QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La petición de los socios habituales del Gobierno para que Moncloa recupere los informes de impacto medioambiental para macroproyectos de energías renovables no surte efecto. El Ejecutivo los suprimió en el último real decreto anticrisis para agilizar el impulso de las renovables y no tiene pensado recuperarlos a pesar de que varias formaciones aliadas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Más País, BNG o EH Bildu, incluido el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, urgen a ello.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán Fernández, compareció el pasado miércoles ante la comisión de Transición Ecológica para dar cuenta del procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energía renovables de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 20/2022. Se mostró más que satisfecho por los datos obtenidos y, a su juicio, son un claro indicador de que el nuevo sistema está funcionando. Es por ello por lo que, según fuentes del Gobierno consultadas por Demócrata, no se plantean dar cumplimiento a las peticiones de los socios de eliminar los artículos 22 y 23 del sexto paquete anticrisis.
“No se reducen los requisitos medioambientales”, afirmó el secretario de Estado. Comenzó su intervención incidiendo en que la nueva normativa no afecta a proyectos ubicados en superficies de la Red Natura 2000; en espacios naturales protegidos, los ubicados en medio marino o los que construyan líneas aéreas de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km.
Asimismo, recordó que los promotores deberán aportar de modo sintético un informe con las principales afecciones sobre la Red Natura 2000 y espacios protegidos; afecciones sobre la biodiversidad, en particular especies protegidas o amenazadas; vertidos a cauces públicos o al litoral; generación de residuos; utilización de recursos naturales; patrimonio cultural; incidencia socio-económica sobre el territorio; y las afecciones sinergias con otros proyectos situados a 10 km o menos en parques eólicos, a 5 km en plantas fotovoltaicas y a 2 km respecto de tendidos eléctricos. En base a todo esto, los organismos competentes pueden ser desfavorables o, aún siendo favorables, se incorporan condiciones para la construcción del proyecto, afirmó Morán.
Datos y argumentos
Sus argumentos no satisficieron a los diputados allí presentes. Uno de los más descontentos y que, desde el principio, lidera la cruzada, es Néstor Rego, del BNG. El gallego lamentó que el Gobierno no puede negar que los artículos 22 y 23 suprimieron los informes de impacto, lo que supone “auténtica barra libre para las empresas energéticas”. “El Gobierno promueve e incentiva la puesta en marcha de nuevos parques eólicos y macroparques, eliminando requisitos como la Declaración de Impacto Ambiental, y limitando la exposición pública y la posibilidad de denuncias por parte de los afectados”; dijo, abundando en que provocará “más impacto ambiental, más daño al patrimonio histórico, ocupación de tierras para la producción agropecuaria y destrucción del sustento de miles de personas”.
En la misma tónica se movió el diputado morado Juantxo López de Uralde. El también líder de Alianza Verde (que se integra en Unidas Podemos), censuró que “las cosas hay que hacerlas bien” porque “si se hacen mal, se genera una posición que frena el desarrollo” de las energías renovables. Considera que los artículos 22 y 23 “no ayudan” y “favorecen a los malos y perjudican a los buenos”.
RADIOGRAFÍA DE LOS EXPEDIENTES De los 118 expedientes resueltos, solo 35 han obtenido una declaración favorable. 30 han sido inadmitidos por deficiencias en los proyectos. 35 han sido desistidos por parte de los propios promotores. 18 han obtenido la declaración desfavorable
Ante esto, Hugo Morán recurrió a unas cifras irrefutables. Bajo la legislación del antecitado real decreto, se han tramitado un total de 130 expedientes, de los cuales 118 ya han sido resueltos. 35 han tenido una valoración favorable, 30 han sido inadmitidos por deficiencias en los proyectos, 35 han sido desistidos por parte de los propios promotores y 18 han obtenido la declaración desfavorable. En suma, únicamente 35 de 118 han cosechado declaraciones favorables, por lo que, a juicio del secretario de Estado, “no hay ningún elemento con el que pudiésemos concluir que esta norma ha abierto las puertas a la permisividad medioambiental”. “La agilización del procedimiento establecido en el real decreto en ningún caso menoscaba las exigencias medioambientales”, aseveró, concluyendo que “se agilizan procedimientos sin rebajar garantías”.
Enmiendas y PNL
Opinión diametralmente opuesta tienen los socios, que continúan con su agenda de enmiendas y PNL. El PSOE aceptó tramitar el real decreto como Proyecto de ley para que otros grupos “puedan contribuir planteando sus enmiendas”. Y así lo han hecho. Según avanzó en exclusiva Demócrata, Más País registró dos enmiendas para suprimir los artículos 22 y 23 y recuperar los informes de impacto ambiental. Los morados, en concreto Juantxo López de Uralde, está ultimando sus modificaciones, que registrarán en los próximos días. Pedirán, únicamente, la supresión de los dos artículos antecitados.
A Más País y Unidas Podemos habría que sumarle las maniobras del resto de aliados, Esquerra Republicana de Catalunya, Bildu, Compromís, BNG y CUP que, junto con Íñigo Errejón, registraron a principios de febrero una Proposición no de ley urgiendo al Ejecutivo a retirar los artículos en cuestión. Desde Más País aseguran a Demócrata que su objetivo es presentar un plan más elaborado y con más tiempo de trabajo para acelerar el proceso de las renovables, incidiendo, entre otras cosas, en la ampliación de plantillas para aprobar los proyectos. Sin embargo, lo urgente es recuperar la obligatoriedad de los informes de impacto medioambiental. Un objetivo compartido con ERC, Bildu, Compromís, BNG y CUP y que plasmaron en su PNL.
Ninguna de estas acciones legislativas tendrá recorrido. La ministra de Transición Ecológica. Teresa Ribera, fue preguntada al respecto por Néstor Rego, del BNG, en una sesión de control. Y fue taxativa: “No eliminamos nada. Se mantiene el rigor medioambiental”, aseguró. Expuso que no se tramitará ningún procedimiento sin una garantía o un permiso de acceso para evacuar toda esa electricidad generada y apostó por unos procedimientos más agilizados y rápidos, pero con requisitos tales como “que no sean espacios marítimos, líneas de más de 15 kilómetros, líneas aéreas, que no afecte a superficies con figuras de impacto ambiental” y, siempre, con un resumen de impacto que será vigilado por los expertos. Porque “más agilidad no está reñido con la protección ambiental”.
