QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha registrado varias enmiendas al Proyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Entre las modificaciones que plantean los de Alberto Núñez Feijóo, destacan la rebaja del umbral de dos millones para considerar un accidente como “grave”; agilizar tanto el inicio de las investigaciones como los informes; que el personal investigador de la Autoridad no pueda ser requerido por órganos judiciales; y que el organismo pueda formular propuestas concretas.
Menos de dos millones
La Autoridad investigará los accidentes ferroviarios graves y podrá decidir si investiga otros accidentes de menor grado o incidentes que, en otras circunstancias, podrían haber provocado accidentes graves.
La iniciativa establece que se entenderá como accidente grave, y por tanto, susceptible de investigación, “la colisión o el descarrilamiento de trenes que cause al menos una víctima mortal o cinco o más heridos graves o grandes daños”.
El umbral económico para el último de los supuestos se ha cifrado en dos millones de euros, teniendo en cuenta el material rodante, la infraestructura y/o el medio ambiente.
En este sentido, los populares sugieren eliminar el límite económico en daños para que sea considerado como “accidente grave” y sea investigado automáticamente por la Autoridad. Explican que “nos parece un error” y “consideramos más adecuada una definición genérica y menos casuística”.
También se considerará accidente grave cualquier incidente ferroviario que pudiera afectar a la seguridad de las operaciones ferroviarias.
Personal investigador
El proyecto de ley del Ejecutivo permite que los órganos judiciales encarguen informes periciales a la Autoridad, aunque esta podrá presentar las alegaciones oportunas, teniendo el órgano judicial la última palabra.
Al respecto, el PP propone que el personal investigador de la Autoridad no pueda ser requerido por los órganos judiciales para emitir informes periciales sobre accidentes o incidentes sobre los que investigue o haya investigado.
Alegan que, así, se garantizaría la independencia de la investigación técnica del personal de la Autoridad, de las actuaciones que realicen los órganos judiciales. Matizan, no obstante, que dicha exclusión debe siempre respetar el artículo 118 de la Constitución Española, que obliga a cumplir las sentencias y resoluciones de jueces y tribunales y colaborar con la Justicia.
Más impacto
El PP sugiere que, además de Aprobar la Memoria Anual, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil pueda proponer al Gobierno y/o a las Cortes Generales iniciativas, acciones o regulaciones para mejorar la seguridad del transporte.
La considera necesario que, al margen de las recomendaciones concretas que pueda hacer el organismo en casa accidente o incidente, pueda formular propuestas más completas y amplias.
Agilidad
La iniciativa establece que el procedimiento de investigación técnica se iniciará de oficio en el plazo máximo de dos meses a contar desde la notificación de la Secretaría General. El PP urge a suprimir dicha referencia para que comience “tan pronto ésta tenga conocimiento del accidente”.
El Grupo Popular esgrime que, en los accidentes en general, pero particularmente en los de aviación civil, es fundamental que la investigación se inicie a la mayor celeridad posible ya que retrasar el inicio podría conllevar la pérdida de evidencias y, de facto, que la investigación se viciara en origen.
Asimismo, y en sintonía con la antecitada enmienda, proponen el plazo del que dispone la Autoridad para publicar el informe, 12 meses, pueda ser ampliado por periodos de seis meses, no de otros 12 como establece el proyecto de ley. El propósito es el mismo: agilizar las investigaciones.
