El Gobierno ha aprovechado la tramitación del proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario para ampliar la normativa de los bancos de pruebas regulatorios de la Ley de Ciencia, Tecnología e innovación.
La enmienda, registrada por el PSOE y a la que ha tenido acceso Demócrata, habilitaría a los ayuntamientos a impulsar proyectos de experimentación como los regulados en esta norma y también permitiría el desarrollo de pruebas sin ninguna vinculación con el sector público.
La propuesta amplía los supuestos de este tipo proyectos I+D+i, que hasta ahora la Ley 14/2011 contempla de forma genérica como bancos de prueba regulatorios, para distinguir espacios controlados de prueba, bancos de prueba y laboratorios vivientes.
Las dos últimas figuras ‘nacen’ sin las exigencias contempladas hasta ahora para cualquier banco de prueba regulatorio sobre cláusulas de confidencialidad, derechos de propiedad industrial e intelectual o un sistema de garantías e indemnizaciones a definir en un protocolo específico.
Espacios controlados de prueba
Estas previsiones sí que se mantienen para los espacios controlados de prueba, que deben contar con la cooperación de las autoridades al permitirse en ellos una flexibilización o suspensión de la normativa bajo una serie de condiciones, con el fin de probar nuevas ideas, productos, modelos de negocio y servicios en un entorno controlado.
Todo ello bajo la supervisión de la autoridad competente, y durante un tiempo y espacio limitado. La propuesta del PSOE en su enmienda es aplicar a este tipo de espacios la normativa prevista en la Ley de Startups, que establece una serie de principios. El sector financiero ya cuenta con proyectos de innovación tecnológica del sector financiero, la Ley 7/2020 para la transformación digital del sistema financiero o Ley del ‘sandbox’ financiero.
Bancos de prueba
En el caso de los bancos de prueba, quedarían definidos como aquellos proyectos orientados al desarrollo y escalado de productos y servicios innovadores, desarrollados en infraestructuras físicas o digitales y que no requieren una flexibilización de la normativa.
El PSOE explica en la justificación de su enmienda que estos bancos de pruebas (o ‘testbeds’) no exigen un vínculo directo con la regulación, a diferencia de los espacios de prueba, por centrarse en tecnologías con algunos servicios de consultoría y asesoramiento sobre aspectos regulatorios. Son utilizados para desarrollar, probar y ampliar innovaciones en un entorno dedicado
Laboratorios vivientes
Por último, los laboratorios vivientes (o ‘living labs’) integran la participación ciudadana durante todo el desarrollo del proyecto. Se trata de bancos de pruebas abiertos a la ciudadanía y a las comunidades de uso, que pueden participar en estos proyectos experimentales.
El PSOE explica que el objetivo de estos laboratorios es explorar el efecto de las innovaciones en los usuarios y calibrar mejor los requisitos.
Entidades locales y participación 100% privada
La reforma se completa con otras modificaciones, como por ejemplo permitir el despliegue de estos proyectos de experimentación a las entidades locales, ya que hasta ahora únicamente se contemplaba que fueran impulsados por la Administración central o las comunidades autónomas.
También se acaba con la obligatoriedad de que los proyectos estén vinculados a infraestructuras científico-tecnicas de titularidad pública. La nueva redacción prevé su vinculación «preferentemente a actividades científico-técnicas o innovadora», pero no refiere nada de su titularidad.
Ayudas de estado y proyectos de políticas públicas
Otra novedad es la previsión para que estos espacios de experimentación puedan ser consideradas ‘infraestructuras de ensayo y experimentación’ en el marco europeo sobre ayudas estatales de I+D+i.
Finalmente, se contempla el desarrollo de proyectos piloto centrados en la experimentación de políticas públicas, con el fin de generar evidencias para el diseño, puesta en marcha, ejecución y evlauación de políticas y servicios prestados por las administraciones públicas.