La reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana afrontará su primer examen parlamentario contra tres enmiendas a la totalidad. Esquerra Republicana y Junts registraron este miércoles sendas enmiendas solicitando la devolución del proyecto, sumándose así a Podemos que anunció la suya un día antes del cierre de plazo.
Se trata de tres de los socios que el pasado noviembre invistieron presidente a Pedro Sánchez.
De mantener su rechazo a la tramitación de la iniciativa, el Gobierno necesitaría la aquiescencia del PP o Vox para superar la votación de totalidad. Sin el apoyo o la abstención de al menos uno de ellos la propuesta decaería por no gozar de una mayoría suficiente.
El proyecto, remitido al Congreso el pasado marzo, busca habilitar la anulación parcial de los planes generales urbanísticos para evitar que estos decaigan por defectos de forma, limita la capacidad de impugnación de estos planes y también aprovecha para modificar otros preceptos urbanísticos.
La intención del Ejecutivo es acelerar la tramitación del proyecto y aprobarlo en los próximos meses, a diferencia del grueso de que esperan en la Cámara: el parón legislativo desde la convocatoria electoral en Cataluña es prácticamente total.
El cierre del primer plazo de enmiendas, el de totalidad, pilló a los socios a contrapié. «Ha sido una desagradable sorpresa«, comentaban este miércoles en ERC. A primera hora de la mañana no habían decidido aún si presentar o no enmienda a la totalidad.
ERC critica «falta de transparencia»
Finalmente, los de Gabriel Rufián registraron su enmienda, justificada en el rechazo del Gobierno a incorporar las consideraciones esenciales presentadas por la Generalitat de Catalunya, pero también a «la falta de transparencia» en la preparación del proyecto, tanto con la Generalitat como con .
Esquerra avisa en su iniciativa que si el Gobierno quiere contar con su apoyo «deberá escuchar y acoger las demandas republicanas respecto a eventuales invasiones competenciales y las posibilidades de nuevas conquistas de derechos sociales«.
Junts: «Una extralimitación inaceptable»
Junts, por su parte, recuerda que las competencias de urbanismo están reconocidas como competencia exclusiva en el Estatut d’Autonomia, y no figuran entre las competencias exclusivas del Estado que recoge la Constitución.
En esta formación ven «una extralimitación inaceptable» que el Ejecutivo invoque la garantía de igualdad de todos los españoles para justificar su propuesta y destaca que el Tribunal Constitucional estableció en su momento que este título «no impone la uniformidad de regulación de derechos y deberes» ni tampoco «debe ser entendido como una prohibición de divergencia autonómica» (STC 61/1997).
Según sostiene Junts, la legislación estatal no puede imponer una igualdad absoluta en materia urbanística ni de ordenación del territorio, deshabilitando la capacidad normativa de la Generalitat en una competencia exclusiva de esta.