QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Leire Iglesias (Hondarribia, 1978) recibe a Demócrata para dar su primera entrevista desde anunciarse la conversión de SEPES y lo hace en su despacho, en la sede ubicada en una de las torres de la margen izquierda del Paseo de la Castellana de Madrid. Un espacio abierto, con vistas al estadio Santiago Bernabéu y a las obras de su entorno, con un mobiliario moderno y elegante. No tan cómodo como pudiera parecer, advierte, entre risas.
Es la directora de la niña bonita del Gobierno, la empresa pública de vivienda que avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el último Congreso del PSOE en Sevilla. La empresa, como tal, no es nueva, pero sí lo son los planes que el Ejecutivo tiene para ella.
No dejará de movilizar y acondicionar suelo para construir vivienda pero será la encargada de levantar esas viviendas y gestionar su uso. Esta es la carta que quiere jugar el Gobierno para intervenir en la crisis de la vivienda, ante las resistencias de las comunidades a aplicar la regulación de precios que permite la Ley de Vivienda. Operar en el mercado y ofrecer alquileres asequibles.
Fuera de la entrevista, Iglesias ilustra con comparaciones ácidas el cambio que se viene. SEPES quiere dejar de ser el “pagafantas” en el mercado inmobiliario y a decidir en el mercado, como promotora y empresa que aspira a gestionar un gran parque público de vivienda en alquiler: “Ya somos mayorcitos y sabemos ligar solos”.
¿Cuál es exactamente la transformación de SEPES y qué implicaciones tiene para la política de vivienda en España?
SEPES era una entidad pública muy desconocida, seguramente, para la mayor parte de la ciudadanía. No tanto para el sector, porque nos dedicábamos a trabajar sobre suelos. Cambiar suelo de la tipología que fuera para su explotación y utilización, normalmente con carácter industrial. Y, en los últimos años, habíamos empezado a abordar algunas operaciones residenciales. Pasamos a desarrollar el suelo no sólo para ponerlo en condición de ser urbanizado, y de que puedan construirse viviendas, sino a construir y a gestionar directamente también las viviendas que construyamos, que era algo que hasta ahora no hacíamos. Es decir, el ciclo completo de la vivienda, desde un suelo hasta una llave a mano a alguien que pueda necesitar una vivienda asequible.
¿Qué objetivo se marca SEPES para estos años, y más concretamente para este año, de ofertar en régimen de alquiler asequible?
Este es el año de la gran transformación. Sería estúpido por mi parte decir que este año vamos a construir no sé cuántas mil viviendas. Lo que sí que vamos a empezar es a aprovechar las viviendas que ya están construidas, que son de titularidad pública, y aprovechar todos los recursos del Estado para ponerlos a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas. Así que vamos a hacer un trabajo de exploración, de cribado y de análisis: ver cómo están esos inmuebles para ponerlos a disposición de la gente en condiciones dignas y asequibles. No nos vale tampoco cualquier vivienda, tenemos que hablar siempre de una vivienda digna y asequible.
Este es el año de la gran transformación. Sería estúpido por mi parte decir que este año vamos a construir no sé cuántas mil viviendas. Y no nos vale tampoco cualquier vivienda, tenemos que hablar siempre de una vivienda digna y asequible.
¿Se sabe cuándo estará listo el mapa de todos los inmuebles disponibles que tiene la Administración General del Estado?
Lo vamos a hacer este año. Ya tenemos facilitados todos los listados de viviendas de las distintas entidades públicas por parte de Patrimonio del Estado, y ya estamos preparando las licitaciones que van a ir acompañadas para evaluar esos suelos. Hemos hecho algunos cribados también en función de su finalidad, ubicaciones… y durante este año vamos a hacer todo ese cribado y esa exploración. No quiere decir que este trabajo no pueda tener continuidad en el futuro, pero este es un primer análisis para activarlo cuanto antes.
¿Hay una primera aproximación de cuántas viviendas podrían suponer?
El primer cribado que hemos hecho es de unas 3.800 viviendas y cerca de 580 parcelas suelos urbanos finalistas sobre los que podríamos construir viviendas a precio asequible. Ahora vamos a ver cuál es la condición: si están ocupadas, si no están ocupadas, si están en condiciones ser habitadas o no… Y, a partir de ahí, según estén disponibles, las iremos ofertando.
Todo ese trabajo va a requerir una gran inversión, tanto por parte del sector público como del sector privado. ¿Hay una estimación de cuánta inversión van a exigir los planes que tiene SEPES?
Tenemos hecho un cálculo de cuánto nos va a costar la gestión de cada una de las viviendas, pero también el retorno que van a producir. Muchas son viviendas que ahora mismo están inactivas y que las vamos a poner al mercado residencial, luego vamos a tener unos beneficios que van a pagar los inquilinos por su desarrollo. Vamos a adelantar crédito que después vamos a poder recuperar, no estamos haciendo una operación temeraria para el Estado ni para la entidad pública.
Hay que modificar las condiciones para disponer de suelo cuanto antes. Ojalá consigamos desbloquear en el Congreso la reforma del Suelo
Tenemos que ver a qué precios podemos alquilar esas viviendas, siempre dentro de lo que consideramos asequible. Es decir, que las familias no tengan que hacer más del 30% de su esfuerzo financiero dedicado a la vivienda. Y, en base a eso, nosotros ya tenemos hecho unas estimaciones que dependerá del volumen. No te puedo dar una cifra concreta, porque dependerá del volumen de las viviendas que consigamos poner a disposición.
Tras las conversaciones que está teniendo con los operadores del sector, ¿ve al sector privado preparado para los planes que tiene SEPES? Hace unos días conocimos que la Sareb había licitado la construcción de 3.700 viviendas del Plan Viena y el concurso quedó desierto. No sé si le preocupa que las condiciones o la situación concreta y específica de la licitación pueda causar este tipo de situaciones.
Igual que el sector de la vivienda todavía arrastra la resaca de la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción también sufrió daños muy fuertes. Se destruyeron miles de empresas y miles de puestos de trabajo. Ahora pasar de cero a cien va a costar, y hay algunos cambios que hay que hacer. Hay que hacer algunos cambios para modificar las condiciones para disponer de suelo cuanto antes, y ojalá consigamos desbloquear en el Parlamento la reforma de la Ley del Suelo para poder disponer de suelo urbano finalista cuanto antes y ponerlo a disposición de la ciudadanía.
Hay que mejorar la formación dual para incorporar mano de obra a la construcción, y también mejorar las técnicas constructivas. De ahí el PERTE de la vivienda para impulsar la construcción industrializada
Hay cosas que mejorar en la formación dual, para incorporar mano de obra al sector de la construcción y también en las técnicas constructivas. Se tarda mucho en equipar una vivienda, en construirla, y en preparar el suelo. De ahí el PERTE de la vivienda que se va a hacer en Valencia para impulsar la construcción industrializada, impulsar nuevas técnicas de construcción, favorecer la innovación y, sin perder la calidad, acelerar los procesos que permitan disponer de vivienda antes.
Respecto a la pregunta concreta del Plan Viena, estamos hablando de modelos de colaboración público-privada. Con los fondos del Plan de Recuperación se están impulsando más de 25.000 viviendas, por encima del objetivo que nos habíamos planteado. Hay una reforma pendiente de la Ley de Contratos del Sector Público para acelerar la construcción a través de esta vía público-privada, y con los suelos del Plan Viena habrá que analizar si fueron los lotes o qué condiciones se dieron para que no se desarrollaran, cuando en ese modelo se están haciendo otras actuaciones en el país con un funcionamiento de éxito. Estoy segura de que lo vamos a conseguir resolver.
¿Todas estas viviendas del Plan Viena y de la promotora Árqura Homes, cuya venta se estaba planeando antes de anunciarse la conversión de SEPES, van a ir directamente a la empresa?
Habrá inmuebles en venta de la Sareb que no sean interesantes para hacer vivienda asequible, pero la mayor parte lo vamos a gestionar desde SEPES. Lo que no vamos a hacer es adquirir nuevamente esas viviendas
Ya anunció el presidente del Gobierno que esas viviendas las vamos a poner a disposición de la ciudadanía. Cuando se creó la Sareb en 2012 se apelaba a la necesidad de que las viviendas, que entonces se ponían a su disposición, sirvieran sólo para un rescate financiero. Si sirvieron para un rescate financiero, y funcionó muy bien y hoy nuestros bancos están dando números exitosos, queremos que ahora las podamos aprovechar para un rescate ciudadano que estaba pendiente, y ponerlas a disposición de la gente. Lo vamos a hacer progresivamente, en función de la disponibilidad de acceso a los inmuebles, igual que con la Administración General del Estado, y tratar de activar con esos recursos vivienda asequible.
¿Podemos confirmar entonces que todas las viviendas del Plan Viena, como los activos de la promotora Árqura, pasarán a SEPES?
Vamos a ir haciéndolo progresivamente. Habrá parte de inmuebles en venta que no puedan ser interesantes para nosotros para hacer vivienda asequible y que pueda seguir explotando Sareb, pero la mayor parte o todo lo que tenga que ver con vivienda asequible lo vamos a gestionar desde la entidad pública, porque ese es el compromiso del Gobierno.
La titularidad pública es la mayor garantía. Aunque el suelo esté calificado como suelo libre, nosotros definiremos cuáles son los precios que hay sobre ese suelo. Y el 100% será asequible
¿Y hay alguna estimación de cuánto podría suponer todo ese traspaso en términos presupuestarios?
Pasa lo mismo, esas viviendas no van a dejar de ser rentables económicamente. Van a tener un retorno a los poderes públicos. Lo que no vamos a hacer es adquirir nuevamente esas viviendas. Estamos viendo cómo las vamos a adscribir a SEPES y cuánto nos va a costar.
El compromiso del Gobierno es que toda la movilización con recursos públicos de vivienda se ponga a disposición a precios asequibles, tanto en régimen de protección como en el mercado libre. ¿Cuáles serán las garantías que se puedan establecer en este tipo de promociones?
La titularidad pública es la mayor garantía. Cuando decimos 100% asequible lo podemos decir porque, aunque el suelo esté calificado como suelo libre, el suelo, por ejemplo en el caso de la Operación Campamento, es al 98% titularidad pública. Y puesto que el suelo es titularidad pública, nosotros definiremos cuáles son los precios de los aprovechamientos que hay sobre ese suelo. Y hemos decidido que el 100% de esos aprovechamientos tengan condición de asequibles.
España no ha invertido menos en vivienda que Europa. Hemos construido más de 6,5 millones de viviendas protegidas que luego hemos desclasificado e incorporado al mercado
No tendría mucho sentido crear una empresa pública que construya vivienda en régimen de alquiler y aproveche que la calificación del suelo es libre para dedicarse a especular con esas viviendas y a ponerlas por encima del precio de mercado. Transformar SEPES en una entidad que gestione también vivienda implica que vamos a intervenir mediante la oferta y no sólo mediante la regulación bajando los precios de mercado, poniéndolos en condiciones de asequibilidad allá donde se está produciendo ese esfuerzo financiero tan grande de las familias para pagar más viviendas.
¿Y en el caso de las promociones de venta se quiere establecer un régimen específico para garantizar la tenencia durante un tiempo determinado y condiciones de ventas subsiguientes?
En el caso de las promociones de venta tenemos la suerte de que hay algunas comunidades autónomas que ya han entendido que la inversión pública tiene que garantizar que nadie utilice la vivienda después como un bien de mercado, sino que esa inversión mantenga siempre su función social. Y han decidido blindar la protección de la vivienda con carácter permanente.
Las condiciones de acceso serán homogéneas, pero los precios cambiarán en función de cada zona por las diferencias de renta
¿Qué comunidades?
Navarra, Cataluña, Euskadi, Canarias… Lo ideal sería que todas, en el marco de sus competencias, entendieran esto bien. La media de vivienda protegida o pública en Europa está alrededor del 9% y en España no llega casi al 2%. ¿Es porque España ha invertido menos en vivienda? No. Hemos construido más de 6,5 millones de viviendas protegidas que después hemos descalificado y las hemos incorporado al mercado. Si hoy sumáramos esos 6,5 millones a nuestra vivienda con protección ya estaríamos en los estándares europeos. Aprendamos de los errores, entendamos que no puede volver a ser así y facilitemos que la vivienda que se construye con el esfuerzo y con los recursos de todos los ciudadanos mantenga esa función social siempre.
¿Se ha encontrado algún problema con alguna administración autonómica o local para desarrollar sus planes? Si no ha sido así, ¿teme que alguna diferencia ideológica o estratégica de alguna administración o partido pueda dificultar o bloquear planes?
No creo que a ninguna comunidad autónoma ni a ningún ayuntamiento, independientemente de cuál sea el signo político que lo gobierne, le parezca mal que SEPES adquiera suelo, desarrolle suelo, construya vivienda y las ponga a disposición de los ciudadanos en régimen asequible. Esto es una buena noticia siempre para las entidades locales y autonómicas, igual que para el sector privado. Si lo que vamos a hacer es movilizar inversión pública, movilizar suelo público e incorporar un gestor más a la vivienda que podrá llegar a los acuerdos de colaboración y cooperación que sean necesarios.
¿En qué condiciones se está estudiando el acceso a un régimen de alquiler asequible o incluso de compra de las promociones que vaya a gestionar SEPES? ¿Se ha pensado en unas condiciones homogéneas en todos los territorios o se piensa acordar en función de cada promoción o cada territorio?
Las condiciones generales de acceso serán homogéneas, porque tenemos la obligación de trabajar en igualdad de condiciones con todos los ciudadanos y las ciudadanas, y además hacerlo de forma transparente y de forma pública. Daremos cumplida publicidad e igualdad de acceso a cualquier ciudadano o ciudadana. Sí cambiarán los precios en función de las zonas, porque los niveles de renta son distintos y eso se amoldará en función de los niveles de renta. La idea es tener todo esto definido después del verano, y en ese momento haremos publicidad y concurrencia de todo esto.
¿Habrá umbrales de renta específicos a partir de los cuales no sea posible acceder a una promoción, o va a adecuarse la renta de un solicitante al precio de la zona y al índice de precios de referencia?
Lo tenemos que definir, pero sí quiero que quede claro que la idea de la entidad es trabajar sobre la vivienda asequible, poder lanzar una oferta residencial y construir vivienda para las mayorías sociales de este país. Muchas veces la idea de vivienda social nos puede llevar a confusión, por la tipología que todos tenemos asimilada de lo que se ha considerado hasta ahora la vivienda social en España. No estamos hablando de hacer vivienda para los sectores de población más vulnerables, a los que hay que atender con programas de acompañamiento muy específicos, y no sólo en materia de vivienda.
El riesgo de morosidad en España en el pago de la renta es muy bajo. Los avales vienen a combatir el temor, algunas veces infundado, que pueda tener el propietario
Estamos hablando de hacer viviendas asequibles para muchísima gente, jóvenes fundamentalmente, que habiéndose incorporado al mercado de trabajo, con condiciones laborales cada vez mejores, quieren emanciparse y les falta oferta suficiente de alquiler o de compra. Ese es el sector de población al que queremos dirigirnos, y a esos umbrales de renta son a los que nos vamos a dirigir. No estamos pensando en acotarlo a sectores en situación de vulnerabilidad, sino lanzar la oferta a donde creemos que se produce un clamor social y ciudadano, todas esas personas que, aun teniendo mejores sueldos, encuentran en la vivienda un obstáculo para desarrollar un proyecto de vida.
Hasta ahora sólo hemos topado precios vía regulación o vía la gestión del parque público directamente para los sectores vulnerables, y ahora estamos hablando de fijar precios en una oferta pública dirigida a los grandes sectores de población.
De cara a gestionar toda esta oferta en el futuro, ¿se plantea un gestor online que se pueda consultar y en el que buscar vivienda en régimen de alquiler?
Sí, probablemente un portal. Sería un poco extraño que queramos dirigirnos a esos sectores de población y tengan que ir a una ventanilla única, pedir cita previa, sacar su certificado digital, y presentar 25 papeles compulsados para poder acceder a la vivienda. Creo que esa no es la fórmula de la Administración en la que vivimos ya hoy, y si creamos recursos del siglo XXI para ciudadanos del siglo XXI, tenemos que utilizar la tecnología del siglo XXI para ponerla a su disposición.
¿Estará este gestor listo este año?
Sí, tenemos nuestro deadline marcado y vamos a intentar cumplir.
Una de las últimas medidas anunciadas es una línea de avales, prevista en el último decreto-ley anticrisis. ¿Va a colaborar el ICO en la concesión de estos avales?
No, es un aval que impulsará el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y que se gestionará a través de las comunidades autónomas. Serán ellas las que arbitren las solicitudes y la gestión de esos avales con las características que aparecieron ayer en el decreto-ley. Ahora se definirá el modo, pero la idea es que esto haga parte de la gestión que compete a las comunidades autónomas.
La reforma de la Ley de Haciendas Locales permite hacer recargos en el IBI sobre la vivienda vacía. Medidas hay, lo que tenemos que hacer es activarlas o potenciarlas
Hay todavía algunos aspectos pendientes de desarrollo, como el procedimiento de devolución de las rentas impagadas por parte de los inquilinos, o si habrá un período máximo de cobertura de antes de un desalojo.
Obviamente, si no hay una reclamación no va a funcionar el aval. El modelo que se ha seguido es el modelo francés, en el que en cuanto se produce un impago el propietario puede activar el seguro de garantía que le ha dado el Estado, en este caso a través de las comunidades autónomas, y asumir los gastos hasta que ese ciudadano paga la deuda que tiene pendiente o se le produce el desalojo. Son medidas que vienen a combatir un poco el temor que pueda tener el propietario a la hora de poner su vivienda a disposición del alquiler, y que algunas veces están muy infundadas.
Hay que recordar que el riesgo de morosidad en España en el pago de la renta es muy bajo. Ojalá tengamos un nivel de ejecución muy bajo. Son garantías adicionales para poner en disposición viviendas de particulares, en tanto en cuanto no hemos puesto los últimos años suficiente vivienda pública en el mercado. Tenemos que aprovechar la vivienda que está construida, que es de quien es, y que algunas veces pueden requerir garantías adicionales que no tienen por qué soportar los inquilinos o que no tienen por qué ir a cláusulas nuevas, más allá de lo que exige la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Otra de las medidas anunciadas también es la del derecho de tanteo y retracto para que SEPES tenga prioridad en la compra de vivienda. ¿Hay alguna previsión legal de cuándo se podría efectuar?
Ahora mismo hay una prioridad de tanteo y retracto ya contemplada en la Ley estatal de vivienda, que hay que desarrollar y que hay que impulsar. Y también hay una prioridad de tanteo y retracto en las competencias autonómicas sobre vivienda protegida, que pueden ejercer las comunidades autónomas. Se trata siempre de garantizar o de proteger la función social de la vivienda a precios asequibles, y que lo que hemos construido podamos mantenerlo para ponerlo a disposición de la ciudadanía a precios asequibles.
Entonces SEPES entraría a jugar dentro de ese tanteo y retracto pero no sería necesaria ninguna reforma respecto a ello.
Creo que hay que hacer algunos desarrollos, pero ahora mismo no te puedo decir exactamente dónde está planteado eso específicamente porque hay que conjugarlo también con la competencia que tienen las comunidades autónomas en cuanto al tanteo y el retracto de la vivienda protegida.
Tendremos nuestro espacio de gestión de nuestros inmuebles y además procuraremos incorporar transparencia sobre la oferta y los precios reales de vivienda en alquiler
¿Qué relación va a tener ahora con otros operadores en el mercado, como los fondos de inversión? ¿Hay algún tipo de temor a que estos grandes inversores salgan del mercado o puedan realizar algún tipo de presión?
Nosotros no venimos a restringir ni a copar el mercado. Nosotros venimos a ampliar y a potenciar la oferta residencial. No venimos a que haya menos vivienda ni a quedárnosla, sino a que haya más inversión, más movilización. No somos un operador malo en ese sentido, somos un operador malo para aquellos que pretendan tener una visión muy especulativa de la vivienda, porque mediante oferta haremos una competencia positiva para la ciudadanía. Y, en ese sentido, igual se produce una bajada de precios, pero nosotros no venimos a restringir ni a limitar. Todo lo contrario, potenciamos y ampliamos.
¿Cuál es la interlocución que ha tenido hasta ahora con, por ejemplo, asociaciones del sector como Asval?
Ninguna. A ver, tenemos conversaciones lógicamente con todo el sector relacionado con la vivienda, pero no a la hora de definir el modelo de empresa gestora de inmuebles que estamos conformando. Las decisiones las estamos tomando desde nuestra expertise y desde la gente que tiene experiencia en la gestión de inmuebles. No estamos pidiendo que sea la patronal la que defina ese modelo de gestión residencial. En cualquier caso, siempre va a venir bien que haya una profesionalización del sector del alquiler en España dirigido a conseguir vivienda asequible y, en ese sentido, cuantos más mejor.
¿Y con los portales inmobiliarios? ¿Vamos a ver viviendas de SEPES anunciándose en Idealista o en Fotocasa?
Evidentemente no. Tendremos nuestro espacio de gestión de nuestros inmuebles y además procuraremos incorporar transparencia sobre la oferta y los precios reales de vivienda en alquiler, como se hizo recientemente con el indicador de precios de referencia del alquiler por parte del Ministerio de Vivienda, que está a disposición de cualquier ciudadano o ciudadana si quiere cotejar si lo que oferta un portal, que a veces tiene mucha volatilidad, se corresponde con lo que están pagando sus vecinos realmente.
¿Cree que podría exigirse una mayor transparencia a estos portales?
Probablemente sí, y en ese sentido hay relación también con la regulación de los apartamentos turísticos para que tengan un mayor control sobre las viviendas ofertadas y que se limite su publicidad, cuando directamente son consideradas infraviviendas. También sobre la volatilidad de los precios residenciales, que cambian de un día para otro, o sobre aquellos que puedan estar utilizando las plataformas para buscar otro tipo de intereses. Son las propias plataformas las interesadas en ello, y en las conversaciones que hemos tenido con ellos así nos lo aseguran. Otra cosa es que, además de decírnoslo, lo tengamos que garantizar.
El INE cifró en 2023 en 3,8 millones el número de viviendas vacías en España, un 14% de todo el parque. ¿Va a haber un examen de todo ese parque desaprovechado o algún tipo de medida que pueda incentivar su supuesta disposición?
Hay medidas y lo que hay que hacer es aplicar esas medidas y desarrollarlas. La reforma de la Ley de Hacienda Locales incluyó la posibilidad de que aquellos municipios que lo deseen incluyan recargos en tributos como el IBI sobre esa vivienda vacía. También hemos anunciado la posibilidad de incentivar con estímulos fiscales la puesta a disposición de esas viviendas con hasta el 100% de las rentas en el IRPF, puesto que hay comunidades autónomas que no están declarando zonas tensionadas, pese a que existen zonas tensionadas. Medidas hay, lo que tenemos que hacer es activarlas o potenciarlas muchísimo más.
En el caso de los pisos turísticos, una de las preocupaciones del Gobierno es que hay administraciones territoriales que no están haciendo lo suficiente o que no tenían capacidad de actuar. ¿SEPES puede hacer algo o prestar colaboración a estas administraciones?
No es tarea de SEPES, y no me corresponde a mí decirlo, pero el Gobierno está actuando. Se ha aprobado el reglamento de pisos turísticos para controlar cuáles son los pisos que tienen una actividad económica y cuáles son los pisos que están dirigidos directamente al mercado residencial. Y los ayuntamientos, que al principio eran muy reacios, cada vez están más convencidos de la necesidad de intervenir y son más los que están interviniendo y regulando en ese sentido.
Otra de las medidas anunciadas es que, cuando una vivienda no cumple con una función social y no está dirigida a la ciudadanía, sino a cumplir una actividad económica, debe tributar como tributan las actividades económicas. Habrá que diferenciar, porque eso son recursos que recibimos las administraciones públicas que nos permiten, además, construir más vivienda que sí que cumpla esa función social. En esto cada vez hay más consensos, pero no es una tarea que directamente vaya a desarrollar SEPES.
¿Cuál es la previsión de aprobar el plan estratégico que está comprometido para este año?
Estamos a punto de finalizar las fases para adjudicarlo. Nos hemos marcado un período de de estudio serio de unos cuatro meses, así que en cuatro o cinco meses lo tendremos disponible.
¿Hay previsión de ampliar plantilla o llegar a acuerdos de colaboración para absorber todo el trabajo que prevé realizar?
Obviamente, no se pueden asumir más tareas con los mismos medios ni económicos ni humanos. SEPES se está transformando, va a crecer y va a incorporar más personal y más recursos económicos para poder desarrollar todo esto. Hemos pasado de ser una entidad pública de una categoría que nos limitaba el número de direcciones o de áreas de gestión que podíamos tener, a ampliarla para incorporar la gestión del parque público, transformar dos direcciones que teníamos, una para la construcción de vivienda y otra solo para los desarrollos de los planeamientos y las urbanizaciones de suelo. Y todo irá convenientemente acompañado de ofertas públicas de empleo, porque nuestras contrataciones son ofertas públicas de empleo.
SEPES va a crecer e incorporar más personal y recursos. Habrá ofertas públicas de empleo y, mientras, nos apoyaremos en otras entidades públicas y en organizaciones del sector especializadas
Yo soy de la generación que veía la Bola de cristal, que nos decía aquello de ‘sólo no puedes, con amigos sí’. Y mientras nos iremos apoyando en otras entidades y en otras licitaciones, y en otras empresas para acompasar el proceso. La empresa a final de legislatura estará fortalecida, pero mientras iremos asumiendo estas nuevas funciones desde ya.
Dentro de esa colaboración se prevé, por ejemplo, la entrada de entidades del tercer sector especializadas en gestión de alquiler social, consultoras, ¿cuál es la previsión que tiene?
Tenemos dos aliados fundamentales: las entidades públicas de vivienda del territorio, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, con las que ya hemos iniciado conversaciones para fijar acuerdos de colaboración en la gestión de esos inmuebles, y también las organizaciones del tercer sector que llevan tiempo haciéndolo. Creemos que además pueden incorporarse aún más entidades a esta parte de gestión porque algunas son muy especializadas en algunos territorios y funcionan muy bien.
No sé si soy demasiado optimista para hacerle esta pregunta: ¿Podemos ver con los proyectos que impulsa SEPEs una reducción o al menos un frenazo en el precio de la vivienda?
Creo que no sólo con lo que haga SEPES, creo que en general con el compromiso del Gobierno de actuar sobre la vivienda, creo que el gran objetivo es que haya un cambio de paradigma en la gestión de la política de vivienda. Hemos invertido mucho en vivienda y hemos descapitalizado toda esa inversión, que se ha convertido en un modelo de negocio con posterioridad. Lo que estamos haciendo ahora, todo lo que se regula y lo que se impulsa también desde el Plan Estatal de Vivienda y otras políticas propias del Ministerio va dirigido a que nunca perdamos que el objetivo final de proteger la función social de la vivienda, y por tanto hablar de vivienda digna, de calidad y a precios asequibles.
