QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Segundo intento de la legislatura para reformar la Ley del Suelo. El PSOE vuelve a presentar una reforma para evitar la nulidad de pleno derecho de planes urbanísticos por cualquier defecto, pero esta vez a través del grupo parlamentario y de mano del PNV.
La formación mayoritaria del Gobierno ha sumado a los ‘jeltzales’ para registrar en el Congreso una proposición de ley con la misma reforma que en mayo el Ejecutivo decidió retirar para evitar una derrota en su primera votación.
La iniciativa, eso sí, contiene cambios para respetar las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación territorial en cuanto al contenido de los planes urbanísticos y la posibilidad que da la norma de modificar o sustituir planes que adolezcan de vicios. La propuesta pactada deja en manos de la legislación autonómica la determinación de estas cuestiones.
¿Qué regula la reforma?
El objetivo principal es evitar que cualquier defecto de forma o de procedimiento implique la anulación total de un plan general de ordenación urbana y la de todos los actos administrativos que lo desarrollan, como ocurre ahora.
Para ello, se distingue una serie de supuestos que sí conllevarían la nulidad, permitiendo que cualquier otro pueda ser subsanado en el plazo de un año, prorrogable otros seis meses.
También se acotan las consecuencias de una anulación, al permitir anulaciones parciales –cuando el vicio causante pueda acotarse a un ámbito territorial o afecte a preceptos sin relevancia con el resto del plan– y se evita la nulidad en cascada al salvar actos o disposiciones sin relación directa con la causa de la anulación.
Acompañando a estas medidas, la reforma limita la capacidad para recurrir los planes urbanísticos administrativa y judicialmente, ya que sólo permitiría actuar contra aspectos materiales o sustantivos del plan, y sólo ante vicios formales si se acredita una relevancia e influencia significativa sobre aspectos materiales.
También limita la posibilidad de ser reconocido como parte interesada a aquellas que hayan iniciado el procedimiento y fija un plazo máximo de cuatro años para poder recurrir los planes de forma indirecta (cuando se impugnan a través del recurso de un acto administrativo derivado del plan), que sólo se podrían basar en vicios de ilegalidad material. Impugnar un vicio formal o de procedimiento sólo sería posible así de forma directa, con un plazo mucho menor.
La reforma también altera el régimen de permisos de determinadas actuaciones urbanísticas, al reducir los supuestos en los que opera el silencio negativo. Pasan a tramitarse en silencio positivo –vía libre cuando no hay respuesta de la Administración en el plazo previsto– las obras de edificación de nueva planta cuando sea vivienda protegida y actuaciones que se proyecten sobre suelos en situación de urbanizado (no rural), como movimientos de tierras, explanaciones, construcciones e instalaciones de nueva planta o la ubicación de casas prefabricadas.
Finalmente, la refroma regula en la Ley del Suelo y en la Ley de Expropiación Forzosa la posibilidad de cancelar el derecho de reversión de aquellas personas afectadas por expropiaciones para acometer desarrollos urbanísticos una vrz transcurran 30 años y bajo determinados supuestos.
Reforma retirada por el Gobierno
El pasado 23 de mayo, el Gobierno decidió retirar el proyecto de ley con esta reforma ante la posibilidad de que el Congreso tumbara la propuesta en su primera votación, la de las enmiendas de totalidad.
Podemos, Esquerra Republicana y Junts habían registrado enmiendas exigiendo la devolución del proyecto, lo que dejaba el futuro de la iniciativa en manos del PP.
Los ‘populares’ no veían con malos ojos la iniciativa, que ha sido reclamada de forma insistente por comunidades y ayuntamientos de todo signo y cuyos trabajos llegó a iniciar el último Gobierno de Mariano Rajoy.
Su responsable en materia de Vivienda, la senadora Paloma Martín, había anticipado en las enmiendas parciales, dando por hecho la tramitación de la reforma, y desde Vivienda sostienen que hasta la semana de antes habían negociado cambios concretos.
El debate, sin embargo, llegó en el arranque de campaña de las elecciones catalanas y en una semana en la que el PP había tumbado otra propuesta legislativa del PSOE para actuar contra el proxenetismo –y que en la anterior legislatura había apoyado–. La tentación de hacer caer otra propuesta y debilitar al Gobierno llevó a los de Alberto Núñez Feijóo a frenarla.
El Ejecutivo prefirió ahorrarse una nueva derrota, la segunda legislativa de la semana, y retiró el proyecto, que no contaba siquiera con el respaldo unánime en la coalición. Sumar, que expuso sus discrepancias cuando la propuesta fue enviada al Congreso, también amagó con bloquearla.
