QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
No recurrió a un argumentario elaborado Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, para valorar el acuerdo de PSOE y Sumar para reeditar Gobierno de coalición, o al menos la parte que le toca: “En la vida hay veces que hay que decir ‘ya vale’”.
El enfado del presidente de la patronal lo justifican medidas como la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial o el mantenimiento de impuestos extraordinarios a banca y energéticas.
Pero es que, además de las medidas con más brillo, el programa reservado a materia laboral –quizás el que alcanza mayor nivel de detalle– trata de dar continuidad a un reequilibrio en las relaciones en el mercado de trabajo, iniciado con la reforma laboral y las sucesivas subidas del salario mínimo (de las que se esperan más en esta legislatura, con la consolidación de este indicador en el 60% del salario medio).
El diagnóstico que hacen en Sumar parte de dos datos. Desde 1995 hasta 2022 la productividad en España, en términos reales, ha crecido más de un 15%. Y durante todo ese período la masa salarial apenas se ha elevado un 1,2%.
Una desproporción que revela la pérdida del factor trabajo en el reparto de las rentas generadas tras dos crisis económicas, y que en la coalición atribuyen fundamentalmente a los efectos que tuvo en la negociación colectiva y en la estabilidad de los trabajadores en las empresas la reforma laboral de 2012.
Medidas como la reducción de jornada o la subida del salario mínimo van encaminadas, por tanto, a reequilibrar la balanza. Y, junto a ellas, otras buscan propiciar un mejor reparto de las rentas en las mesas de negociación y en las propias empresas, como es el caso de los ‘recuelgues’, la revisión de la normativa del despido o mayor transparencia de la información económica.
Reducción de jornada sin reducción salarial
La idea inicial de Sumar era comprometer la rebaja de jornada sin reducción salarial a 37,5 horas en los primeros 100 días de Gobierno, para luego iniciar una negociación en el diálogo social para acometer nuevas rebajas. Esta pretensión fue rebajada finalmente en el acuerdo.
El pacto establece que, como toda medida de carácter laboral, se lleve a cabo dentro del diálogo social, y prevé una reducción progresiva. Primero de 40 horas a 38,5 horas en 2024, y alcanzar las 37,5 horas en 2025.
Desde Sumar aseguran que la negociación para establecer esta reducción de jornada sí que se iniciará en los primeros 100 días, y que fruto de ella se determinará cómo acometer esta reducción de jornada en cada sector o empresa.
Indemnización y revisión de causas en el despido
El acuerdo prevé “garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en supuestos de extinción de la relación laboral”.
La mención a la Carta Social Europea no es casual, ya que ahora mismo España está denunciada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por UGT y CCOO por la cuantía de la indemnización por despido improcedente.
Sumar pretendía incluir en el programa una alusión al despido “restaurativo”, si bien la propia Carta Social Europea, ratificada y, por tanto, de obligado cumplimiento, prevé la necesidad de reparación.
Pese a las alegaciones de la patronal de que esta indemnización es de las más elevadas del continente, la forma de calcular su cuantía depende de la antigüedad en la empresa, lo que deja indemnizaciones mínimas en el caso de trabajadores con menos experiencia. Algo que impide que la indemnización sea un freno al despido, como medida de protección, y una reparación del coste que supone la pérdida de trabajo.
De hecho, se han dictado sentencias que obligaban a elevar este mínimo legal en casos en los que la indemnización era anecdótica, lo que invita a pensar en una reforma para elevar su cuantía en casos en los que la antigüedad impida una indemnización suficientemente reparadora.
Los descuelgues, con cláusula de ‘recuelgue’
La reforma del Estatuto de los Trabajadores también tocará el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, dedicado a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
El acuerdo establece un refuerzo de las garantías de los trabajadores ante estas modificaciones, una revisión de las causas (sólo podrán acometerse en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa) y la garantía de su reversibilidad.
Este fue uno de los principales puntos de la reforma laboral de 2012, que allanó las posibilidades de las empresas de alterar unilateralmente los salarios o la distribución de la jornada de los trabajadores. Ello propició un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo y, sobre todo, debilitó la posición negociadora de los trabajadores.
De hecho, PSOE y Unidas Podemos ya incluyeron este asunto en su programa de Gobierno en 2019, sin que finalmente llegara a abordarse. Entonces se mencionaba la reversibilidad y la revisión de sus causas, como ahora. Sin embargo, en esta ocasión, no se garantiza su carácter negociado (el nuevo programa habla de ‘priorizar’ la negociación).
Negociar convenios con información al detalle
El acuerdo prevé mejorar la información económica disponible por los negociadores de los convenios colectivos a nivel territorial y sectorial. El diagnóstico de ambas formaciones es que en muchas ocasiones la negociación de convenios se ha realizado sin suficiente conocimiento sobre la situación real de las empresas.
La posibilidad de cruzar el código de convenio asociado a un sector concreto con datos de la Agencia Tributaria o incluso a los del Observatorio de Márgenes, permitirá a las mesas de negociación tener información sobre las declaraciones tributarias de las empresas, la masa salarial o facturación.
El objetivo es poner sobre estas mesas un mayor nivel de detalle que permita conocer la situación real de las sociedades y, por tanto, su capacidad a la hora de negociar el reparto de las ganancias en la productividad.
Un pacto de rentas implícito
No sólo las medidas en el programa laboral van en esa dirección. Según explican desde Sumar, el programa económico responde a la necesidad de un pacto de rentas que afronte las consecuencias de la actual crisis de precios.
Su visión es que, hasta ahora, la crisis se ha podido ‘capear’ gracias al ahorro acumulado por los hogares durante todos estos años, al buen funcionamiento del mercado de trabajo y también a la política fiscal expansiva llevado a cabo por el Gobierno de coalición.
El Observatorio de márgenes empresariales, alegan, permite comprobar que sectores como el energético, la hostelería, la alimentación o el refino han aprovechado la situación para ensanchar sus beneficios y, por tanto, no han asumido un incremento de costes, trasladado fundamentalmente al consumidor.
Esa es la razón de la continuidad de medidas como los impuestos a los beneficios extraordinarios de las energéticas o las entidades bancarias, pero también la financiación medidas que alivien el impacto de las subidas de precios en los hogares, tales como rebajas fiscales a productos básicos de alimentación y electricidad, o subvenciones al transporte.
