QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
A finales de año, el Gobierno aprovechó el decreto-ley con la prórroga de la respuesta económica a la crisis de precios para introducir cambios en la normativa energética.
Entre ellos, ampliaciones de plazo para la tramitación de nuevos proyectos de generación de energía renovable, pero también novedades en el acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, con el fin de evitar un acaparamiento de permisos, introducir más competencia y favorecer el autoconsumo.
El propio Ejecutivo reconocía en el decreto el incremento en las peticiones de acceso a las redes para conectar nuevos consumos y la necesidad de actuar para evitar un uso especulativo de los mismos, teniendo en cuenta que no existía una definición clara de su caducidad.
De fondo, el fantasma provocado por el ‘boom’ de las instalaciones para generar energía de origen renovable, que obligó al departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera a tomar cartas en el asunto.
Las principales solicitudes para nuevos consumos son, según el Gobierno, instalaciones de producción de hidrógeno, centros de procesamiento de datos e instalaciones de almacenamiento.
Con el fin de evitar una situación similar a la provocada con las instalaciones de generación en su día, Transición Ecológica replicó un sistema de garantías económicas para los promotores de grandes instalaciones de demanda al solicitar los permisos, y un plazo de caducidad de los mismos en caso de no haber formalizado un contrato de acceso por una potencia determinada.
Umbral de potencia a contratar
Concretamente, se exige que, a partir del otorgamiento del permiso de acceso, los promotores contraten en los primeros cinco años potencia por al menos un 50% de la capacidad de acceso concedida en el permiso en el período P1 (hora punta).
Ahora, el Gobierno se muestra dispuesto a rebajar las exigencias contenidas en el decreto-ley respecto a las garantías económicas, las exigencias administrativas y la potencia contratada para evitar la caducidad de los permisos. Así se desprende de las enmiendas registradas por el PSOE al proyecto de ley derivado de este decreto-ley. Tras aprobar su convalidación, el Congreso aprobó también su tramitación como proyecto para poder introducir cambios a través de enmiendas.
En el caso de la potencia contratada para evitar su caducidad, el PSOE mantiene este umbral pero plantea como alternativa que la potencia contratada sea en el período P6 y sea al menos el 80% de la capacidad de acceso concedida. El período P6 es un tramo de consumo valle, de menor demanda al estar ubicado entre las 00 y 8 horas, y todos los festivos y fines de semana.
El PSOE explica en su enmienda que, con el fin de ahorrar costes de su producción, grandes consumidores industriales desplazan su consumo a períodos valle, una operación que beneficia el funcionamiento del sistema eléctrico al disminuir la punta de potencia del sistema y elevar el consumo en valle.
Por tanto, justifica el cambio en la necesidad de ofrecer una alternativa para acreditar que el promotor hace uso de la capacidad de acceso y en incentivar que los grandes consumidores industriales sigan optando por este perfil de consumo.
Garantías económicas para solicitar permisos
Este umbral de potencia contratada –50% en P1 y 80% en P6 de la capacidad de acceso concedida– se fija también para eximir o no de presentar garantías económicas a los promotores de grandes instalaciones de demanda que ya tengan concedidos sus permisos. Para los nuevos proyectos, las garantías han de presentarse antes de solicitar los permisos de acceso y conexión.
El decreto-ley fija las garantías para instalaciones de demanda en 40 euros/kW solicitado –la misma cuantía que se fijó para las instalaciones de generación–. En el caso de las instalaciones de almacenamiento, las garantías se quedan en 20 euros/kW solicitado.
Por tanto, una instalación de almacenamiento que consuma y vierta energía a la red está obligada a presentar garantías por 40 euros por kW de potencia de generación instalada, y de 20 euros por kW de capacidad de consumo solicitada.
Ahora el PSOE plantea eximir de la presentación de garantías a las instalaciones de almacenamiento que puedan vertir energía en la red si ya presentan o han presentado garantías para obtener los permisos de instalaciones de generación.
La formación mayoritaria del Ejecutivo defiende la medida como incentivo al almacenamiento y evitar una duplicidad que pueda penalizar su despliegue.
Unificar hitos administrativos
No es la única medida prevista por esta formación para evitar duplicidades en la tramitación de proyectos de almacenamiento y simplificar el proceso.
Otra de sus propuestas es que a estas instalaciones únicamente se les apliquen los hitos previstos para los proyectos de generación y que su continuidad dependa de la vigencia o caducidad de los permisos de acceso y conexión de generación de las instalaciones.
En el caso de que estos permisos de acceso y conexión de generación caduquen, los permisos y acceso de demanda asociados a la instalación caducarán automáticamente.
