El Gobierno empieza a concretar cómo pondrá fin a las llamadas spam encubiertas. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha sacado a audiencia pública dos resoluciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para decretar qué códigos numéricos tendrán las llamadas comerciales y cuáles se usarán para atención al cliente.
El prefijo 400
El Ejecutivo ha liberado el rango del 400 (NXY) para las llamadas comerciales, de manera que éstas únicamente podrán realizarse desde números de nueve dígitos que empiecen por 400.
Las llamadas comerciales únicamente podrán realizarse desde números de nueve dígitos que empiecen por 400
En ningún caso se podrán utilizar otra numeración: ni números móviles que empiecen por 6 o 7, ni números geográficos (prefijos provinciales). El propósito es facilitar la identificación por parte del usuario final, la supervisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el posible bloqueo por parte de los operadores.
Asimismo, la resolución en audiencia pública recoge que las llamadas al 400 no podrán tener sobrecoste. Se tarificarán como una llamada fija estándar o gratuita, según decida el operador, y nunca implicará precios especiales o adicionales para el usuario.
No confundir con la atención al cliente
La Ley de servicios de Atención al Cliente, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (ya en el BOE), deja claro que se ha de diferenciar entre llamadas de atención al cliente y las de naturaleza comercial.
Mientras la numeración comprendida en el rango 400 se destinará a las llamadas comerciales, habrá una concreta para la atención al cliente: los números de rango NXY de 800 y 900.
Es decir, que de prosperar la iniciativa, los números de nueve dígitos que empiecen por 800 o 900 serán de llamadas de atención al cliente.
Plazo
El antecitado protocolo no será aplicado de forma inmediata. Las resoluciones están en audiencia pública y podrán presentarse alegaciones hasta el próximo 5 de marzo.
Además, en el propio texto da un plazo de cuatro meses desde su entrada en vigor para que la implementación completa y efectiva.