QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Decreto-ley 8/2023, último representante de la saga de los conocidos como ‘decretos anticrisis’, fue convalidado por el Congreso con el compromiso del Gobierno, como con tantos otros, de tramitarlo como proyecto de ley.
Esta fórmula permite a los grupos plantear cambios en forma de enmiendas, pero la garantía de que puedan llevarse a cabo es nula. La práctica totalidad de decretos para afrontar primero la pandemia y después la crisis energética y de precios la pasada legislatura acabaron tramitándose como proyectos que nunca fueron aprobados.
En este caso, el Gobierno salvó en enero la convalidación de la norma ‘in extremis’ y por apenas unos votos, tras un acuerdo con Junts y Podemos, y el compromiso de impulsar rápido los cambios.
A principios de marzo, PSOE y Sumar pusieron fin a los plazos de enmiendas pero desde entonces nada ha cambiado. Desde el Grupo Socialista asumieron que, en un calendario con citas electorales en abril (Parlamento Vasco), mayo (Parlament de Catalunya) y junio (Parlamento Europeo), alcanzar consensos favorables iba a ser aún más difícil. Su ponencia todavía no se ha constituido y su tramitación está en punto muerto. No sólo esa. Prácticamente toda iniciativa legislativa se ha frenado.
En el caso del Decreto-ley 8/2023, el Gobierno lo planteó como una vía para adelantar medidas propias de los Presupuestos, como la subida de sueldos en el sector público. Dos meses después, el Ejecutivo renunció a presentar cuentas públicas y está por ver cuándo y en qué condiciones se reactiva el proyecto de ley del ‘decreto anticrisis’.
El retraso ha provocado, por ejemplo, que la moratoria antidesahucios pactada hasta 2028 haya estado a punto de caducar –ha sido prorrogada esta semana por el Consejo de Ministros ante el riesgo de que expirara este miércoles 15 de mayo– o que rebajas fiscales previstas hasta junio, como la del IVA del aceite al 0%, no lleguen a aplicarse.
Estas son las modificaciones que los grupos del Gobierno tienen registradas para modificar en el Congreso el ‘decreto anticrisis’:
Subida de sueldo a los empleados públicos
En previsión del retraso a unos nuevos Presupuestos, PSOE y Sumar registraron como enmienda la subida de sueldo a los empleados públicos pactada con los sindicatos de la función pública: del 2% y hasta el 2,5% si el IPC acumulado en los últimos tres años supera el aumento retributivo en este período. (Enmienda PSOE-Sumar)
IVA del aceite, al 0%
Pese a que el decreto-ley rebajaba al 5% el IVA del aceite, el Gobierno pactó con Junts rebajarlo al 0% hasta el 30 de junio. (Enmienda PSOE-Sumar)
Moratoria de desahucios por ejecución hipotecaria
El PSOE pactó con Podemos la prórroga hasta mayo de 2028 de la imposibilidad de ejecutar lanzamientos por ejecución hipotecaria ante supuestos acreditados de especial vulnerabilidad. (Enmienda PSOE)
Reforma Montoro y límite de las bases imponibles negativas
Hacienda incluyó como enmiendas varias modificaciones del Impuesto sobre Sociedades, para recuperar la reforma en este impuesto realizada por el exministro ‘popular’ Cristóbal Montoro en 2016, anulada por el Tribunal Constitucional, y para prorrogar el límite a la compensación por pérdidas de las multinacionales.
En el caso de la ‘reforma Montoro’, se trata de dos medidas: un límite a la compensación de pérdidas por parte de las empresas en el pago de los impuestos (hasta un máximo del 50% de la base imponible para compañías con facturación de más de 20 millones y del 25% para las de más de 60 millones) y un régimen de reversión de deterioros de valor de participaciones empresariales que se hubieran deducido antes de 2013. Ambas medidas fueron anuladas por el TC, que censuró el uso del decreto-ley para alterar elementos esenciales de un tributo, por lo que Hacienda busca con estas enmiendas sortear devoluciones millonarias.
En el caso del límite de la compensación de bases imponibles negativas de los grupos que componen una multinacional, la medida fue incluida en la ley que reguló los gravámenes a banca y energéticas y se aplicó en 2023. (Enmienda PSOE)
Finales europeas de fútbol libres de impuestos
La propuesta es eximir de impuestos tanto a la UEFA como a los equipos participantes por las rentas obtenidas durante la celebración de las finales de la UEFA Champions League Femenina este año y la UEFA Europa League, segunda máxima competición masculina, en 2025, que se disputarán en el estadio de San Mamés, en Bilbao. (Enmienda PSOE)
Financiación autonómica y local
A través de dos enmiendas, el PSOE busca actualizar los importes de las entregas a cuenta con arreglo a la previsión de ingresos tributarios esperados por Hacienda para este ejercicio por la participación de estas entidades en los tributos estatales. (Enmienda PSOE)
Inspección de instalaciones nucleares
Con otra enmienda, el PSOE propone modificar la Ley 25/196 sobre energía nuclear con el fin de elevar a consideración de autoridad pública al personal facultativo designado para realizar funciones de inspección de las instalaciones nucleares y radiactivas.
La formación de Gobierno enmarca esta propuesta en la necesidad de reforzar el papel del Consejo de Seguridad Nuclear en el marco del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos y las tareas de evaluación e inspección de las instalaciones de almacenamiento temporal de residuos. (Enmienda PSOE)
Enmiendas aeroportuarias
Las formaciones del Gobierno plantearon varias enmiendas en regulación aeroportuaria para, por ejemplo, reservar a Aena la promoción de aeropuertos civiles de interés general, aquellos de competencia exclusiva del Estado, en la Ley 48/1960 sobre Navegación Aérea.
Aquellos aeropuertos de interés general (existentes o ya proyectados) no integrados en la red gestionada por Aena conservarían tal condición pero podrían ser descalificados como tal, previo informe de la comunidad autónoma correspondiente.
Otra enmienda busca dar cobertura legal a la empresa del Grupo IAG (International Airlines Group), que agrupa a Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, entre otras, para prestar a estas aerolíneas los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos o ‘handling’, tras la pérdida de licencias por Iberia en el último concurso. (Enmienda PSOE-Sumar)
Peonadas en el trabajo
Se prorrogaba hasta el 30 de junio la rebaja del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria para trabajadores eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura y se flexibilizaba el requisito de 35 jornadas reales cotizadas para aquellos que ya hubieran percibido la renta agraria, o hubieran cotizado 30 jornadas reales el año anterior. (Enmienda PSOE)
Los fondos del FOCO, en el Banco de España
En la regulación del Fondo de Coinversión (o FOCO), creado en el propio decreto-ley para movilizar inversión extranjera en España, se suprime la posibilidad de que el fondo tenga cuentas de depósito o de inversión en entidades financieras distintas al Banco de España. (Enmienda PSOE-Sumar)
Más flexibilidad en subvenciones a gasintensivas
Se aplaza a doce meses el cumplimiento de los plazos legales de pago a la industria gasintensiva una vez la compañía accede a ayudas públicas. En el anterior decreto-ley anticrisis en junio de 2023 el Gobierno había aplazado el cumplimiento de requisitos a los seis meses del cobro de la subvención. (Enmienda PSOE-Sumar).
Proyectos de almacenamiento energético
Tras establecer una serie de condiciones a los proyectos de energía renovable con el fin de evitar un uso especulativo de los permisos, el PSOE plantea rebajar las garantías económicas a presentar, las exigencias administrativas y la potencia que debe contratarse para mantener vivos los proyectos.
En la potencia contratada, por ejemplo, propone que puedan cumplirse también contratando potencia en consumo valle, y se exime de presentar garantías económicas a promotores de instalaciones de almacenamiento si ya presentan garantías por sus instalaciones de generación. (Enmienda PSOE)
En el caso de Sumar, además de eliminar las garantías económicas, plantea un procedimiento único de solicitud de acceso y conexión para instalaciones de autoconsumo que inyecten excedentes a la red (Enmienda Sumar)
Mecanismo de capacidad
Una nueva disposición autorizaría a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica a establecer el futuro mecanismo de capacidad para el mercado energético por orden ministerial, lo que permitiría aprobar su puesta en marcha sin necesidad de pasar por el Consejo de Ministros. (Enmienda PSOE)
ENMIENDAS DE SUMAR
Al igual que el PSOE, Sumar registró también una batería de enmiendas sin acuerdo con su socio de Gobierno, varias de ellas para ampliar el alcance de las medidas contempladas en el decreto-ley.
Es el caso de la rebaja al 5% del IVA aplicado a la factura de la luz (en el decreto-ley era del 10% hasta final de año pero en la actualidad está al 21% por no superar el precio medio los 45 euros/MWh de media el pasado febrero), o hacer permanentes los descuentos del bono social de electricidad y la garantía de suministro en agua y energía.
En regulación energética, plantea ampliar a 20 kilómetros la distancia de las comunidades energéticas para poder compartir excedentes de energía generada y fija un plazo máximo de 15 días hábiles para que la compañía titular de la red ejecute la conexión permanente una vez se firme el contrato técnico de acceso para el autoconsumo.
Los de Yolanda Díaz también buscan eliminar la previsión contenida en el decreto-ley sobre la aprobación futura de un incentivo en el gravamen energético que permitiría a las compañías rebajar su cuota por inversiones estratégicas.
Sector financiero
Junto a estas medidas, Sumar propone varios cambios en la normativa del sector financiero, como una modificación de la regulación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con el fin de ampliar el objeto social de esta entidad y que así desempeñe labores de supervisión de la competencia, inclusión financiera y las buenas prácticas respecto al consumidor.
Otra propuesta registrada es obligar a los bancos a publicar sus ofertas de hipotecas, con el detalle de sus condiciones de acceso, y a remitirlas periódicamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para que el supervisor la haga pública y accesible, lo que permitiría un comparador de ofertas como ya existe para el suministro de gas y electricidad.
