QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
(Información actualizada a las 18.15 horas)
PP y Junts infringieron este lunes una dura derrota al Gobierno, al lograr suspender la aplicación del Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, siempre y cuando no exista déficit en el sistema eléctrico.
Se trata, en la práctica, de la suspensión de este impuesto que pagan las compañías eléctricas titulares de instalaciones de generación por la energía producida, ya que en la última década el sistema ha registrado superávit en todos los ejercicios a excepción de dos. En 2023 este superávit alcanzó los 3.299 millones de euros.
El Ministerio de Hacienda calcula en 1.500 millones de euros el impacto de la suspensión en las arcas públicas, según las estimaciones con las que el departamento de María Jesús Montero trató de vetar la enmienda, y a las que ha tenido acceso Demócrata.
La medida fue aprobada como enmienda transaccional en el Proyecto de Ley que regula el Régimen del Comercio de Derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que este lunes fue objeto de discusión por parte de la ponencia designada en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso.
El plan del Gobierno era aprobar el proyecto en Comisión este mismo jueves pero, tras la aprobación de esta enmienda, PSOE y Sumar han decidido aplazar su celebración tras una reunión de la Mesa este martes. Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, aseguró en rueda de prensa que su grupo trataría de «revertir o condicionar» este cambio.
Cualquier cambio para anular o modular la enmienda, que ya se incorpora al proyecto, exige convencer a varios socios del Ejecutivo. Además de Junts, apoyaron el cambio ERC y PNV.
Hacienda trató de vetar la enmienda
La enmienda supone un roto para las arcas públicas, que el propio Ministerio de Hacienda trató de evitar. La semana pasada remitió al Congreso un escrito expresando su disconformidad con la tramitación de esta propuesta y otra enmienda del PP para bajar el IVA aplicado a la factura de la luz del 21% al 5%.
Sin embargo, la suspensión del conocido como impuesto de generación llegó a votarse a partir de una enmienda transaccional entre PP y Junts. Además, según informan a Demócrata fuentes de la Comisión, los grupos del Gobierno no pudieron validar los vetos del Gobierno por la ausencia de uno de sus miembros, el diputado Juan Antonio Lorenzo, del PSOE.
Durante la ponencia, PSOE y Sumar trataron de impedir su aprobación, pero su voto en contra fue insuficiente al respaldar la medida Vox, Esquerra Republicana y PNV, según informan fuentes ‘populares’.
En un principio, Junts planteaba una nueva disposición adicional al proyecto para suprimir este impuesto que deben abonar las compañías eléctricas, esgrimiendo que esa era expertos designados por el Ministerio de Hacienda, tanto en 2014 bajo la dirección de Cristóbal Montoro, como en 2022 con la actual ministra María Jesús Montero.
El acuerdo pactado con el PP y aprobado en ponencia mantiene el tipo actual del 7% pero prevé que a partir del próximo año se aplique un tipo del 0% en tanto en cuanto el sistema eléctrico no genere déficit de tarifa.
En las condiciones actuales supone la suspensión de este impuesto, ya que el sistema viene registrando superávit, especialmente en los dos últimos años. En 2023 cerró con un desfase positivo de 3.299 millones de euros y el anterior ejercicio registró un superávit histórico de 6.190 millones.
La suspensión de este impuesto fue una de las medidas a las que se acogió el Gobierno durante la pasada legislatura para amortiguar la escalada en el precio de la electricidad. De hecho, fue la que mayor impacto tuvo en la recaudación. Entre 2021 y 2022 esta medida supuso una rebaja de ingresos de más de 4.100 millones de euros.
Mandato legal para subastar 2.000 MW de cogeneración
Por otro lado, la ponencia también aprobó, de nuevo con el voto en contra de las formaciones de Gobierno, una enmienda con un mandato legal para convocar nuevas subastas de cogeneración durante los dos próximos años.
La propuesta, pactada por PP, ERC y Junts, emplaza al Ejecutivo a aprobar un marco reglamentario y cronograma para celebrar nuevas subastas de este tipo con un volumen de 1.200 megavatios (MW) en 2025 y de 800 MW en 2026.
