La nueva estrategia del Gobierno para transformar la Función Pública: reforma de oposiciones e IA

Este lunes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado junto a la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, la nueva estrategia del Gobierno para transformar la Administración General del Estado (AGE). Una apuesta para la que se prevé un coste estimado de 43 millones de euros y que incluye, entre otras cosas, un modelo de oposición para los funcionarios superiores con dos años de formación y un examen, así como una potente inversión en capacidades de Inteligencia Artificial.

El plan, Consenso por una Administración Abierta, contempla un sistema de oposiciones en dos tiempos. Se mantienen las pruebas clásicas de cada cuerpo y escala con el fin de determinar la aptitud y establecer una prerelación de los aspirantes hasta el total de plazas convocadas y, después, los candidatos a un puesto en la AGE recibirían una formación posobligatoria de dos años. Para poder acceder a la plaza, habrán de superar un examen.

Este sistema, según el Ministerio, “combinará el máximo rigor con la máxima igualdad de oportunidades, manteniendo la tensión competitiva entre los aspirantes”.

También se prevén forzar importantes alianzas con institutos y escuelas del espacio administrativo europeo ya que tendrán un rol clave.

Quienes finalmente no obtuvieran la condición de personal funcionario de carrera, pero sí hubieran superado el proceso formativo, tendrán la posibilidad de obtener un título de posgrado con carácter oficial, en el caso de los aspirantes a los subgrupos A1 y A2.

Se diseñarán itinerarios formativos basados en el ecosistema competencial medidos en ECTS (120 ECTS para los cuerpos y escalas del subgrupo A1; 90 ECTS para el subgrupo A2; 60 ECTS para el grupo B; 30 ECTS para el subgrupo C1 y 10 para el subgrupo C2). La formación, en el caso de los C1 y C2 se recibirá en el puesto de trabajo.

El Gobierno dispondrá de un sistema de becas y ayudas al estudio convocados anualmente por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con base en el real decreto de umbrales de renta y patrimonio familiar para “garantizar la igualdad de oportunidades”.

Apostando por la IA

Una parte importante de la nueva estrategia (en concreto, cinco de los 18 proyectos que engloba) pone el foco en la inversión en las capacidades del sector público: sistemas de IA y espacios de datos, la gestión previsional de los recursos, el empleo público proactivo, innovador e inclusivo, liderazgo y función pública y mejores condiciones de trabajo mediante el diálogo social.

El desarrollo del Plan permitiría el Espacio del dato de la Administración del Estado o la Plataforma soberana y cibersegura de IA, en la que se invertirán 14 millones de euros para simplificar radicalmente los trámites y desarrollar notificaciones personalizadas para la ciudadanía.

También se elaborarán mapas de recursos humanos, tecnológicos y de datos y, en base a ello, se configurarán los planes anuales. Entre estos objetivos se encuentra también la atracción y retención de talento público, fomentando una cultura del aprendizaje.

El ciudadano, en el centro

En el marco de este plan, Óscar López aspira a articular una nueva relación de la Administración con los ciudadanos mediante unos servicios públicos más proactivos. Una relación accesible y humanista que se traduce en proyectos como la Identidad Digital Europea, la evolución de Mi Carpeta Ciudadana o un nuevo portal administracion.gob.es que organiza los trámites por hechos vitales como el nacimiento de un bebé o la solicitud de ayudas de una pyme.

“Desarrollaremos una oficina todo en uno que permita centralizar e interconectar varios servicios de la Administración en una misma oficina, en función de las necesidades de los ciudadanos. Una iniciativa que surgirá de la cooperación territorial entre las administraciones”, ha esgrimido un ministro que ha insistido en que prevé eliminar la cita previa obligatoria. También figura entre sus prioridades la precumplimentación de expedientes o formularios, al modo del borrador de la Renta o la solicitud de ayudas de la PAC, o la reducción de tiempos en la tramitación de las ayudas, como ocurre con el Kit Digital, que ha llegado ya a más de 763.000 pymes y autónomos gracias a un robot que verifica si el solicitante cumple los requisitos de la ayuda en tan en tan solo unos minutos.