El Gobierno ha arrancado ya el procedimiento normativo para poder desplegar la condonación de parte de la deuda de las Comunidades Autónomas (CCAA) de régimen fiscal común: todas salvo País Vasco y Navarra. El Ministerio de Hacienda ha lanzado la consulta pública previa a la redacción del texto por el que se quiere aliviar la carga financiera de las autonomías por importe total de algo más de 83.000 millones de euros. La consulta es el paso anterior a la elaboración y aprobación del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros.
Para ello, la página web del departamento que lidera la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha habilitado un formulario por el que cualquier persona interesada puede remitir sus observaciones a un mecanismo que se articulará mediante una ley orgánica. Así, la consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las CCAA de régimen común permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. Una semana después, el 6 de junio, se reúne la Conferencia de Presidentes, en Barcelona, con la agenda aún por definir.
El ministerio también permite el envío de sugerencias o documentación sobre este proceso a través de la dirección de correo normativa.sgfal@hacienda.gob.es, identificándose siempre con el nombre de la persona física o jurídica que participa en la consulta, el NIF y dejando un correo electrónico de contacto.
Una excepción en la Ley de Estabilidad
La norma servirá para definir el procedimiento de adhesión y ejecución de la quita. También para concretar qué modalidades de deuda son aptas para su absorción por el Estado, así como los tramos y criterios con los que se cuantificará el grado de rebaja de cada comunidad autónoma que decida acogerse a este mecanismo.
Otro de los aspectos que incluirá el futuro texto es la exención necesaria para que la absorción de deuda no contravenga lo recogido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que en su redacción actual prohíbe que el Estado asuma o responda por los compromisos de CCAA, Entidades Locales y entes públicos, más allá de ofrecer garantías financieras para actuaciones conjuntas «en proyectos específicos» (artículo 8.2).
Con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y con el nuevo marco de gobernanza económica y presupuestaria de la UE, el Ejecutivo pretende que la medida de traspaso de deuda desde las CCAA al Estado «tenga un impacto neutral» sobre la deuda y el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas. Es decir, que la aplicación de la quita se limite a un traspaso de pasivos entre administraciones, pero que en ningún momento requiera un aumento de la deuda pública total para su cumplimiento.
Concluido el plazo de la consulta pública, el Gobierno tiene que aprobar el anteproyecto en Consejo de Ministros, someter la propuesta al trámite de audiencia e información pública para llevarlo en segunda vuelta al Consejo de Ministros, de donde saldrá el texto que se remita a las Cortes. Al tratarse de una Ley Orgánica, el Ejecutivo necesita de mayoría absoluta en el Congreso (al menos 176 votos) y luego levantar el previsible veto o enmiendas que pueda introducir el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.
Articular el acuerdo del Consejo de Política Fiscal
Hacienda pretende con este anteproyecto de ley articular el mecanismo por el que el Estado central asumirá hasta la mitad de la deuda que las CCAA tenían al cierre del ejercicio de 2023 (83.252 millones de euros). Además de la mejora en las cuentas públicas autonómicas, desde el ministerio buscan facilitar la vuelta de cada región a los mercados para obtener financiación. Ese es uno de los argumentos del Gobierno para defender su actuación, «un incentivo para mantener» las finanzas públicas de las comunidades «saneadas», por la necesidad de intentar conseguir los tipos de interés más bajos posibles, como explican desde Hacienda en el texto de la consulta.
La iniciativa de aliviar el pasivo de las CCAA nace de una de las exigencias que ERC impuso en 2023 al PSOE para apoyar una nueva investidura de Pedro Sánchez. El acuerdo cerrado entre socialistas e independentistas catalanes comprometía al Estado a asumir una quinta parte de la deuda entonces contraída por la Generalitat, una vía que desde el Gobierno se aseguró que sería también válida para el resto de comunidades de régimen común.
Finalmente, Hacienda lanzaba en febrero de este año su propuesta de condonación para el conjunto de las CCAA: será de aplicación sobre la deuda adquirida con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o mediante la compra de deuda por parte del Estado a los acreedores para el caso de aquellas comunidades que no tengan contraída deuda con el FLA.
El plan fue trasladado a los gobiernos autonómicos y aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 26 de febrero, con los únicos apoyos del Gobierno, Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha y la ausencia de los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP, que abandonaron la reunión en protesta por lo que consideran un mecanismo cerrado por el Gobierno y ERC.