La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado los tres ejes legislativos que pretende concretar antes de finalizar el año 2024 para atajar el problema de las adicciones en España. En su comparecencia ante la Comisión Mixta de Adicciones, ha garantizado que el anteproyecto de ley de alcohol y menores, el plan integral de prevención y control del tabaquismo y una guía para la prescripción de psicofármacos estarán listos en los próximos meses.
El objetivo del paquete completo es disminuir el consumo y establecer los cortafuegos necesarios para el acceso al mismo sea lo más tardío posible y que las personas se expongan a menos riesgos, ya que el consumo de sustancias psicoactivas, tato legales como ilegales, supone una gran amenaza para la salud y el bienestar.
Plan antitabaco
El plan integral de prevención y control del tabaquismo ya engrasaba el grueso de deberes pendientes del Gobierno desde la pasada legislatura. Mónica García lo asumió en primera persona desde su llegada al Ejecutivo y se comprometió a implementarlo a la mayor celeridad posible.
El paquete desplegado se prevé de gran alcance. El plan equipararía la regulación de los productos relacionados del tabaco, como los cigarrillos electrónicos, a los del tabaco tradicional; aumentaría los espacios libres de humo para proteger el derecho a respirar; impulsaría la investigación sobre el tabaquismo y su impacto en la salud; e introduciría el empaquetado genérico neutro (esto último incluído en un RD ya en fase de consulta pública).
Según ha valorado García ante la comisión, se trata de un plan que pone en el centro a las personas, pero especialmente, a las más vulnerables. Las enfermedades relacionadas con el tabaquismo quitan la vida a 50.000 personas al año y el propósito de la regulación es reducir la mortalidad al tiempo que se incrementa la calidad de vida.
Alcohol
La ministra ya anticipó en la Comisión de Sanidad que pretendía impulsar una ley de protección de menores respecto al consumo del alcohol y lo ha reiterado. Considera que los datos son alarmantes y exigen de una intervención.
Según la encuesta ESTUDES del 2023, el 75% de las personas entre 14 y 18 años habían consumido alcohol en los últimos 30 días; y en el último año se emborracharon el 42,1%. Además, la experiencia de intoxicaciones (borracheras) el último año aumenta a medida que lo hace la edad, pasando del 20% en los alumnos de 14 años hasta el 60% a los 18 años, siendo más frecuentes en la actualidad entre las chicas. Respecto a los estudiantes de 12 y 13 años se observa que un 30% habían consumido alcohol en el último año y un 21% en el último mes, mientras que un 2% refieren haberse emborrachado, sin apreciarse diferencias por sexo a esta edad.
Para abordar esta problemática, García ha mentado cinco aristas:
- Plasmar en el ordenamiento jurídico los compromisos asumidos por España en la protección integral de la infancia y la juventud, además de armonizar la normativa vigente a nivel estatal evitando la dispersión normativa, autonómico y municipal en relación con el consumo de bebidas alcohólicas por menores y su venta, así como su comunicación comercial, publicitaria y de otro tipo.
- Mejorar la normativa vigente incorporando la mirada de salud pública y de determinantes de la salud.
- Implementar medidas de lo que se conoce como prevención ambiental, para proteger a las personas menores del consumo de bebidas alcohólicas.
- Incorporar herramientas que permitan abordar la prevención del consumo de alcohol desde el ámbito educativo y familiar y definir el papel de la Sanidad y Servicios Sociales.
- Promocionar los entornos saludables y favorecer las alternativas sociales y de ocio libres de bebidas alcohólicas.
En definitiva, Mónica García ha esgrimido que con este anteproyecto de ley, el Ministerio busca avanzar en materia de protección de la salud de los menores de edad y contribuir a un cambio cultural que modifique la percepción de riesgo de las bebidas alcohólicas con el fin de reducir su consumo entre los menores, sobre todo en las edades más tempranas.
El borrador del anteproyecto de ley como el de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo han sido ya remitidas a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad para su revisión, y se espera en breve iniciar el trámite para su aprobación.
Psicofármacos
Otro problema sobre el que la ministra ha puesto el foco es el del consumo y prescripción de psicofármacos. García ha recordado que las personas más afectadas son, habitualmente, las pertenecientes a las clases más bajas, donde la precariedad y los eventos adversos son más frecuentes. De hecho, la toma de antidepresivos es ocho veces superior en rentas bajas que en rentas altas.
Por ello, urge a atajar el asunto desde una nueva perspectiva: “Necesitamos cambiar el enfoque paulatinamente hacia una prescripción de tipo social para ofrecer respuestas de salud más ajustadas al problema”.
En esta línea, ha anunciado que el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad está trabajando en el desarrollo de una guía de prescripción de psicofármacos que aspira a erguirse como una herramienta fundamental para profesionales sanitarios y la población en general.
Cannabis medicinal
Con respecto al uso de cannabis medicinal, la ministra se ha limitado a insistir en que están recabando todos los informes para articular una regulación. Además, ha argumentado que esta arista no está vinculada con las adicciones puesto que se emplearía únicamente con fines medicinales.