Actualmente hay sobre la mesa hasta tres reformas en paralelo de la Ley de Extranjería, cada una en una fase, partiendo de un origen diferente e impactando en diversos frentes temáticos.
Por un lado, desde verano colea la modificación de la Ley de Extranjería que pretendía el Gobierno para establecer un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas en situaciones de contingencia para ofrecer una solución a la crisis migratoria. Por otro, el presidente, Pedro Sánchez, ha impulsado cambios para agilizar los procesos de migrantes que lleguen a España y facilitar la contratación en países de origen. Y por último, el Congreso de los Diputados trabaja una regularización cuya génesis es una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
Urdiendo una propuesta
La iniciativa de reformar la Ley de Extranjería con el propósito de ofrecer una solución a la crisis migratoria de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla colea desde verano. El Ejecutivo planteó un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas en situaciones de contingencia.
El PSOE llegó a registrar y elevar al Pleno del Congreso una proposición de ley, cuya toma en consideración fue rechazada por el voto en contra de PP, Vox y Junts.
El texto modificaba el artículo 35 de la Ley de Extranjería para plantear criterios objetivos ante los cuáles declarar situaciones de contingencia y articular un protocolo de derivación que vele por el interés de los menores. La intensificación de la inmigración procedente de África hacia la Unión Europea afecta especialmente a Canarias, Ceuta y Melilla, por lo que son los tres lugares en los que se ha decretado un número de plazas disponibles para acoger migrantes menores no acompañados. En Canarias, la cifra es de 2.000; en Ceuta, 88; y en Melilla, 166.
La situación de emergencia se daría al superarse el 150% de las plazas, por lo que en el caso de Canarias sería de 3.000; en Ceuta, 132, y en Melilla, 249. Estas cotas son las que el Ejecutivo ya le planteó al Partido Popular en un borrador enviado antes de la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Tenerife en julio.
La propuesta establece que, de no darse el escenario de contingencia migratoria extraordinaria, las comunidades autónomas, en tanto que tienen las competencias de la atención e integración social de los menores, han de dar conformidad al reparto. Sin embargo, cuando el escenario sea de sobreocupación y se superen las antecitadas cifras, ha de prevalecer el interés superior de los menores, por lo que será el órgano competente de la Administración General del Estado el que acuerde la ubicación territorial que corresponda, ponderando cada caso, con criterios objetivos y previamente consensuados por las autonomías.
Este modelo de reubicación sería elaborado de forma conjunta en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El Gobierno se compromete a adoptar las medidas financieras que resulten necesarias.
La propuesta del Gobierno sigue siendo la misma y los de Alberto Núñez Feijóo siguen sin verla con buenos ojos. Los populares, que tienen una reunión esta semana para abordar el estado de la cuestión antes de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 13 de diciembre en Santander (cónclave del que Sánchez aspira a cosechar un principio de acuerdo), insisten en sus exigencias: que la “declaración de emergencia” sea nacional, esto es, en todo el territorio y no solo en Canarias, Ceuta y Melilla; un fondo de contingencia extraordinario y que se garantice que no hay lugar a dudas sobre la edad de los menores trasladados.
Además, urgen a lograr acuerdo con la UE para que el reparto de menores también sea entre Estados miembros.
Agilidad burocrática
El pasado mes de octubre, Sánchez anunció durante una comparecencia ante el Pleno del Congreso que el Consejo de Ministros aprobaría una reforma del Reglamento de Extranjería para eliminar trámites burocráticos y ganar agilidad en los procesos migratorios; así como para facilitar la contratación en países de origen.
Dicho y hecho, aunque se hizo esperar, pues no fue hasta el Consejo de Ministros celebrado el 19 de noviembre (mes y medio después) cuando se dio luz verde. En concreto, se aprobó un Real Decreto para:
- Simplificar procedimientos, eliminar duplicidades y aportar mayores garantías y rigor jurídico.
- Reducir el tiempo de permanente en España, de tres a dos años.
- Flexibilizar los requisitos a cumplir y habilitar a trabajar no solo por cuenta ajena, sino también por cuenta propia.
- Regular cinco modalidades de arraigo: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y de segunda oportunidad.
- Establecer un procedimiento rápido para poder enlazar con una autorización de trabajo una vez que se terminen los estudios.
Además, Sánchez reclama a la UE la puesta en marcha anticipada de las herramientas contempladas en el Pacto de Migración y Asilo, urdido precisamente bajo la Presidencia española del Consejo de la UE.
Estaba previsto que comenzara a implementarse en verano de 2026, pero Sánchez espera ponerlo en marcha un año antes, en el verano de 2025.
El Pacto de Migración y Asilo está conformado por cinco reglamentos:
- El Reglamento de gestión de Asilo y Migración (RAM). Es la pieza principal y supone la reforma del Reglamento de Dublín, que hasta ahora ha asignado al Estado de primera entrada la responsabilidad de las solicitudes de asilo y de las ayudas que emanan del Estatuto de Refugiado. En contraprestación, contiene medidas de solidaridad.
- La reforma del Reglamento de Eurodac (sistema de comparación de impresiones dactilares usado para ayudar a determinar el Estado miembro responsable del estudio de una solicitud de asilo).
- El Reglamento sobre el control de migrantes en las fronteras exteriores.
- La reforma del Reglamento de procedimientos comunes y garantías.
- El Reglamento que regula las situaciones de crisis. Un Estado puede solicitar a la Comisión la activación de una respuesta de emergencia ante una avalancha migratoria inesperada.
Regularización de migrantes
La organización Regularización Ya impulsó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que superó la toma en consideración en abril; pero no fue hasta finales de septiembre, más de cinco meses después, cuando PSOE y Sumar rubricaron un acuerdo para cerrar el plazo de enmiendas e impulsar una de forma conjunta.
En términos generales, y a falta de negociar con sus socios parlamentarios, ampliaría el marco temporal de los potenciales solicitantes.
El Ejecutivo mantiene de la ILP original la reforma de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería). El texto original solicitaba que el Gobierno, en un plazo de seis meses, aprobase un Real Decreto para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021; mientras que con la enmienda de los socialistas y de Sumar, podrán acceder a una autorización de residencia y/o trabajo todas aquellas personas extranjeras en situación administrativa irregular que se encuentren en territorio nacional antes del 31 de diciembre del 2023.
Asimismo, introducen que la autorización estará sujeta a motivos laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios.
El próximo 10 de diciembre está previsto que se reúna la ponencia, que iba a verse hace dos semanas pero los grupos pidieron tiempo para analizar la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno Consejo de Ministros había aprobado para agilizar trámites.
Para los socios, la propuesta de los partidos que conforman el Gobierno no es suficiente. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y Podemos y el BNG (ambos adscritos al Grupo Mixto) han registrado una enmienda conjunta en la demandan que puedan pedirlo todos los extranjeros que se encuentren en territorio español en el momento de la entrada en vigor de la presente norma.
Por su parte, el PNV exige que solo se autorice la concesión de la residencia con la existencia de un contrato de trabajo; mientras Junts se enroca en el ‘no’ y el PP urge a que la regularización sea “individualizada” y manteniendo como fecha las personas que se encontrasen en territorio nacional antes del 1 de noviembre del 2021 y no sean reincidentes por delitos menos graves o leves, ni tengan antecedentes penales no cancelados.