QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Con 149 votos a favor de los 253 votos emitidos, 96 en contra y 8 abstenciones, la Proposición de Ley (PL) por la que se reforma la fiscalidad del sector primario, presentada por el Grupo Popular, ha superado su toma en consideración en el pleno del Senado. Se trata de la vigésimo tercera iniciativa legislativa del PP que la Cámara Alta remite al Congreso en esta legislatura. Todas las anteriores permanecen paralizadas en comisión por decisión de la Mesa de la mayoría de PSOE y Sumar en la Cámara Baja, con sucesivas ampliaciones de los plazos para registro de enmiendas.
La PL ha llegado al Pleno pese a la oposición del Ejecutivo. Desde La Moncloa mostraron su disconformidad con la tramitación de la iniciativa al considerar que afecta a los ingresos presupuestarios. La Mesa de la Cámara, con mayoría del PP, desatendió la potestad constitucional del Gobierno por entender que no está fundamentada.
Otra PL con apoyo de PP y Junts
PP, Vox, Junts y la Agrupación Socialista Gomera se han mostrado abiertamente partidarios, mientras que el PNV aunque no se ha opuesto a la tramitación se ha decantado por la abstención. Solo el PSOE, ERC y EH Bildu se han situado en el «no», alegando que la medida del PP nacía de un «diagnóstico catastrofista».
Con su propuesta, el PP ha llevado a debate al Senado la fiscalidad en la agricultura, ganadería y pesca. En palabras de su portavoz de Presupuestos y presidente de la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el senador designado por las Cortes Valencianas Gerardo Camps, el texto tiene por objetivo actualizar los umbrales de tributación, y considerar los rendimientos agrarios en un periodo de tres años «para reflejar la verdadera capacidad económica de nuestras explotaciones».
Entre las medidas incorporadas se proponen deducciones en el IVA para inversiones en maquinaria y medios de explotación o no integrar en la base imponible del IRPF y del IS las ayudas directas otorgadas para mitigar fenómenos meteorológicos adversos. También se modifica la ley del IRPF para fijar en 3.000 los euros anuales deducibles en el conjunto de gastos de difícil justificación para titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
«Menos es nada»
En el turno de defensa de la iniciativa, Camps ha definido la proposición no como una reforma fiscal, sino como «un acto de justicia». Una opinión compartida por Ángel Pelayo Gordillo (Vox), que ha asegurado que su voto a favor es un gesto «desde la lealtad con los hombres y mujeres que trabajan la tierra, crían el ganado y faenan en las costas españolas».
A pesar de ver con buenos ojos la propuesta, Gordillo ha puntualizado que para su grupo sigue estando incompleta la respuesta a la crisis estructural que atraviesa el sector primario, como consecuencia de «una administración sorda». «Menos es nada», ha zanjado el senador de Vox.
También en el «sí» se ha posicionado la Agrupación Socialista Gomera. Su senador, Fabián Chinea, ha afirmado que la reforma es «necesaria, oportuna y justa». Su apoyo, no obstante, ha ido ligado a dos reivindicaciones.
Por un lado, que la futura ley contemple la realidad de las pequeñas explotaciones, que Chinea considera el auténtico tejido rural, para protegerles de los vaivenes económicos. «No cotizan en bolsa, pero alimentan nuestras mesas y sostienen el empleo en muchas familias», ha afirmado desde la tribuna. Y por otro, que se tenga en cuenta la realidad de los territorios insulares: «Esperamos una ley que no sea ciega, porque España no es homogénea».
Una mirada catalana
Teresa Pallarés ha sido la encargada de anunciar el voto afirmativo de Junts. Lo ha hecho tras poner de manifiesto los puntos de discrepancia de su formación con la propuesta de los populares, si bien ha reconocido que la PL aborda «problemas importantes como son los costes de producción y la presión fiscal, creemos que no se adapta a nuestro modelo productivo de Cataluña».
Sobre la particularidad catalana, Pallarés ha hecho especial énfasis en la necesidad de establecer clausulas de reciprocidad para Cataluña en los acuerdos comunitarios con otros mercados para hacer frente a la competencia de terceros países y defender así la viabilidad del sector primario.
La idiosincrasia catalana también ha sido el punto de partida del discurso de Jordi Gaseni (ERC). El diputado republicano ha puesto el foco en el futuro del sector y ha señalado que «se construye afrontando retos reales». Finalmente, tanto ERC como EH Bildu se han decantado por el no.
Ni en el fondo, ni en la forma
El Grupo Socialista había dejado constancia de su negativa desde el primer momento, al ser el único en intervenir en el turno en contra. El senador designado por las Corts de Castilla y León, Francisco Díaz, que además se ha despedido de la Cámara Alta —será sustituido por el ex secretario general del PSOE en la comunidad, Luis Tudanca—, ha acusado al PP de hacer «un diagnóstico catastrofista».
A su parecer, la PL popular se salta la regulación comunitaria y estaría obviando cuestiones ya previstas en la normativa: «Por ejemplo, en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, se prevé que casi 850.000 titulares de explotaciones agrícolas no declaran IVA». Desde el Grupo Socialista también han echado en cara a la bancada del PP su voto en contra a otras medidas de respaldo al sector primario.
Por su parte, el PNV se ha manifestado a favor de una fiscalidad específica para el sector. «Entendemos la importancia en pro de defender la soberanía alimentaria», pero ha decidido abstenerse. La senadora por Vizcaya y portavoz de Hacienda del Grupo Vasco, Mª Dolores Etxano, ha señalado que al tratarse de competencias que en la comunidad corresponden a los «territorios forales», de acuerdo con el principio de respeto al ámbito competencial que siempre demandan para la comunidad autónoma, no iban a tomar partido.
