneas maestras de un decreto ley con el que, aseguraba, se prohibía la venta a pérdidas y las promociones engañosas en los supermercados.
El decreto no aplacó las protestas de los productores, que sólo pararon semanas después por el estallido de la pandemia de Covid-19. Una crisis en la que, precisamente, todo el sector agroalimentario jugó un papel elemental como servicios esenciales, al evitar cualquier situación de desabastecimiento.
Pese a las dudas del PSOE, la Comisión aprobó la reforma de la cadena alimentaria con la prohibición expresa de vender a pérdidas en todos los eslabones de la cadena
Superado el primer pico de la crisis, en octubre, la Comisión aprobó como proyecto de ley el mencionado decreto-ley enmendado, y se preparó para tramitar la reforma de la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, enviada por el Gobierno al Congreso en noviembre para trasponer la directiva europea de prácticas desleales.
Las medidas del decreto para impedir la venta a pérdidas no habían sido suficientes, y así lo hicieron saber las organizaciones agrarias en sus comparecencias en el Congreso. La tramitación de la ley no gustó en la oposición y, ante las prisas de última hora del Gobierno para aprobar la ley antes del parón estival, forzó su aplazamiento hasta septiembre.
Prohibición de la venta a pérdidas
Pese a las dudas del PSOE –el Ministerio se llegó a desentender de la enmienda pactada antes del verano– el Congreso aprobó la reforma con la prohibición expresa de vender a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, incluida la venta final, con la obligatoriedad de recibir un precio superior al coste efectivo de producción.
La norma contempla un registro de contratos digital para facilitar las funciones de inspección y control y abarca a todos los eslabones de la cadena, incluyendo también a hoteles, restaurantes y cafeterías a partir de un determinado nivel de facturación. También contempla obligaciones a los comercializadores frente a prácticas de competencia desleal.
No se regularon medidas para impedir la posición de dominio de las grandes distribuidoras en la fijación de precios. Socios del Gobierno lamentaron no haberlo hecho en la crisis de precios
No regula, eso sí, medidas para impedir la posición de dominio de las grandes distribuidoras a la hora de fijar precios, una reclamación de socios parlamentarios como ERC, que durante el último año ha señalado esta ausencia como una de las causas que explican la subida desenfrenada de los precios de la alimentación.
Sistema de gestión de la PAC y Ley de pesca
La aprobación de la ley supuso un punto de inflexión en la actividad de la Comisión. Había completado el principal objetivo de legislatura antes de llegar a su ecuador. El portavoz del PSOE en la Comisión hasta entonces, Manuel González Ramos, que había pilotado las negociaciones para la norma, abandonó el Congreso rumbo al Consejo de Administración de Enagás.
Los deberes desde el Ministerio no acababan ahí. A lo largo de 2022 la Comisión aprobó otras dos normas, la Ley por la que se regula el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y la Ley de pesca sostenible e investigación pesquera.
La Ley de gestión de la PAC actualizó el régimen sancionador y la Ley de Pesca habilitó a limitar las capturas, establecer vedas o regular el peso o la talla de las especies
La primera de las leyes actualiza el régimen sancionador, incluye una herramienta de gestión e intercambio de información para explotaciones y administraciones públicas y prevé la exención del pago de IRPF de los llamados ‘ecoesquemas’. La oposición también logró eximir a las pequeñas explotaciones de la prohibición contenida en la Ley de residuos de quema de rastrojos.
En el caso de la Ley de pesca sostenible, la norma habilita limitar el volumen de capturas, establecer vedas o regular artes y aparejos utilizados, así como el peso o la talla de las especies. También se incluyeron coeficientes reductores en la edad de jubilación para colectivos de trabajadores del mar.
Se quedó sin aprobar la Ley de desperdicio alimentario
El último proyecto enviado por el Gobierno fue el dirigido a regular obligaciones para impedir o minimizar las pérdidas y el desperdicio alimentario. Aprobado por la Comisión el pasado mes de mayo, el Congreso marcó un objetivo de reducir el desperdicio en un 50% en 2030, con la obligación de todos los operadores de la cadena de contar con un plan de prevención y la firma de acuerdos para aprovechar el excedente de alimentos.
Se quedaron sin tramitar tres decretos con medidas de emergencia por la pandemia y la sequía, así como la doble potencia eléctrica estacional, un mandato del Congreso al Gobierno
La disolución de las Cortes el 30 de mayo dio al traste con la tramitación del proyecto cuando el Senado se disponía a debatirlo, por lo que no llegó a aprobarse de forma definitiva. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha anunciado su intención de retomar estos trabajos si es reelegido.
Sin doble potencia eléctrica estacional
Además de los proyectos mencionados, la Comisión tramitaba en el momento de la disolución de las Cortes otros tres derivados de decretos-ley, con medidas de emergencia aprobadas para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19 y la sequía. Ninguno acabó por tramitarse.
Otra medida que se queda sin regular es el acceso a la doble potencia eléctrica en producciones agrarias, pese al mandato aprobado con los votos de la oposición –y el Gobierno en contra– en varias leyes, entre ellas la reforma de la Ley de la cadena alimentaria. La última, una serie de condiciones para los contratos de acceso a la electricidad para cooperativas agrarias, aprobada en la fallida Ley de desperdicio alimentario.
JOSEBA AGIRRETXEA, presidente de la Comisión ¿Qué balance legislativo hace de la Comisión en esta legislatura? El balance es bastante positivo, porque se han aprobado cuatro leyes relevantes: Cadena Alimentaria, PAC, Pesca Sostenible y Desperdicio Alimentario. El trabajo de la Comisión, el de todas las personas que la integran, ha sido, en mi opinión, importante. ¿De qué está más orgulloso? Lo más positivo ha sido que, a diferencia de lo que ha sucedido en otras comisiones, y qué decir del Pleno, el funcionamiento en esta Comisión ha sido el adecuado, con educación y sin exabruptos. Destaco también la buena sintonía que ha existido entre los miembros de la Comisión. ¿Qué le hubiera gustado evitar o qué reproche haría? Creo que las dinámicas han sido las habituales, en el sentido de que el Gobierno ha hecho de Gobierno, y la Comisión y los y las diputadas han hecho también su trabajo. Ahí, en ocasiones, se producen diferencias, pero es habitual y no se ha generado ningún problema destacable. ¿Qué le pediría a su sucesor/sucesora y qué le recomendaría? A la persona al frente de la Comisión en la XV legislatura le recomendaría que ponga por delante la naturalidad y la educación. Con estos dos atributos se allana el camino hacia una presidencia exitosa o, al menos, apacible, respetuosa y respetada.
