QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados que en las próximas semanas el Gobierno desplegará un paquete de iniciativas para aquilatar la política migratoria en tres vertientes: arraigo profesional, adelanto de pacto europeo y un nuevo plan de integración.
Agilidad y contratación
El líder del Ejecutivo se ha comprometido a desplegar una política migratoria “responsable y humanitaria”, que al tiempo que responde a los retos que plantea el fenómeno, se maximicen los beneficios que puede reportar al país, en concreto, en lo que al ámbito laboral respecta.
Para facilitar la migración por motivos laborales, Sánchez ha anunciado que en las próximas semanas el Consejo de Ministros aprobará una reforma del reglamento de Extranjería con el propósito de agilizar los procesos de migrantes que lleguen a España eliminando trámites burocráticos innecesarios, ordenando figuras de arraigo y creando nuevas figuras en torno al empleo y las redes familiares.
Asimismo, se prevé agilizar la homologación de títulos académicos y un programa de migración laboral que facilite las contrataciones en países de origen como Mauritania, Gambia, Senegal y Guatemala. Precisamente, en los tres países africanos antecitados estuvo Sánchez a finales de agosto en una gira en la que cerró estos flecos.
Adelanto europeo
El presidente reclamará a la Unión Europea una política corresponsable que implique a todos los Estados miembro. Para ello, demandará a la Comisión Europea que adelante la puesta en marcha de las herramientas contempladas en el Pacto de Migración y Asilo, urdido bajo la Presidencia española del Consejo de la UE.
Estaba previsto que comenzara a implementarse en verano de 2026, pero Sánchez espera ponerlo en marcha un año antes, en el verano de 2025.
El Pacto de Migración y Asilo está conformado por cinco reglamentos:
- El Reglamento de gestión de Asilo y Migración (RAM). Es la pieza principal y supone la reforma del Reglamento de Dublín, que hasta ahora ha asignado al Estado de primera entrada la responsabilidad de las solicitudes de asilo y de las ayudas que emanan del Estatuto de Refugiado. En contraprestación, contiene medidas de solidaridad.
- La reforma del Reglamento de Eurodac (sistema de comparación de impresiones dactilares usado para ayudar a determinar el Estado miembro responsable del estudio de una solicitud de asilo).
- El Reglamento sobre el control de migrantes en las fronteras exteriores.
- La reforma del Reglamento de procedimientos comunes y garantías.
- El Reglamento que regula las situaciones de crisis. Un Estado puede solicitar a la Comisión la activación de una respuesta de emergencia ante una avalancha migratoria inesperada.
Para afinar las medidas concretas, el Ejecutivo contará con las ONG y las asociaciones civiles porque “conocen la realidad sobre el terreno mejor que nadie”, ha afirmado en su comparecencia.
Integración y menores
Por último, Sánchez ha anticipado que dará luz verde a un nuevo Plan Nacional de Integración y Convivencia Intercultural, que contará con recursos y medidas para fomentar la convivencia.
Asimismo, ha abundado en la necesidad de reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) para acordar el reparto obligatorio entre las comunidades autónomas de menores migrantes no acompañaros en situaciones de contingencia.
El Pleno del Congreso rechazó la toma en consideración de la proposición de ley rubricada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria. El PP se opuso, las negociaciones continuaron -aunque de forma tibia- y esta semana se esperaban avances. Sin embargo, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado canceló la reunión con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que iba a tener lugar el pasado lunes para abordar la crisis migratoria que afecta a Canarias.
La base sobre la que se negocia es la propuesta que los socialistas ya trasladaron al PP y que sentó los mimbres de la proposición de ley que no fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso.
Esta, modificaba el artículo 35 de la Ley de Extranjería para plantear criterios objetivos ante los cuáles declarar situaciones de contingencia y articular un protocolo de derivación que vele por el interés de los menores.
La intensificación de la inmigración procedente de África hacia la Unión Europea afecta especialmente a Canarias, Ceuta y Melilla, por lo que son los tres lugares en los que se ha decretado un número de plazas disponibles para acoger migrantes menores no acompañados. En Canarias, la cifra es de 2.000; en Ceuta, 88; y en Melilla, 166.
La situación de emergencia se daría al superarse el 150% de las plazas, por lo que en el caso de Canarias sería de 3.000; en Ceuta, 132, y en Melilla, 249. Estas cotas son las que el Ejecutivo ya le planteó al Partido Popular en un borrador enviado antes de la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Tenerife en julio.
La propuesta establece que, de no darse el escenario de contingencia migratoria extraordinaria, las comunidades autónomas, en tanto que tienen las competencias de la atención e integración social de los menores, han de dar conformidad al reparto. Sin embargo, cuando el escenario sea de sobreocupación y se superen las antecitadas cifras, ha de prevalecer el interés superior de los menores, por lo que será el órgano competente de la Administración General del Estado el que acuerde la ubicación territorial que corresponda, ponderando cada caso, con criterios objetivos y previamente consensuados por las autonomías.
Este modelo de reubicación sería elaborado de forma conjunta en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El Gobierno se compromete a adoptar las medidas financieras que resulten necesarias.
Para el PP, son condiciones sine qua non que se declare la emergencia migratoria nacional, no solo en Canarias, Ceuta y Melilla; un fondo de contingencia que garantice financiación; y que el Estado asegure que los menores migrantes trasladados no superen la mayoría de edad.
