QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En 2003 varios senadores, la mayoría del PSOE, acudieron al Tribunal Constitucional para recurrir la tramitación de dos enmiendas del PP que eran completamente ajenas al contenido de la iniciativa a discusión.
El PP, entonces en el Gobierno con José María Aznar al frente, enmendó la Ley Orgánica complementaria de la Ley de arbitraje para introducir en el Código Penal un nuevo delito, el de convocatoria ilegal de elecciones o consultas populares por la vía de referéndum.
Ocho años después el TC dio la razón a los senadores al considerar que la decisión de la Mesa de no examinar la homogeneidad de las enmiendas con el texto a enmendar, tal y como solicitaron los recurrentes, infringió la legalidad parlamentaria.
Y advirtió ante enmiendas que, como aquellas, adolecían de una «absoluta desconexión» con el texto de la iniciativas: Para poder hacer efectivo el derecho de participación reconocida a los senadores, y respetar su función representativa, se hace imprescindible poder presentar propuestas legislativas, discutir de los temas sobre los que versa ese debate y poder proponer mejoras, y expresar posición mediante su voto.
«Lo que no cabe», razonaba el TC, «es articular un debate de forma que la introducción de más enmiendas haga imposible la presentación de alternativas y su defensa». Es decir, la presentación de enmiendas de un contenido diferente al de la iniciativa impide al parlamentario ejercer sus funciones, al no poder proponer su mejora. Y es que, «por carecer de relación alguna de homogeneidad con el texto enmendado», razona el TC, esta enmienda «suponía en verdad una iniciativa legislativa nueva».
Doce años después de aquella sentencia, veinte desde aquel recurso, es ahora el PP el que se revuelve contra estas enmiendas “intrusas” y el abuso que de ellas ha hecho el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en esta legislatura.
Tanto que el candidato ‘popular’ a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado reformar los reglamentos de Congreso y Senado y excluir expresamente la tramitación de este tipo de enmiendas que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, son contrarias a Derecho por no guardar una conexión de homogeneidad con el objeto material de la norma en tramitación.
¿Y cómo puede ser una enmienda que no guarde relación con el contenido del proyecto o proposición de ley en tramitación? ¿Qué tipo de iniciativas ha aprovechado el Gobierno (y no solo el Gobierno) para tramitar esta legislatura como enmienda a una norma completamente diferente? Estos son algunos de los ejemplos.
El ascenso de Dolores Delgado (Reforma concursal)
El PSOE aprovechó la reforma concursal para subir de categoría al fiscal general del Estado al fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez cese de su cargo. Esta modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal suponía, en la práctica, el ascenso de la exministra Dolores Delgado.
El PSOE retiró meses después la enmienda por falta de apoyos, ya que hasta su socio Unidas Podemos la cuestionaba.
Cambio de mayorías en el Poder Judicial (Reforma de la sedición)
Con el fin de desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional a través del también bloqueado Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno impulsó una reforma para cambiar las mayorías. Lo hizo a través de una enmienda en la proposición de ley para derogar el delito de sedición.
El Congreso aprobó la iniciativa con estas enmiendas, pero el propio Tribunal Constitucional paralizó estas enmiendas, que fueron excluidas del texto que tramitó por el Senado, al aceptar la Cámara Alta la decisión del Alto Tribunal.
Impuesto de solidaridad grandes fortunas (nuevos gravámenes a banca y energéticas)
Otra proposición de ley, esta para crear dos nuevos gravámenes a banca y grandes energéticas, sirvió al PSOE y Unidas Podemos para crear, vía enmienda, un nuevo impuesto, el de solidaridad a las grandes fortunas.
Los grupos no pudieron introducir enmienda alguna y sólo la anticipación del PDeCAT, que antes de registrarse enmiendas se olió la jugada, pudo plantear una alternativa. Las enmiendas no acabaron ahí. También se registraron, y aprobaron, deducciones millonarias para producciones cinematográficas y de series.
Excepción a la morosidad (Autoridad de Defensa del Cliente Financiero)
La noche antes de votar en Comisión la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el Ministerio remitió a los grupos varias propuestas de enmienda. Todas ajenas a la norma: para flexibilizar la prohibición de contratar con empresas morosas, modificar la normativa del PERTE Chip o renovar concesiones de puertos. Esta al final no acabó entrando. Se aprobó esa misma tarde, en el último momento, en otra iniciativa completamente ajena en el Senado.
Sanciones a VTC (Ley contra la morosidad en transporte de mercancías por carretera)
La modificación de la Ley de ordenación de los transportes terrestre (LOTT) para sancionar la morosidad en los pagos a los transportistas dio pie al Gobierno a introducir sanciones y cambios normativos en la regulación de las VTC (vehículo de transporte con conductor).
Sanciones en la Inspección de Trabajo (Ley del teletrabajo)
El Gobierno elevó en el Congreso un 20% las sanciones de la Inspección de Trabajo, y lo hizo con una enmienda a la nueva Ley del teletrabajo.
Regularización de falsos autónomos y el control de la Inspección (Ley de Empleo)
También reformó sobre la Inspección en la Ley de Empleo. Lo hizo para elevar el control en la tramitación de un ERE y agilizar el procedimiento en el alta de falsos autónomos.
Agencia de Supervisión de la IA y directiva de transparencia fiscal (Ley de Startups)
El Gobierno no encontró mejor iniciativa para tramitar la creación de la nueva Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y trasponer la directiva de transparencia fiscal para multinacionales que en una ley que regulaba incentivos para nuevas empresas, la Ley de Startups.
Enmiendas de Podemos al alquiler (PGE 2023)
El socio minoritario del Gobierno presionó al mayoritario en la tramitación de los Presupuestos con enmiendas que se negociaban en la, entonces bloqueada, Ley de Vivienda. El PSOE criticó la ausencia de coherencia normativa y se apoyó en el visto bueno de los letrados para vetar su tramitación.
Ello no evitó que, después, los Presupuestos se enmendaran con otras enmiendas absolutamente diferentes al contenido de las cuentas (y que incluso llegaron a ser vetadas inicialmente para después ser rescatadas con el visto bueno de Hacienda).
Las reformas de Hacienda
Si hubiera una clasificación, el campeón estaría fuera de toda duda. El Ministerio de Hacienda ha sido capaz de registrar como enmienda la trasposición de dos directivas de carácter fiscal (¡que ya estaban registradas como proyecto!) en otro proyecto de una Comisión ajena a la de Hacienda.
También la reforma de todo un impuesto, el de gases fluorados, en una proposición de ley de la Comisión de Industria para publicar estadísticas de la contratación pública con pymes.
O salvar la devolución de ayudas de carácter social en la Ley de Mercado de Valores o en la trasposición de una directiva fiscal. Esta trasposición también fue enmendada para limitar deducciones, aumentar los controles contra el fraude o simplificar la corrección de errores en el pago de impuestos. Y en la Ley de medidas contra el fraude, retocar la práctica totalidad de tributos.
No es sólo cosa del Gobierno
Sería injusto atribuir la exclusiva al Gobierno y los grupos que le dan apoyo, ya que la oposición también ha tirado de esta práctica.
Junts, por ejemplo, ha aprovechado toda iniciativa que reformara el Código Penal (como la reforma del ‘sólo sí es sí’) para tramitar su propuesta de reforma del delito de sedición.
En el caso del PDeCAT, impulsó (y consiguió aprobar) una enmienda a la citada Ley antifraude para revertir la subida prevista en el Impuesto de Matriculación.
Y el Senado aprobó en esa ley una enmienda para rebajar el IVA a los servicios de peluquería y barbería. De nada sirvió ya que la entonces presidenta de la Cámara Alta y ahora ministra de Justicia, Pilar Llop, anuló la votación.
