QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Obligaciones, análisis y recursos económicos. Sumar quiere completar con esos tres elementos el proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que tramita el Congreso, y que espera a la discusión de sus enmiendas en la ponencia de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Àgueda Micó i Micó (L’Olleria, 1978), portavoz del Grupo Plurinacional Sumar y ponente de la iniciativa, ve necesario dar estos pasos para que la norma “no quede en un elemento bonito” sólamente, sino que sea “más valiente” y pueda ser eficaz.
La diputada de Compromís incide en la necesidad de que la futura ley siente las bases de un análisis no sólo cuantitativo, sino también cualitativo de la situación de la que parte el sector agroalimentario en sus diferentes eslabones, pero también en cada territorio.
Y también en poner en marcha partidas económicas concretas que faciliten la aplicación de las medidas previstas, especialmente en aquellos operadores con menos margen para ello. Micó piensa en los productores: “No les podemos pedir más. El peso de esta ley no puede recaer sólamente en el primer eslabón de la cadena”.
VALORACIÓN DE LA LEY
Pregunta: ¿Qué valoración hace el Grupo Plurinacional Sumar de esta ley?
Respuesta: Es una ley que viene de la legislatura anterior y que hizo prácticamente todo el trámite parlamentario, pero que con el adelante electoral se quedó sin aprobar. Ahora se ha recuperado la misma propuesta de ley sin incorporar toda la negociación que en ese momento se hizo con entidades, partidos políticos y la sociedad civil organizada.
Nosotros estamos, de entrada, a favor de la ley. En un momento en el que la emergencia climática es una realidad, un momento de sequía y de cambio climático, hay que apostar por leyes que permiten ser más eficientes y más conscientes de que vivimos en un planeta finito.
También la soberanía alimentaria está muy relacionada con esta ley. Son dos caras de la misma moneda. El sector primario está en un momento de crisis, muchas veces trabajando a pérdidas, y necesita apoyo de las Administraciones. Y esta ley puede ayudar a mejorar su situación.
Y hay una dimensión, no solo ecológica, sino social y económica, en el que hay oenegés pero también empresas que trabajan en la gestión del desperdicio alimentario y del reciclaje. Y la ley también puede servir para que luchemos contra el cambio climático.
Como el Gobierno no ha introducido las mejoras que se pactaron en la legislatura anterior, hemos presentado algunas enmiendas para intentar mejorar la ley. Sobre todo, para hacerla más valiente y no quede en un elemento bonito, sino que, a la hora de aplicarla, sea eficaz.
¿CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS U OBLIGACIONES?
P: Algunas de las medidas que contempla la ley no se recoge como obligaciones, sino como recomendaciones en un código de buenas prácticas. ¿Hay riesgo de que la ley sea menos eficaz porque sean recomendaciones y no obligaciones?
R: Pues sí, efectivamente. Es una de las cuestiones que más nos preocupa. De hecho, para nosotros hay como tres, cuatro elementos que son claves en esta ley,
Un elemento clave está relacionado con la prevención, porque hace falta mucha pedagogía. Hay mucha gente que, cuando compra, no es consciente de que igual está comprando de más, y que hay determinados productos perecederos que no van a aguantar en la nevera o en la despensa.
Las entidades con las que nos hemos reunido nos han trasladado la importancia de que las administraciones públicas sean las primeras conscientes de la necesidad de la prevención, y que esté en la jerarquía de aplicación de esta ley.
Para eso hacen falta análisis cualitativos: ver en cada territorio, porque las realidades son muy diferentes, qué necesidades y qué problemáticas concretas hay. Y, después de ese análisis, ver qué medidas de prevención se pueden aplicar en cada situación o en cada territorio.
Para nosotros es importantísimo el análisis cualitativo, y esto en la ley se establece como medida voluntaria. Nosotras queremos que sea obligatoria, que haya herramientas concretas de medición de los desperdicios y de su uso, tanto por la Administración como por las entidades afectadas, sobre todo superficies de distribución. Los supermercados e hipermercados son las entidades que dentro de la cadena alimentaria tendrían que ser más conscientes de esta cuestión. Queremos que las mediciones sean obligatorias, y que vayan acompañadas de plazos concretos para que tengan consecuencias.
Y después que haya un presupuesto económico, a través de planes estratégicos concretos que ayuden a esas entidades. Como Administración no podemos dejarle todo el peso a las entidades. Tiene que ser la propia Administración la que se encargue, a través de esos planes estratégicos, de que esas mediciones concretas se lleven a término.
ETIQUETADO Y FECHAS DE CADUCIDAD
P: ¿Qué otras obligaciones puede asumir la Administración?
R: La cuestión básica es la regulación de la cuantificación de los desperdicios y los primeros que la tienen que aplicar son las propias administraciones, con planes concretos, estratégicos y con presupuestos económicos.
Para ir más allá, una de las cuestiones básicas en la que la Administración también tiene que meter mano es el etiquetaje de la caducidad de los productos. O qué hacemos con los llamados productos feos o que no tienen el calibre necesario para llegar al supermercado.
Cuando hablamos de productos de proximidad, y estamos en períodos de sequía como ahora, vemos cómo, por ejemplo, los melocotones son más pequeños que antes y que no tengan calibre suficiente. Esto también provoca desperdicio alimentario, porque esos alimentos que están igual de buenos, pero simplemente no tienen el color o el calibre que quieren los supermercados que tengan.
Por eso es tan importante adecuarse a esta nueva situación y es tan importante que se apliquen este tipo de medidas, y ahí creemos que la implicación en esta ley, sobre todo, tiene que ser por parte de la Administración pública.
P: Respecto a las fechas de consumo preferente la ley no concreta ninguna medida. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué se puede concretar?
R: Creo que tenemos que ser un poco más laxos en determinados productos, como por ejemplo los productos lácteos. Caducan mucho más tarde de lo que ponen en el etiquetaje de los mismos y, por tanto, deberíamos de repensar si etiquetar de forma diferente o ampliar estos plazos, teniendo en cuenta también la Dirección General de Salud Pública.
Muchas veces los límites de caducidad son tan justos y estrictos que hacen que mucha gente no aguante los yogures dos o tres semanas más, cuando están igual de buenos que después de la fecha de caducidad.
Creo que ahí también tenemos que hacer una labor conjunta, no solo estatal sino también desde el Parlamento Europeo, para repensar este tipo de etiquetajes que se realizan en nuestros productos. La legislación francesa está más avanzada en estas cuestiones, pero la ley que podemos aprobar en el Congreso puede ir más allá de esta legislación. No podemos perder la oportunidad de pasar de la voluntariedad a la obligación.
LEY CON FINANCIACIÓN
P: Sumar también plantea, para facilitar la donación de alimentos o incentivar medidas de prevención, un fondo de compensación para pequeños productores. ¿Ha hablado con el socio mayoritario del Gobierno, el PSOE, sobre el margen que existe para dotar de recursos a la ley?
R: Estamos en un momento de negociación de enmiendas. La ponencia se ha constituido, pero todavía no hemos empezado este proceso y lo vamos a hacer estas próximas semanas. Creemos que hace falta un poco más de voluntad política y, por tanto, presupuestaria, por parte del Ministerio de Agricultura para que esto acabe siendo una realidad.
Por ejemplo, hay una figura concreta, que es la figura de la rebusca o del espigueo, que dentro de la prevención es importante y que podría evitar que tras la recogida se queden alimentos en los campos.
Para que los agricultores desarrollen este tipo de acciones hacen falta recursos económicos, porque no les podemos pedir más. Esto es una cuestión importante. El peso de la aplicación de la ley no puede ir toda al primer eslabón de la cadena. El peso debe recaer en el resto de eslabones, en compañía de la Administración, porque no podemos recargar a nuestros agricultores en una cuestión en la que queremos que sean útiles.
PRODUCTOS DE PROXIMIDAD
P: Otra propuesta de Sumar es posibilitar el establecimiento de cuotas mínimas y obligatorias para los productos de proximidad por parte de las comunidades autónomas. ¿Están teniendo problemas para establecer estas cuotas y les han comentado la necesidad de fijarlo a través de una ley estatal?
R: Como es una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas tenemos que ver cómo se puede legislar para ayudar. Apostar por los productos de proximidad es una cuestión básica. La ley de Desperdicio puede jugar un papel importante, pero también la Ley de cadena alimentaria, que ahora estamos en un momento también de repensarla después de la propuesta que ha hecho Esquerra Republicana para mejorarla.
Teniendo en cuenta estos períodos de sequía extrema que hemos tenido este año y que parece ser que van a ir a más, hay que ver cómo compaginar estas ayudas, bonificaciones, y facilitar también legislativamente que los productos de proximidad puedan llegar con más facilidad y mejor a las cadenas alimentarias.
CAMBIOS EN LA LEY DE CADENA ALIMENTARIA
P: Precisamente muchas formaciones han presentado también, aprovechando la tramitación en la Comisión de Agricultura de este proyecto, posibles reformas a la regulación de cadena alimentaria. ¿Cree que esta ley podría ser una buena oportunidad para discutir cambios?
R: Es verdad que la Ley de Desperdicio Alimentario y la Ley de Cadena Alimentaria están totalmente relacionadas porque, al final, todo forma parte del ciclo del campo a la mesa de nuestros productos.
Hace unas semanas aprobamos la toma en consideración de una proposición de ley de Esquerra Republicana para repensar, de alguna manera, la Ley de Cadena Alimentaria, que ha tenido críticas por parte de todos los partidos políticos y se ha visto que tiene algunos elementos que se pueden mejorar.
Por tanto, ya que tenemos abierta también la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria, yo sí separaría, simplemente por hacer que esta ley sea una ley concreta y eficaz, y que esté relacionada al máximo posible con las cuestiones relativas al desperdicio. Dejaría los temas más relacionados con la cadena alimentaria para más adelante.
Cuando acabemos la ponencia de la Ley de Desperdicio, iremos a la de Cadena Alimentaria, y después tendremos otras más, como la de Agricultura Familiar, que también parece que posiblemente en el siguiente período de sesiones también se abrirá.
IVA AL 0% EN LAS DONACIONES
P: La pasada legislatura la oposición logró aprobar una enmienda para extender a todas las donaciones la exención del IVA y ahora varios grupos llevan la medida como enmienda. ¿Qué valoración hace Sumar de esa propuesta? ¿Está dispuesto a aceptarla?
R: Estamos en un momento en el que empieza la ponencia y negociaremos todas las enmiendas.
En principio, si realmente queremos apostar porque esta ley realmente tenga una aplicación práctica y real, y queremos apostar también por la donación de alimentos, creo que tiene sentido rebajar también el IVA en este tipo de donaciones. De entrada negociaremos, pero vemos con buenos ojos esta enmienda.
P: Muchas gracias por venir a hablar con Demócrata.
R: Un placer y a vuestra disposición.
Puedes ver en este enlace la entrevista completa de Álex Moreno a Àgueda Micó, portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso
