QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Sin valor legislativo, pero con un alto componente simbólico, la oposición derrotó al Gobierno para exigirle frenar el cierre programado de centrales nucleares y facilitar medidas que aseguren su viabilidad económica.
Las propuestas son parte de una proposición no de ley (PNL) defendida por el PP y que fue apoyada este miércoles en el Pleno del Congreso por Vox, con la abstención de ERC y Junts.
El texto aprobado por la Cámara exige al Gobierno extender la vida útil de las centrales existentes y facilitar su sostenibilidad económica. También plantea la evaluación, por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de Red Eléctrica, del impacto que supondría el cierre de las centrales ya previsto de forma escalonada, hasta 2035, y de sus implicaciones en la garantía de suministro.
Los populares defienden mantener las instalaciones por la estabilidad que proporciona esta tecnología, ante la intermitencia propia de las energías renovables y el aumento de la demanda que exige la descarbonización, amén de la emergencia de actividades intensivas, como los centros de datos.
Se apoyan en que la propia Comisión Europea ha reconocido a la nuclear como tecnología de respaldo a las renovables en su hoja de ruta energética. Al mismo tiempo, acusan al Gobierno de propiciar con el cierre de instalaciones una mayor dependencia del gas, particularmente del importado desde Rusia.
Apoyo de Vox y abstención de Junts y ERC
Vox apoyó la propuesta. No así Junts, que en todo caso facilitó la aprobación de la iniciativa con su abstención. Durante el debate, este martes, la diputada Pilar Calvo (Junts) reconoció su preocupación por el cierre de unas centrales que, a día de hoy, generan más del 50% de la energía en Cataluña —tres centrales se localizan en la provincia de Tarragona: Ascó I, Ascó II y Vandellòs II—.
“No podemos prescindir de la energía que nos proporcionan las nucleares sin recaer en nuevas dependencias o asumir riesgos de falta de suministro”, afirmó Calvo, tras apuntar que el auge renovable no ha cubierto hasta ahora el aumento de la demanda y no hay garantías de que vayan a hacerlo.
Junts no se quedó sola en la abstención: ERC subrayó que no defiende alargar la vida de las centrales, pero rechaza “un cierre improvisado que ponga en peligro la vida en el territorio”. Su diputado Jordi Salvador trasladó las “condiciones innegociables” del grupo para respaldar el calendario: “garantía real” de transición hacia las renovables, un plan de reindustrialización en las comarcas y protección laboral “sólida” para los trabajadores afectados por el cierre.
Ninguna empresa quiere seguir, dice el Gobierno
La ofensiva para defender el mantenimiento de las centrales no se limitó esta semana al Congreso. En el Senado, la propia vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, encaró una interpelación dirigida por Vox.
“Ni abrimos ni cerramos las centrales. Son las empresas las que deciden construirlas, operarlas y mantenerlas o no mantenerlas”, subrayó la vicepresidenta, asegurando que ninguna eléctrica ha mostrado interés alguno por ampliar la vida útil de las centrales.
Frente al interés de la oposición por rebajar sus costes, Aagesen invitó a Vox y al PP a pronunciarse respecto a si asumirían desde el Estado el coste de gestión de los residuos activos, que cifró en 20.000 millones, pues ello justifica la tasa que abonan las eléctricas a Enresa.
La vicepresidenta defendió que la propuesta del Gobierno está en la línea de todos los países, que no es otra que la de apostar por las energías renovables, la fuente “más barata y eficiente de producir energía”.
