Si la pasada legislatura fue la de los ERTE, la de la Ley Rider y el teletrabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere que esta sea la de la reducción de jornada y la reforma del despido. Estos son los dos grandes asuntos que prevé su agenda legislativa, que viene marcada desde el acuerdo de Gobierno por varios hitos.
Estas son las reformas que la titular de Trabajo y Economía Social expuso este lunes en su comparecencia ante la Comisión del ramo en el Congreso, a la que acudió para exponer las líneas generales de su mandato al frente del Ministerio esta legislatura.
Reducción de la jornada sin rebaja salarial
Objetivo prioritario de legislatura. El acuerdo de Gobierno prevé la reducción de 40 horas a 38,5 horas este año, con vistas a lograr una jornada laboral de 37,5 horas en 2025. Todo sin reducción salarial y a través del diálogo social. Pero la rebaja se realizará con o sin acuerdo, ha avisado la vicepresidenta.
Esta reforma irá acompañada de cambios en el control del registro horario.
Trabajo recuerda que la duración legal de la jornada permanece en las 40 horas desde 1983, hace ya 40 años, y justifica su reducción para facilitar la conciliación de la vida personal con el trabajo y un reparto “más equilibrado” con el tiempo de cuidados, formación, ocio o participación social. También para mejorar la productividad .
Actualización del Estatuto de los Trabajadores
La vicepresidenta ha anunciado que en las próximas semanas convocará una comisión de expertos para iniciar los trabajos de actualización del Estatuto de los Trabajadores, una norma que data de 1980 y que espera renovar en “un Estatuto del siglo XXI”.
El objetivo, ha dicho Díaz, es poner el trabajo en el centro de la regulación jurídica y garantizar un conjunto de derechos mínimos comunes de las condiciones laborales y de protección social, ante las transformaciones en el mundo del trabajo y la dispersión jurídica de actividades productivas y no productivas.
En esta actualización deberá contenerse la reforma del artículo 41, dedicado a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. El acuerdo de Gobierno prevé un refuerzo de las garantías de los trabajadores ante estas modificaciones, una revisión de las causas (sólo podrán acometerse en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa) y la garantía de su reversibilidad.
Este fue uno de los principales puntos de la reforma laboral de 2012, que allanó las posibilidades de las empresas de alterar unilateralmente los salarios o la distribución de la jornada de los trabajadores. Ello propició un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo y, sobre todo, debilitó la posición negociadora de los trabajadores.
PSOE y Unidas Podemos ya incluyeron este asunto en su programa de Gobierno en 2019, sin que finalmente llegara a abordarse. Entonces se mencionó la reversibilidad y la revisión de sus causas, como ahora. En esta ocasión no se garantiza su carácter negociado (el programa de 2023 habla de ‘priorizar’ la negociación).
Esta actualización también afectará a la regulación del despido.
Reforma del despido
Trabajo prevé la reforma de la regulación del despido con el fin de asegurar una indemnización suficientemente reparadora, independientemente de los días trabajados, y disuasoria en los despidos injustificados. “Lo que cuestiona el espíritu de la legislación europea es que no se puede saber con anticipación el valor de esa indemnización”, alega Díaz.
Ante sentencias que han obligado a elevar el mínimo legal en casos en los que la indemnización era anecdótica por falta de antigüedad, todo apunta a un refuerzo de la cuantía atendiendo a una serie de criterios. Pese a que Díaz no ha dado detalles, desde Sumar apuntan a las circunstancias personales del trabajador afectado y a la capacidad económica de la empresa.
La reforma se prevé en el acuerdo de Gobierno con el fin de cumplir con la Carta Social Europea. Ahora mismo España está denunciada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por UGT y CCOO por la cuantía de la indemnización por despido improcedente.
Sin embargo, la vicepresidenta ha asegurado que esta reforma es independiente del resultado de este litigio, ya que se recoge en el acuerdo de Gobierno. Precisamente, ha justificado no haber abordado su reforma en la anterior legislatura por no haberlo podido acordar entonces con el PSOE.
Además de la cuantía de la indemnización en el despido por despido improcedente, Trabajo reformará las causas del despido objetivo para reforzar los motivos que lo justifican y eliminará “cuanto antes” el despido automático de personas con discapacidad sobrevenida.
Participación de los trabajadores en las empresas
Trabajo quiere impulsar una regulación para desarrollar el mandato constitucional del artículo 129.2 de la Carta Magna, sobre promoción de las formas de participación en las empresas, el fomento de las sociedades cooperativas y el acceso de los trabajadores a la propiedad de las sociedades.
La vicepresidenta ha reivindicado un cambio en la organización de las empresas medianas y grandes y “transitar hacia empresas transparentes y participadas”. Considera que se trata de una cuestión de calidad democrática, pero también de eficiencia, y pone el ejemplo alemán de cogestión.
“Nadie mejor que un trabajador para defender a su empresa”, ha esgrimido Díaz, preguntándose por la decisión que tomaría un consejo de administración ante una posible deslocalización.
Reforma del subsidio de desempleo
Se trata de la reforma contenida en el derogado Decreto-ley 7/2023. Tras el rechazo del Congreso, Trabajo llevará su contenido al diálogo social en busca de un acuerdo con sindicatos y patronal.
Además de novedades ya contenidas en la reforma –compatibilidad con el trabajo, eliminación del mes de espera desde el agotamiento de la prestación o mejora en la cuantía–, el nuevo decreto-ley también rescatará la prevalencia de los convenios autonómicos cuando estos recojan mejoras de las condiciones de trabajo.
Estatuto del Becario
Pendiente de la legislatura quedó el Estatuto de las personas que desarrollan prácticas formativas no laborales en las empresas, “el mal denominado Estatuto del Becario”, ha dicho la vicepresidenta.
Negociado con patronal y sindicatos y acordado con estos últimos –la patronal se descolgó a última hora–, la reforma no salió adelante por la negativa del PSOE a aprobarlo justo antes de las elecciones del 23-J.
El nuevo estatuto recogerá un catálogo de derechos que aseguren la función formativa de la actividad, impedirán que esta suponga un coste añadido para los estudiantes y tratará de erradicar las prácticas fraudulentas.
Digitalización e Inteligencia Artificial
El Ministerio quiere que el diseño, funcionamiento y evaluación de los algoritmos en la actividad económica forme parte de la negociación colectiva para que los trabajadores participen en estos trabajos.
También garantizar una información clara y sencilla sobre la lógica y el funcionamiento de los algoritmos, y promover la evaluación de su impacto. “La Inteligencia Artificial ha de ser segura, transparente y respetuosa con los derechos de las personas”, ha esgrimido Díaz, previniendo ante su posible uso para vigilar al trabajador o incluso suponer un riesgo para su seguridad y su salud.
Directiva de conciliación
La trasposición de la directiva 2019/1158 sobre conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores permitirá extender los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas y permisos retribuidos para cuidados para remunerar cuatro semanas por hijo a cargo.
Estos cambios se esperan en la futura Ley de Familias, que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales. Los cambios, ha dicho Díaz, también contendrán una mayor flexibilización en el trabajo a tiempo parcial.
Directiva sobre el principio de igualdad retributiva
Se trata de una directiva aprobada el pasado año (2023/970) y contiene medidas de transparencia retributiva, con mecanismos de igualdad, con el fin de evitar situaciones de desigualdad en las empresas.
Actualización de la Ley de prevención de riesgos laborales
Tras el acuerdo con sindicatos y patronal para la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, el Ministerio quiere impulsar la renovación de la Ley de prevención de riesgos laborales, recordando que durante la ola de calor hubo de actualizar la normativa para mejorar la protección de los trabajadores.
Díaz ha aludido en este sentido a la protección de dos actividades en concreto: los servicios de ayuda a domicilio y las empleadas del hogar.
Economía Social
Trabajo quiere aprobar una nueva Ley Integral de impulso de la Economía Social y una nueva Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, además del desarrollo del Perte de la Economía social y los cuidados, que moviliza más de 1.700 millones de euros e implica a diez ministerios.
Derechos LGTBI
Díaz ha avanzado también la apertura de una negociación en el diálogo social para fijar obligaciones a las empresas de más de 50 empleados para evitar la discriminación de sus trabajadores por su orientación sexual e identidad de género.
Estas empresas deberán contar con determinados recursos y prever medidas para garantizar una igualdad efectiva y evitar la discriminación, con protocolos obligatorios para la atención de personas LGTB.