La presión ha surtido efecto. Días después de hacerse pública la continuidad del gravamen a las grandes energéticas, explicitado en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, advirtió de que las inversiones previstas en España estarían condicionadas al “marco regulatorio y fiscal”. Y que, en todo caso, la petrolera tiene “otras alternativas”.
Semanas después, el presidente de la compañía, Antonio Brufau, puso nombre a esas alternativas: Portugal o Francia, que no cuentan con un gravamen similar. El español grava con el 1,2% la facturación de las energéticas con ingresos superiores a los 1.000 millones de euros, excluyendo negocios regulados, actividades fuera de España y extrapeninsulares.
No ha sido la única energética en pronunciarse, aunque sí la más explícita. El impuesto, en todo caso, está recurrido por las compañías en los tribunales. En lo que va de año, las energéticas han abonado cerca de 1.644 millones de euros por el gravamen.
Y pese a que el acuerdo de Gobierno confirmó su continuidad, no será en las mismas condiciones. Lo confirmó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una reciente entrevista reveló que el Ejecutivo trabajaba en su “rediseño”, y lo ha confirmado la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, que ha dado más detalles sobre cómo afectarán esos cambios.
Montero ha trasladado este martes a los medios de comunicación tras el Consejo de Ministros que se realizarán “ajustes” para incentivar proyectos de inversión dirigidos a transformar la economía y el ‘mix’ energético.
Preguntada por el futuro del gravamen, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, competente en asuntos de Energía, ya apeló hace unos días a la necesidad de una “reinversión masiva” por parte de las compañías “para la transformación del sistema energético”.
Hasta este martes, en el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar afirmaban no haber recibido una propuesta concreta del PSOE en este sentido.
La prórroga del gravamen no es una exigencia inminente
El impuesto tiene una vigencia temporal de dos años y empezó a aplicarse en 2023, por lo que su prórroga, y eventual rediseño para adaptarlo a una situación de permanencia, no era necesaria hasta finales del próximo año.
Desde el Ministerio de Hacienda no aclaran si estas modificaciones afectarán al gravamen el próximo ejercicio o empezarán a aplicarse en 2025. Aclaran, en todo caso, que para que los cambios afecten a 2024 no es necesario que se introduzcan antes de que empiece el año.
El acuerdo entre PSOE y Sumar establece la continuidad del gravamen, al igual que el establecido para entidades financieras. Y, para ello, prevé su revisión «con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos«.
Sin embargo, el acuerdo contempla esta revisión «una vez que expire su período de aplicación actual«, por lo que una reforma del gravamen para el próximo ejercicio incumpliría lo previsto en el acuerdo.
Propuesta rechazada por el Congreso
La compensación de inversiones fue una de las medidas planteadas por la oposición durante la tramitación parlamentaria del gravamen, que se incluyó en una proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos a finales de 2022.
Concretamente, formaciones como Ciudadanos o PNV propusieron que el pago de esta prestación patrimonial se rebajara en base a las inversiones realizadas por las compañías en proyectos relacionados con la descarbonización de la economía. Justamente lo planteado ahora.
El PNV propuso que las compañías energéticas pudieran minorar el importe de la prestación hasta un 30% por inversiones en proyectos industriales relacionados con la producción de hidrógeno renovable, la transformación de residuos o proyectos de eficiencia energética.
Hasta un 30% del importe a pagar
Como condición, estas inversiones debían exceder la media de las realizadas entre 2019 y 2021. La compensación alcanzaría al 20% de la inversión realizada, con el máximo mencionado del 30% del importe de la prestación resultante.
Estos compromisos de inversión, según la enmienda consultada por Demócrata, deberían estar materializadas entre 2022 y 2026 y especificarse en un plan de proyecto industrial, con un calendario para su materialización y una reserva expresa en el balance que sólo estaría disponible una vez ejecutadas las inversiones.
En el caso de Ciudadanos, la propuesta era compensar en el gravamen todas las inversiones realizadas en el año natural en instalaciones de generación de energía renovable, almacenamiento, y en medidas de eficiencia energética o descarbonización de la economía.
Hacienda cifró en 20 millones el impacto en la recaudación
El coste que estas enmiendas habrían tenido en la recaudación del impuesto era de 20 millones de euros en cada uno de los casos, según calculó el Gobierno en un escrito para vetar el grueso de propuestas de modificación registradas por los grupos.
Las enmiendas, sin embargo, pudieron votarse, ya que el Ejecutivo retiró su veto al día siguiente, tras la indignación generalizada de los grupos, incluidos socios habituales como PNV y PDeCAT.
De hecho, la Comisión de Asuntos Económicos llegó a aprobar en un primer momento la enmienda del PNV, aunque la votación debió de repetirse hasta en dos ocasiones por errores en el recuento.
La enmienda fue finalmente rechazada y las compañías energéticas no pudieron ‘desgravarse’ las inversiones realizadas. Todo apunta a que en próximos ejercicios sí podrán hacerlo.